Ramona Esther Villán fue baleada por su novio policía el 25 de marzo pasado, en su vivienda de Tanti: el hombre, a quien ella le había pedido que se fuera de la casa, la golpeó, la roció con orina, le disparó en el cuello y luego deambuló con ella en el auto ensangrentada hasta que la dejó en el dispensario.
Tras varios días internada, Esther relató lo que había sucedido ese jueves y que, incluso internada, recibió amenazas del sargento Cristian Molina. "Me dijo que entregara las cosas o que me iba a cagar matando o a incendiar la casa", contó a Cadena 3 días atrás.
"Era un policía que prestaba servicio en la unidad judicial de Violencia Familiar, nunca te vas a imaginar algo así. Ahora pido Justicia y que me dejen en paz, porque Dios me dio la oportunidad de seguir disfrutando de mis hijos", pidió tras el alta.
Carlos Nayi, abogado de Esther, reclamó este martes que se agrave la imputación que pesa sobre Molina. "Le pedimos a la fiscal (Jorgelina Gómez), que lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, que agrave la calificación a homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género en grado de tentativa", indicó Nayi a radio Suquía, y anumeró los antecedentes del hombre que continúa detenido desde el día del ataque.
“¿Qué hacía con un arma de fuego con este antecedente?”, se preguntó Nayi, y contó que Molina –quien había sido condenado por el acuartelamiento policial de2013, había seguido formando parte de la Policía y había sido denunciado por violencia por su expareja.
“Había sido denunciado por su ex en 2017, por violencia de género. En 2018 tuvo otra denuncia por violencia de género. Había estado con carpeta psiquiátrica hasta enero de 2020, pero luego le entregan el arma y lo llevan a la Unidad Judicial de Violencia Familiar de Villa Carlos Paz”, apuntó el letrado.
“Después de una condena firme este hombre volvió a navegar el río de la ilegalidad con dos denuncias por violencia de género de su exesposa, tuvo una carpeta psiquiátrica y estuvo en tareas no operativas”, detalló Nayi.
“El Tribunal de Conducta Policial debe efectuar una autocrítica”, consideró el letrado.
