Una nueva ordenanza que regula los tributos del Código de Edificación de La Falda despertó una fuerte polémica entre los empresarios desarrollistas y el municipio.
Lo que comenzó como un planteo administrativo se convirtió en una demanda que puede convertirse en una denuncia penal.
El arquitecto Jorge Alfredo Veliz demandó al municipio para que le devuelva $ 4,7 millones abonados como “derecho de edificación”, al considerar el cobro inconstitucional y sin respaldo legal. Su abogada advirtió que podría derivar en una causa penal por malversación y otros delitos.
Según plantearon los representantes legales del profesional, a Veliz se le exige el pago $ 450 millones por un proyecto en Villa Edén, mientras otras empresas ya habrían pagado más de $100 millones en concepto de tributos cuestionados.
La nueva normativa plantea que el Código de Edificación obliga a pagar entre el 10% y el 15% del valor total de las obras “de uso restringido”, lo que para los desarrollistas es un freno a las inversiones.
En los últimos meses, vecinos y profesionales presentaron notas al Concejo Deliberante pidiendo participar de las reuniones y reclamando eliminar esos porcentajes.
En este punto, denuncian que la reforma de 2022 al artículo 3.1.1.1 del Código es inválida, ya que no habría sido aprobada por el cuerpo legislativo, lo que podría acarrear perjuicios legales y económicos para la Municipalidad.
En un clima de creciente malestar, los reclamos apuntan a que se abra el diálogo y se restituyan las normas previas de 2020, en busca de políticas urbanísticas más transparentes y consensuadas.
