De cara a las elecciones presidenciales, en los últimos dos meses el Gobierno nacional disparó una batería de medidas económicas que buscan incentivar el mercado interno. Desde el lanzamiento del plan Productos Esenciales, pasando por la baja de tasas del Ahora 12, hasta el subsidio a la compra de vehículos cero kilómetros. En general, se trata de medidas que no forman parte del glosario político y económico de la administración Macri, pero que sí fueron solicitadas casi a los gritos por buena parte de los sectores productivos del país, en un escenario dominado desde hace más de un año por una profunda recesión.
El reclamo era “alimentar” con pesos el mercado interno (que representa más del 75 por ciento del PIB) para incentivar la demanda y que las ventas minoristas crezcan, o al menos paren de caer. Según la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), en mayo se cumplieron 16 meses consecutivos de baja en las ventas, una tendencia que no se observaba desde la crisis que detonó el fin de la convertibilidad, a comienzos de este siglo. Salvo algunos rubros vinculados a la actividad agropecuaria, el resto de los sectores muestra desde hace meses “números rojos”.
¿Cuánto tiempo más puede aguantar una economía en este contexto? ¿Cuáles son las chances de ganar las elecciones que tiene el Gobierno nacional con ese panorama? Las mismas preguntas, al parecer, se hicieron en los principales despachos de la Casa Rosada, y como respuesta apareció este arsenal de medidas anunciado en los últimos días.
Pero la pregunta que falta contestar es si la respuesta llegó a tiempo. Por un lado, porque la inflación –si bien muestra algunos síntomas de desaceleración– sigue siendo alta y, lo más dramático, le continúa ganando a los salarios. Hoy, la inflación interanual ronda el 57,3 por ciento, exactamente 20 puntos más que el 37,3 por ciento de aumento que tuvieron los salarios, según los últimos datos difundidos por el Indec.
Con esto, es de esperar que el consumo siga resentido, particularmente en la compra de productos de primera necesidad. Por caso, la Secretaría de Agroindustria de la Nación dio cuenta días atrás de que en el primer trimestre la venta de leche fluida cayó un 13,2 por ciento respecto de hace un año, y el 21,1 por ciento comparado con junio de 2016. Si eso pasó con la leche, no cuesta imaginar lo que sucedió con otros productos menos “urgentes”.
Pero, por otro lado, los planes de financiación con tasas subsidiadas llegan en un momento en que buena parte de la población tiene sus tarjetas al límite, por lo que la posibilidad de aprovechar los nuevos beneficios se ve disminuida. Es que en los últimos meses, con la inflación desbocada, no fueron pocas las familias que comenzaron a usar los plásticos para financiar sus gastos corrientes (súper, nafta, cuotas de colegios), agotando casi por completo sus saldos disponibles de crédito.
Incluso, el último informe de la consultora Economía & Regiones, sobre la base de datos del Banco Central (BCRA), dio cuenta de un incremento del 4,4 por ciento en la morosidad del sistema financiero. Ello habla de la limitación que encuentra la nueva estrategia de aliento al consumo en el actual contexto, después de meses de una severa política contractiva impulsada por la autoridad monetaria en su intento por contener el dólar.
Como sea, todo el mundo –cada uno con sus intereses particulares– apuesta a que estas medidas anticíclicas sean efectivas. El Gobierno, porque lo necesita electoralmente; los empresarios, porque necesitan vender; los trabajadores, porque precisan llegar a fin de mes.
Hay que ver si el salvavidas es suficiente y, sobre todo, si no está llegando tarde.
