Después de la presentación judicial del exlegislador Aurelio García Elorrio en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), referentas feministas y abogadas especializadas indicaron que se trata de “un intento más por obstaculizar un derecho sexual y reproductivo” y que es parte de una estrategia “histórica y sistemática de sectores conservadores”.
Días atrás, el exlegislador Aurelio García Elorrio, fundador de la organización Portal de Belén, presentó un amparo en contra del gobierno de Córdoba ante la Cámara Contencioso Administrativa N° 1 para pedir un recurso de amparo y una medida cautelar en contra del programa que actualmente implementa el Ministerio de Salud provincial para garantizar el acceso a la IVE en cumplimiento de la ley 27.610.
La Cámara hizo lugar al amparo para expedirse, pero no hizo lugar a la medida cautelar solicitada para que se suspenda su aplicación.
“Es un avance importantísimo para la marea verde que la Justicia provincial haya rechazado la medida cautelar, garantizando así que el derecho a la IVE siga vigente en en nuestra provincia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aún debe decidir sobre su apelación, pero sería inadmisible suspender la aplicación de una ley nacional por vía cautelar”, indicaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito a través de un comunicado.
“No vamos a permitir ninguna dilación ni obstaculización. Exigimos que la justicia resuelva con celeridad y perspectiva de género, con especial resguardo de los derechos de niñas y adolescentes, y también teniendo en cuenta los estándares internacionales y la evidencia científica disponible”, agregaron. Al mismo tiempo recordaron que los argumentos que presentan los sectores conservadores son “siempre los mismos” y que “ya fueron desestimados por los tribunales en múltiples instancias y por el Congreso Nacional que sancionó la ley”.
Desde las agrupaciones Fundeps, Católicas por el Derecho a decidir y la Clínica Jurídica De Interés Público Córdoba (CLIP) harán presentaciones para comparecer como terceras interesadas en el proceso para defender la implementación de la Ley de IVE, que implica coadyuvar a la Provincia en la defensa, según indicaron a La Voz desde esos espacios.
Córdoba y su largo historial de judicializaciones contra los derechos sexuales
Para Mayca Balaguer, abogada especialista de Fundeps, la presentación de García Elorrio es parte de una “estrategia de desgaste judicial”, teniendo en cuenta que la asociación Portal de Belén (fundada por el ex legislador) hizo una presentación contra la IVE en la Justicia Federal de Río Cuarto. “El Estado debe presentarse en cada tribunal a defender la ley y es un desgaste para el propio sistema judicial también. A nivel país llevamos contabilizadas 30 presentaciones de las cuales 10 ya fueron rechazadas”, indicó.
“Es una estrategia histórica y sistemática que tienen los sectores antiderechos y conservadores para frenar el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Pasó con la ley que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en 2002, con la pastilla del Día Después, con los protocolos y guías que se hicieron después del fallo FAL de la Corte Suprema para acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) y pasa ahora con la ley de IVE”, explicó.
Balaguer además recordó que en la justicia ya se han rechazado este tipo de acciones y que las argumentaciones que dan en las presentaciones judiciales son discusiones que ya fueron saldadas en la sanción de la ley.
Por su parte Noel Argañaraz y Laura Vilches, dirigentes y legisladoras del Frente de Izquierda, indicaron: “Sabíamos que la designación del Fiscal Juan Manuel Delgado tenía que ver con garantizar maniobras a los sectores antiderechos, porque forma parte de quienes en aras de la Constitución siguen en la postura de negarnos a las mujeres y personas gestantes la capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Recordemos que fue García Elorrio junto a Delgado quienes iniciaron medidas legales contra la venta de la llamada pastilla del día después”.
Argumentos
Ana Morillo, coordinadora de la Campaña en Córdoba, opinó: “Utilizan la justicia provincial para hacer política y porque es donde juegan sus amiguismos. Siguen utilizando argumentos que están fuera de nuestra normativa, como que las mujeres de 18 años no pueden recibir la medicación sin el consentimiento de los padres. Eso no es lo que contempla el artículo 26 del Código Civil que considera a las mayores de 16 años como adultas para prácticas no invasivas y a las personas de 13 a 16 con autonomía progresiva”.
A su vez explicó que la ley “está muy bien fundada” y recordó que desde que está la ley en vigencia se avanzó en su implementación: “La legalización no sólo permitió salir de la clandestinidad a personas gestantes sino también a los profesionales de la salud, brinda seguridad a quienes se preparan y capacitan para que el derecho sea una realidad en la provincia”.
Betiana Cabrera Fasolis, dirigente de la agrupación Mumalá y miembro de la Campaña se refirió a “planteos por demás retrógrados que se contradicen con las convenciones internacionales acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes”. “Se refieren también a argumentos que se contradicen con la evidencia científica disponible hasta el momento, avalada por organizaciones internacionales tales como la OMS y ratificadas también por nuestras organizaciones nacionales como la Anmat en cuanto a la seguridad del uso del Misoprostol (medicación utilizada para abortar)”, explicó.
Luego agregó: “Apelamos a la justicia cordobesa actúe con celeridad y una mirada integral con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de género en este caso. Creemos que volver sobre planteos de sectores fundamentalistas y sumamente reaccionarios en nuestra provincia sería un retroceso”, concluyó.
Por su parte, Julieta Cena, abogada especialista en derecho constitucional, dejó en claro que la judicialización no entorpece ni obstaculiza de forma alguna el acceso a las prácticas que siguen estando vigentes.
“La Cámara esta vez no hizo lugar a la cautelar que es algo que sí sucedió en 2012 cuando suspendieron el protocolo de ILE provincial y que llegó a obstaculizarse durante siete años hasta que se expidió el TSJ. El máximo órgano de la justicia de la provincia rechazó el pedido y una de sus causas fue porque Portal de Belén había iniciado acciones en representación de un colectivo (niños por nacer) que no está determinado porque no existe, entonces no hay un perjuicio específico no hay un gravamen específico por el cual la justicia pueda resolver”, explicó Cena quien formó parte del equipo técnico de Católicas por el Derecho a Decidir que llevó adelante la defensa. además de la Provincia.
Por su parte, desde la organización Las Rojas del partido Nuevo Más también se expresaron. “Repudiamos estas maniobras de una minoría que quiere evitar lo que una mayoría social ganó en la calle. Proponemos al conjunto de las organizaciones feministas, sociales y políticas, que se ponga un freno a esta avanzada”, indicó Julia Di Santi de dicho espacio.
