El 3 de noviembre próximo se cumplirán 28 años de la voladura de la Fábrica Militar. La Justicia cerró la causa penal, considerando que fue un atentado organizado y condenó a cuatro exmilitares por el caso. Pero las causas civiles, de reclamos por indemnizaciones, siguen abiertas.
El Gobierno Nacional indemnizó a la población por daños materiales, heridos y por las siete muertes por vía administrativa entre 1996 y 1999. Pero luego se iniciaron más de 12 mil demandas judiciales para reclamar por mayores pagos, o por nuevos rubros no considerados.
De esas causas, muchas se fueron pagando por sentencias judiciales en los últimos años. Pero quedó pendiente la mayor: una megademanda conjunta que reúne a unos ocho mil personas y que patrocina un abogado, el cordobés Mario Ponce, por daños morales y psicológicos.
Para evitar que ese caso llegue a la instancia de juicio, en 2015 (20 años después de las explosiones) el Congreso nacional aprobó una ley casi por unanimidad acordando el pago de resarcimientos. Pero hasta ahora, transcurridos ocho años más, no se cumplió.
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Ponce estimó ahora, en diálogo con La Voz, que en la actualidad el Estado debería desembolsar por el reclamo que él patrocina unos 24 mil millones de pesos.
Su cifra se consolida en que cada demandante debería percibir tres millones de pesos, según señaló.
Ese cálculo surge de esa ley nacional sancionada en 2015, y reglamentada en 2018, que prevé que el Gobierno pague esos reclamos en base a una fórmula específica y en bonos. Quienes adhirieron a esa normativa, se comprometieron a no seguir con el litigio judicial contra el Estado.
Ante la demora de la reglamentación primero y el posterior incumplimiento, Ponce acudió a la vía judicial para que se haga efectivo ese desembolso. El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, intimó en varias oportunidades al Estado. Pero no hubo casi avances. La Justicia incluso fijó una multa por día de incumplimiento.
Ahora, mientras el grupo de vecinos prepara una jornada de protesta en Buenos Aires, Ponce consideró que este caso “se parece ya a una causa del Estado contra los damnificados”. Y apuntó: “No basta con sancionar una ley, hay que cumplirla”.
“Al FMI (Fondo Monetario Internacional) le pagaron esta semana 7.900 millones de dólares y a las víctimas del bombardeo cero peso, y pasaron 28 años”, cuestionó.
A su vez rememoró que “la Cámara Federal confirmó la sanción económica al Estado de $1.000 por día en 400 casos”. Esa multa -dijo- tampoco se pagó. El Estado nacional apeló esa decisión judicial respecto a abonar multas por incumplimiento.
En esa línea, Ponce indicó que “hay una acción penal contra el ministro de Defensa por desobediencia a la autoridad”.
El letrado también acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que “ha asignado como caso número 13.525 la denuncia de los damnificados y se ha pedido que presente el caso ante la Corte Interamericana contra el Estado argentino por violación a los derechos humanos”.
Ponce detalló que está estudiando por estos días también “una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que con su intervención se terminen las maniobras dilatorias del Gobierno”.
El letrado, asimismo, mencionó que “los funcionarios de Defensa dicen que hay que disciplinarlo a Ponce, y así perjudican a miles de personas″.
“Paso al costado”
A renglón seguido, pronunció que no tiene problemas de “dar un paso al costado”, para destrabar la situación. “Ya parece una persecución personal en mi contra”, planteó.
Mientras interpeló: “Desde el 2020 engañan a las personas diciendo que les van a pagar. De 8.000 personas que presentaron su certificado, no ha cobrado ninguna”.
Paralelamente, unos 800 riotercerenses que iniciaron demandas por otras vías han cobrado en los últimos años, según estimaron algunos letrados que presentaron reclamos similares.
Ante el descontento del grupo de vecinos que representa Ponce, está previsto que el 29 de agosto viajen hacia Buenos Aires a llevar un petitorio con más de siete mil firmas al presidente de la Nación, al ministro de Economía y al ministro de Defensa. Y prometen acampar en Plaza de Mayo “hasta que resuelvan el pago”.
Un nuevo interrogante se abre sobre el futuro de esta demanda ante el nuevo clima electoral, el recambio presidencial y las dificultades presupuestarias del Estado.
En datos
-La ley 27.179 fue sancionada en 2015 y alcanzó a 10.119 demandantes por daño moral y los 327 que reclamaron por daños materiales. Consiste en un pago extrajudicial. De esa cantidad, ocho mil damnificados son representados por Mario Ponce.
-El monto total a erogar por el Estado -según se estimaba hace ocho años- rondaría los 1.700 millones de pesos, según datos del Ministerio de Defensa de la Nación. Con el paso de los años, la cifra se actualiza por intereses.
-Entre 1996 y 1999 el Estado abonó resarcimientos por vía administrativa. Quienes no quedaron conformes con esos pagos iniciaron juicios. A la vez, quienes acepten la ley de 2015 para el cobro extrajudicial, desisten de seguir el juicio.
-En el caso del daño moral, que integra esta megacausa de Ponce, es una suma única que establece un cálculo que resulta “de la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón del personal de la administración pública nacional, multiplicado por 100″. De ahí surge la cifra final hoy estimada por el letrado Mario Ponce en $ 3 millones por damnificado.
