Referentes de diversos sectores que trabajan con la discapacidad realizan un paro y movilización este miércoles a las 12 en la plaza San Martín de Córdoba en defensa a la ley de Emergencia en Discapacidad (N°27.793) y en rechazo al veto presidencial.
La medida es nacional y sucede en medio de una sesión clave en Diputados impulsada por los bloques opositores donde se pondrá en juego los vetos del Gobierno nacional a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de incremento de las jubilaciones.
Sobre la ratificación o no del veto sobre discapacidad, Carolina Armeloni, representante de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis) dijo a La Voz que más allá de los resultados es un día histórico.
“Logramos estar unidos y que la sociedad se conecte con la discapacidad, a pesar de la crueldad con la que está tratando el tema el Gobierno nacional”, afirmó.
Además contó que parte de esa conexión sucedió el lunes pasado en un conversatorio del que participaron 160 instituciones que trabajan con personas con discapacidad, referentes de la cultura, funcionarios del área de Desarrollo Humano y Cultura, entre otros.
Además advirtió sobre el riesgo de perder una política pública sólida en discapacidad y la importancia de la ley principal 24.901 y la ley 26.378 que incorpora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sin afectar el equilibrio fiscal.
El peligro de que el país se quede sin una política pública en materia de discapacidad significa que, por ejemplo, “una persona que requiera una silla de ruedas, que cuesta alrededor de $ 15 millones, no la podría conseguir”.
Sesión clave
Armeloni explicó que la sesión en Diputados es clave en materia de derechos de las personas con discapacidad. “Habrá dos caminos: seguiremos siendo un país con una política importante en materia de discapacidad y con acceso a apoyos, o un país donde las personas podrán acceder o no a las prestaciones dependiendo de su situación económica”, expuso.
Tal como sucede en muchos otros países, donde no tienen leyes fuertes y consolidadas como en Argentina. “Aquí se garantiza el acceso a las personas con discapacidad más allá de su condición económica”, expresó.
Y aclaró que cuenta con un fondo para financiarse, y “no toca” el equilibrio fiscal, como pregona el Gobierno nacional. “Eso es una mentira”, remarcó.
También destacó que más allá del resultado en Diputados, lo importante de la acción de esta jornada es la ocupación del espacio público y que las personas vean que la discapacidad está presente en nuestras vidas.
“Las personas con discapacidad seguirán estando y nosotros seguiremos buscando no retroceder en materia de derechos”, subrayó.
Sienta un precedente
La representante de Capredis se refirió a la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quién declaró la invalidez del veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad, e indicó que es “una luz de esperanza”.
La determinación del juez sucedió tras el amparo presentado por los padres de dos niños que vieron amenazado el acceso a sus tratamientos y educación.
Si bien la decisión judicial sienta un precedente—manifestó Armeloni—, pero rige para esa familia. “El veto se tiene que revertir en Diputados”, indicó.
Y agregó que puede sentar jurisprudencia para otras familias que inicien un amparo, “pero judicializar la discapacidad es muy riesgoso porque habrá muchas personas que no tendrán acceso a una presentación de una medida cautelar”, insistió.
“Las familias ya tienen muchas trabas, con sus vidas complejas; con un sistema que es muy burocrático y además agregarle la judicialización se vuelve muy complicado”, argumentó.
Qué propone la ley de Emergencia en Discapacidad
La ley en Emergencia en Discapacidad busca declarar la emergencia hasta diciembre de 2027 en un escenario donde las personas con discapacidad se vieron duramente afectadas por las medidas del Gobierno nacional.
Además, la propuesta contempla:
- Regularización de pagos y actualización de aranceles
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas
- Fortalecimiento institucional con mejora de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la realización de auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
- Transparencia y rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo que deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Compensaciones económicas de emergencia para prestadores.
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (Cud) teniendo en cuenta las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
- Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día.
- Cumplimiento del cupo laboral.
