Una denuncia del Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI) ante la Justicia de Villa María, terminó con la imputación de un hombre que presuntamente ejercía ilegalmente como corredor o agente inmobiliario.
El caso está en manos de la fiscalía de Instrucción del Segundo Turno, a cargo de Juliana Companys, quien días atrás ordenó allanamientos y logró el secuestro de material que complica al sujeto.
Se trata de Agustín Lacase, un joven que desde hace al menos cinco años se dedicaba al rubro inmobiliario, sin contar con matrícula habilitante. Anteriormente, se desempeñaba como vendedor comercial de una cadena nacional de productos electrónicos y también fue candidato a concejal suplente del Partido Libertario, en las últimas elecciones villamarienses.
Lacase y Asociados era el nombre por el que realizaba las transacciones de ventas, publicaciones y ofertas de inmuebles. Según pudo saber La Voz, su actividad como corredor incluía la promoción y comercialización de viviendas prefabricadas.
Más noticias de Villa María y zona
Tras constatar la actividad ilegal y realizar allanamientos en las oficinas de Lacase, la fiscal Companys reunió más información y pruebas en el marco de la investigación que permitieron imputarlo como supuesto autor del Ejercicio Ilegal de Profesión. El hombre quedó en libertad y en los próximos días declararía ante la Justicia.
La denuncia
Todo comenzó con la denuncia que realizó el Colegio Profesional de Inmobiliarios. Desde hace tiempo seguían de cerca el accionar de Lacase y, tras reunir pruebas, fueron a la Justicia.
“Es un paso firme hacia la erradicación del ejercicio ilegal”, celebraron desde la institución, “Este avance representa un claro mensaje: el Colegio está comprometido con la defensa de sus matriculados y no permitirá que personas sin formación ni habilitación sigan perjudicando la imagen y el trabajo de los verdaderos corredores públicos inmobiliarios”, indicaron.
En el marco de la causa, los corredores Carlos Colmenares y Carolina Cena, de la Delegación CPI Villa María, participaron del allanamiento que realizó la fiscalía en carácter de veedores.
Fue en esa ocasión que la Justicia secuestró cartelería, contratos, escrituras y el teléfono celular del imputado.
