La Legislatura de Córdoba aprobó un proyecto de resolución a través del cual los legisladores de esta provincia instan a los representantes por Córdoba en el Congreso de la Nación a que soliciten al Gobierno nacional la desclasificación de los expedientes relacionados con las causas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrido en noviembre de 1995.
El objetivo es llegar a conocer en detalle si hay información confidencial del Estado sobre el origen e investigación de los hechos.
La aprobación fue por unanimidad en la sesión que la Unicameral tuvo este lunes 14 de abril, cuando faltan siete meses para que se cumpla el 30° aniversario del atentado que sufrió Río Tercero.
La Justicia lresolvió, con sucesivas sentencias, que las explosiones sucedidas en la Fábrica Militar de Río Tercero fueron un hecho planificado y perpetrado desde el Estado nacional con el objetivo de esconder pruebas sobre el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, durante la presidencia de Carlos Menem.
De la Fábrica Militar de Río Tercero salieron pertrechos para Croacia cuando la Argentina se encontraba impedida de realizar venta de armas. Cuando ocurrieron las explosiones, gran parte de los proyectiles que detonaron estaban destinados a un nuevo embarque hacia Croacia.
En el texto aprobado, la Unicameral les solicita a los diputados y senadores cordobeses que realicen este pedido al Ejecutivo nacional en torno a las causas de las explosiones de la Fábrica Militar en 1995.
“La desclasificación de estos expedientes es fundamental para esclarecer la verdad sobre estos hechos y garantizar la Justicia para las víctimas y sus familias”, expresó el legislador riotercerense del Frente Cívico, Juan Pablo Peirone.
“Los representantes de Córdoba en el Congreso de la Nación serán instados a solicitar a desclasificación de estos expedientes al Poder Ejecutivo Nacional”, agregó Peirone.
El proyecto de resolución fue impulsado por el legislador radical Matías Gvozdenovich.
“Todos los hechos ocurridos merecen ser conocidos por todos y, sobre todo, por aquellos que sufrieron y aún sufren las graves consecuencias, psicológicas, afectivas y patrimoniales, del atentado más siniestro que se recuerde en Argentina”, argumenta el texto de la flamante resolución.
El intendente Marcos Ferrer celebró la aprobación de este pedido en la Legislatura.
No hay certeza de qué material puede haber en manos del propio Estado sobre aquellos hechos de 1995, a los que no haya accedido la Justicia hasta ahora.
