La concejala del PRO en la ciudad de Villa María, Natalia González, señaló que a 11 años de la ordenanza municipal 6402, que establece que toda edificación en la ciudad debe contemplar las normas relativas a la accesibilidad universal, no se cumplió.
En el marco del Día Nacional de la Accesibilidad, que se celebró a mediados de marzo, González señaló que el gobierno local no tiene en cuenta a los ciudadanos con discapacidad y que, a pesar de la existencia de la normativa, muchos espacios públicos de la ciudad no cumplen con los requerimientos legales de accesibilidad, incluyendo el Concejo Deliberante.
“Si cualquiera de los miembros del bloque atravesara una discapacidad no podría hacer uso de las oficinas en el piso superior, ni podría bajar a su banca a sesionar ya que no hay rampa para descender al recinto”, explicó.
En el comunicado, la concejal hizo referencia a la necesidad de eliminar todas las barreras sociales, urbanas y arquitectónicas que impiden que las personas con discapacidad puedan desenvolverse con independencia, tanto en la escuela, el trabajo y actividades recreativas.
La denuncia de González fue acompañada por el legislador Darío Capitani. Ambos coincidieron en que la accesibilidad es una cuestión de decisiones políticas y de empatía hacia el otro, y llamaron a salir de la comodidad que ocupa la ignorancia e indiferencia en esta temática.
González y Capitani aseguraron que desde el PRO están decididos “a no quedarse en el camino” y a diseñar políticas públicas “que incluyan a las personas que padecen la falta de acción del Estado”.
“La accesibilidad realmente nos preocupa en Villa María porque vemos que todo se hace a medias. Por eso consideramos que se trata de decisiones de gobierno, de voluntades políticas, de empatía y de humanidad”, expresaron.
