El lunes pasado, el mundo entero conmemoró el Día Internacional del Trabajo. El 1° de mayo de 1886, una huelga en la fábrica McCormick, de Estados Unidos, en reclamo por la jornada laboral de ocho horas fue ferozmente reprimida, y sus principales dirigentes –casi todos anarquistas– terminaron encarcelados. Cinco de ellos fueron condenados a muerte y otros tres recibieron cadena perpetua. La historia los recuerda como los “Mártires de Chicago”.
Han pasado 137 años y la reducción de la jornada laboral vuelve ahora a estar en debate en buena parte del planeta. En algunos casos, se propicia una baja de ocho a siete horas diarias; en otros, se promueven semanas de cuatro días de trabajo, en lugar de los actuales cinco o seis.
Hace menos de un mes, el Congreso chileno aprobó una reducción de la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales, que se implementará de manera progresiva. Antes, en febrero del año pasado, Bélgica ya había avanzado en el mismo sentido, estableciendo una semana laboral de cuatro días sin pérdida de salario para los trabajadores.
Para la misma época, 61 fábricas británicas finalizaron un experimento de seis meses en el que se evaluó el impacto de un régimen de trabajo de cuatro días sobre la productividad de las empresas y el bienestar de los empleados. La experiencia fue calificada como “exitosa”, al punto que el 92% de las firmas mantendrá la reducción.
España, Alemania, Suecia, Finlandia y Nueva Zelanda vienen avanzando con legislaciones propias en la misma línea, con distintos grados de avance. También Japón, país en el cual el exceso de trabajo se suele cobrar centenares de vidas al año, comenzó a probar distintas variantes sobre el tema.
Con 48 horas semanales, Argentina tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo, aunque con sectores que tienen topes de 40, 36 e incluso 30 horas semanales. Rige desde 1929, cuando una ley a instancias del entonces presidente Hipólito Yrigoyen dispuso ese tope. Ahora, varios proyectos impulsados por el oficialismo y los sindicatos buscan reactivar el debate, sin que hasta el momento la discusión haya avanzado demasiado.
Quienes defienden la reducción horaria aseguran que ofrecerá una mayor disponibilidad de tiempo libre para los empleados, quienes podrán así conciliar mejor la relación entre trabajo y vida personal. También afirman que habrá beneficios en materia de salud pública, por un menor nivel de estrés laboral, y hasta una mejora indirecta de los salarios, por el aumento del valor-hora trabajado.
Los promotores de los proyectos además señalan que para las empresas redundará en una disminución de sus costos productivos, en una menor conflictividad laboral e, incluso, en un incremento en la productividad de cada trabajador.
Por ahora, las cámaras patronales se muestran escépticas con la idea, aunque no la rechazan de plano. Sí cuestionan la oportunidad de avanzar con este planteo en momentos en que la situación económica atraviesa una crisis de proporciones. Y señalan que el alto nivel de informalidad laboral en el país (más del 40%) impedirá que una eventual rebaja en la cantidad de horas o días beneficie a todos los trabajadores.
En todo caso –proponen–, lo mejor sería que cada actividad defina el tipo y la extensión de jornada laboral en función de las necesidades específicas de tal o cual sector. Y recuerdan que hay otros aspectos a revisar en la actual legislación laboral, a la que siguen viendo como demasiado rígida y condicionante.
En este año electoral sería más que interesante que cuestiones como esta ganen protagonismo en la agenda pública, con propuestas y argumentos serios, sin posturas demagógicas ni chicanas de campaña. En medio de los acelerados avances tecnológicos que estamos viviendo, el futuro del trabajo está en debate. Y el tema sin dudas nos interpela a todos.
