La advertencia de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) “por la grave situación que están generando agrupaciones vecinales que con argumentos falaces atentan contra la seguridad jurídica de los emprendimientos” tuvo su respuesta.
Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y la Red Ciudadana Nuestra Córdoba salieron al cruce de ese comunicado, afirmando que “la reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente no es una amenaza para el progreso sino, por el contrario, una salvaguarda necesaria para el desarrollo inclusivo y el buen vivir”.
El comunicado cuenta con la adhesión de Arquitectos Cordobeses Autoconvocados, la Asociación Amigos de la Reserva San Martín, el Colectivo Preservando el Parque de la Vida, Ciscsa Ciudades Feministas, la Comisión Regularizadora de Villa Warcalde, Fundeps, Inquilinos Córdoba, Juntxs por el Derecho a la Ciudad, Multisectorial Defendamos Alberdi, Sociedad Argentina de Planeamiento Territorial Regional Centro (Saplat), Ceve-AVE - Conicet, la Asociación de Vivienda Económica, el Foro Ambiental Córdoba, Vecinos autoconvocados de Villa Belgrano y Vecinos autoconvocados de Villa Cabrera.
También adhieren los centros vecinales del Cerro de las Rosas, Parque Chacabuco y Valle del Cerro.
En el comunicado se remarca que las acciones de amparo constituyen un recurso previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional que puede ser interpuesto contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.
“Se puede interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”, dice el texto.
También señala que la reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente “no es una amenaza para el progreso sino, por el contrario, una salvaguarda necesaria para el desarrollo inclusivo y el buen vivir”.
“Ante el comunicado emitido y difundido por Ceduc en el que articulan un discurso y narrativa (paradójicamente, un relato) por medio del cual atribuyen a las reivindicaciones de colectivos sociales y vecinales el impedimento del ‘progreso’, la inseguridad jurídica y el desincentivo a la inversión privada generadora de empleo y garantizadora del acceso a la vivienda, quienes firmamos esta respuesta contrargumentamos con posicionamientos basados en el interés público”, dicen.
Y agrega: “Contrariamente a lo que empresarios/as del sector desarrollista de Córdoba plantean, las acciones de amparo no actúan en detrimento de la seguridad jurídica sino que constituyen un recurso fundamental para la vigencia del Estado de Derecho en los regímenes democráticos. Inseguridad jurídica y restricción de derechos humanos generan los acuerdos y habilitaciones que se centran en el interés corporativo y privado a espaldas de la ciudadanía afectada por los mismos”.
Continúa el texto: “La falta de transparencia en las decisiones que inciden en el interés y los bienes públicos son el principal factor de vulneración de derechos. La interpelación de proyectos de inversión inmobiliaria que impactan en el ambiente y en la segregación urbana tiene la intencionalidad de visibilizar qué tipo de ‘progreso’ y ‘desarrollo’ queremos como sociedad”.
El comunicado sostiene que la Ceduc “de manera maliciosa pretende justificar que su modelo de negocios y de rentabilidad actúa como movilizador de crecimiento económico para todos/as, de empleo y acceso a la vivienda”.
“Por el contrario, sus proyectos se apropian del plusvalor de la tierra y excluyen a la mayoría de la población del acceso al hábitat y la vivienda”, afirman.
“Argumentan que la protesta y movilización social atentan contra la propiedad y la inversión privada como derechos de primer orden. Desconocen la función social de la tierra y el derecho al ambiente y a la ciudad como derechos humanos fundamentales”, profundizan las organizaciones.
También sostienen que en Ceduc “desconocen también el Acuerdo de Escazú que en nuestro país entró en vigor el 22 de abril de 2021″ y que “tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
“El accionar de la ciudadanía (tanto acciones directas como judiciales) están amparadas por el acuerdo. La reivindicación del derecho a la información y la participación, como así también a la necesidad de un Estado que resguarde el interés público, el patrimonio cultural e identitario y garantice el desarrollo sustentable (ambiental y socialmente) es el único camino para construir una ciudad para todos/as y con todos/as hoy y en las próximas generaciones”, concluye el texto.
