- La campaña que lo impulsa
- organizaciones y referentes tomaron nuevamente las calles.
- En tanto
- se esperan para marzo las movilizaciones de quienes se oponen a la IVE.
Fue la primera acción masiva del año para reclamar por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La demanda promete volver a los escenarios públicos de discusión, al tiempo que quienes se oponen a la legalización del aborto anticipan que tomarán la calle en marzo para defender su posición.
Ayer, unas 100 ciudades del país se sumaron al pañuelazo que tiñó de verde las calles, como había ocurrido justo dos años antes, previo a la habilitación del debate del proyecto en el Congreso, tras lo cual la iniciativa logró media sanción en Diputados y fue rechazada en la Cámara de Senadores.
En esta ocasión, también se repitió la consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Y con un contexto político nacional que promete ser más proclive al tratamiento, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito buscó dar fuerza al proyecto que el Ejecutivo anticipó que enviará al Congreso en la apertura de sesiones, en marzo y, al mismo tiempo, insistir en su propia propuesta, presentada el año pasado por octava vez.
En un documento leído durante el evento, representantes de la campaña –que sólo en Córdoba reúne a 70 organizaciones– también expresaron un reclamo local: afirmaron que, aun después de que la Justicia rechazó el recurso de amparo que frenó el Protocolo de Aborto no Punible, en la provincia hay trabas para la realización de la interrupción legal del embarazo por causales contempladas en el Código Penal, algo que es negado por la cartera sanitaria local.
Demanda
“La legalización del aborto es una deuda de la democracia (...), un derecho que repercute directamente sobre otros derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, como los derechos a la vida, a la salud integral, a la igualdad y no discriminación, a la dignidad, a la autonomía, a la intimidad, a la identidad de género y a vivir una vida libre de coerción, de violencias y de tratos crueles”, indicaron desde la campaña.
Las impulsoras anticiparon, asimismo, que aguardan para este año un debate más “franco, científico, en el marco de derechos sin hipocresías ni golpes bajos. Es ahora”.
Luego de que el presidente Alberto Fernández manifestó su voluntad política de sancionar la ley, se encendieron las luces de esperanza entre las agrupaciones feministas. Es la primera vez que desde el Gobierno nacional se envía un proyecto sobre el aborto.
Fernández también anticipó que, en forma complementaria, enviaría una propuesta sobre “maternidad sustentable” que contempla la asistencia del Estado a mujeres embarazadas
En diálogo con La Voz, Ana Morillo, representante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Córdoba y coordinadora nacional, valoró como positiva la voluntad política del Ejecutivo nacional en el tema y espera que el debate vuelva con fuerza, pero “de la mejor manera, sin agresiones ni violencias”, en relación con el que se desarrolló en 2018.
Y agregó: “El pañuelo verde es mas que ‘aborto’: es reconocerse y encontrarse en un colectivo y en un activismo por los derechos, de pensar en una sociedad igualitaria”.
Morillo indicó que tienen expectativa de que el proyecto se apruebe. “Supimos que en el debate en 2018 algunos diputados y senadores no votaban a conciencia, sino por condicionamientos. Esperemos que eso no suceda esta vez”, manifestó.
La activista hizo hincapié en un punto central que destacaron en el pañuelazo, que es el reclamo de un Estado laico. “Necesitamos un Estado laico, que legisle para todos. La ley no obliga a nadie a abortar. Quienes tengan creencias religiosas podrán no hacer uso de la ley”, agregó.
“Esperamos que los diputados y senadores por Córdoba voten de acuerdo con una situación social y no de acuerdo con sus convicciones personales subjetivas. Desde la campaña, nos ponemos a disposición para consultas y clarificar conceptos y argumentos”, cerró.
En contra
“Nosotros planteamos que el aborto es violencia contra las mujeres y legalizado es también violencia del Estado. Nuestra expectativa es cuidar lo que conseguimos en 2018, que es que el proyecto no se apruebe, que vayamos hacia una legislación más amplia, superadora”, indicó Amelia Moscoso, de la ONG Portal de Belén.
