Desde los primeros días de junio a finales de noviembre los detenidos por narcomenudeo en Córdoba crecieron un 17 por ciento: de 1.012 en ese período de 2024 a 1.190 este año.
Los detenidos por causas con drogas representan ya el 13 por ciento del total de internos en las cárceles provinciales. Y saben que serán cada vez más.
“La previsión es totalmente en alza, duplicamos las fiscalías y hay una en Capital que todavía no está en funcionamiento. A pesar del poco tiempo, ya se ve un incremento y en la medida que avancen las investigaciones habrá más, las investigaciones de narcomenudeo llevan varios meses”, vaticinó el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado.
El aumento en los procedimientos antinarco es exhibido por la Provincia como una política de “territorio hostil” a las bandas y una respuesta frente al desbande las organizaciones rosarinas como producto del Plan Bandera.
¿Hay más narco en Córdoba? Sin descartar esto como parte de la explicación, hay tres decisiones que parecen tener un impacto directo en este fenómeno.
Estos motivos son la duplicación de fiscalías especializadas, la incorporación de exmilitares en la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y el efecto del fallo de la Corte Suprema en el caso Loyola, que en la práctica elevó el mínimo de la pena por narcomenudeo y de ese modo dejó casi sin lugar a otra solución que una pena de prisión.
Más fiscalías especializadas
El 2 de junio de este año se pusieron en marcha siete nuevas fiscalías de instrucción contra el narcotráfico. Son las unidades de Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Bell Ville, Marcos Juárez, San Francisco, Villa Dolores y Cruz del Eje. Estas sedes se agregan a las tres fiscalías de Capital -hay otra aprobada, pero que no se implementó aún)-, Jesús María, Villa María, Cosquín y Río Tercero. Estas últimas eran móviles y tenían amplios radios de cobertura, que con las nuevas fiscalías quedarán más acotados.
“Se consiguió una mayor cobertura territorial de la estructura judicial, que elevó a 13 la cantidad de fiscalías distribuidas en 14 de las principales ciudades de la Provincia y, por otro lado, también se incrementó el número de personal en la Fuerza Provincial Antinarcotráfico. En función de ello también fue necesaria la incorporación de siete nuevos fiscales antinarcotráfico, quienes fueron seleccionados por concurso, a cargo del Consejo de la Magistratura”, precisaron desde el Gobierno.
Aunque el tiempo de trabajo es aún muy corto, desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal (MPF) valoran los primeros resultados como una “mejoría en la capacidad de respuesta” judicial.
Entre el 2 de junio y el 20 de noviembre de este año crecieron un 10 por ciento las denuncias: de 3.087 a 3.420 .
Como ya se dijo, creció el número de personas privadas de su libertad: de 1.012 en el período de corte de 2024 a 1.190 este año.
Pero lo que es más significativo para el ministro de Justicia provincial Julián López es que se incrementó el número de allanamientos: de 627 a 798, una diferencia porcentual de un 27 por ciento.
Exmilitares contra el narco
Desde agosto de este año comenzaron a incorporarse nuevos integrantes a la FPA con pasado en fuerzas armadas nacionales. En enero de este año, los integrantes de esta fuerza eran 427, todos provenientes de la Policía de Córdoba. En agosto ya eran 514, con el ingreso de los primeros 79 exsoldados. Esta semana se sumaron 165 exintegrantes de fuerzas militares, para llegar a una dotación de 679 efectivos, un número que representa un incremento de un 59 por ciento en la plantilla.
En este período, hubo cinco egresos, con retornos voluntarios a la Policía provincial. Y 13 ingresos, “pases”, desde esa institución.
“Se tomó la decisión de robustecer la FPA y como anunció a inicios de año el gobernador Martín Llaryora y luego se aprobó en la ley 11.029, Córdoba es la primera provincia que incorpora a integrantes de fuerza federal a la lucha contra el narcotráfico. Todos venían muy bien formados en las distintas fuerzas, pero hicieron un trayecto formativo específico en lucha contra el narco en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) antes de ser incorporados”, precisó López.
De este modo, los exsoldados pasaron a formar parte de la “cantera” de la FPA y se puso en marcha una modalidad de acceso que desde 2026 será la única habilitada para el ingreso: estudiar la carrera de tres años en la UPC. “Será la primera fuerza en Latinoamérica que completará toda su formación en una universidad pública”, destacó López.
Delgado resaltó como “muy positiva la iniciativa del Gobierno y el acompañamiento de la Legislatura para tener en poco tiempo una ley y los convenios con la UPC” y valoró que los nuevos efectivos con pasado militar aportan “una buena formación profesional y académica previa y entienden los códigos de mando, el verticalismo, las pautas de conducta”.
Los ingresantes tienen que tramitar la baja en su fuerza de origen. Entre las ventajas que ofrece la FPA es un mejor sueldo y la posibilidad de arraigo, algo que en el Ejército y en la Aeronáutica está siempre sometido a relocalizaciones.
El fiscal general adjunto Héctor David aportó un beneficio “sistémico”: en lugar de tomar a los nuevos integrantes de la FPA de la Policía de Córdoba –que sufrió años sin nuevos ingresos de oficiales y de suboficiales–, se buscó la cantera en otras fuerzas armadas y de seguridad. “Ya con los primeros 79 que se incorporaron en agosto y que comenzaron a trabajar con las 7 nuevas fiscalías se acrecentaron los procedimientos, algo que seguramente va a seguir así cuando se sumen los 170 que egresaron en diciembre”, destacó David.
Un fallo de la Corte con impacto real
En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia que había declarado inconstitucional la escala penal establecida para el delito de narcomenudeo, con un mínimo de cuatro años. Planteaba, este fallo del TSJ, un mínimo de tres, lo que habilitaba la posibilidad de penas que no obligaban al cumplimiento efectivo en prisión.
La Corte le dio la razón al planteo sostenido en su casación por el MPF sobre que la determinación de las penas es una cuestión de política criminal que la Constitución Nacional asigna exclusivamente al Congreso.
“Según destacó la Corte, los jueces no pueden, bajo el pretexto del control de constitucionalidad, modificar las escalas penales fijadas por el legislador”, definió la Corte, en el análisis de una causa en la que analizaba la comercialización de 16 gramos de cocaína, 56 gramos de marihuana y 29 cigarrillos de esta última sustancia. En esa causa, la Cámara en lo Criminal de la Primera Nominación condenó a Sergio Loyola a cuatro años de prisión, el mínimo legal para este delito.
Ante el planteo de la defensa, el TSJ declaró inconstitucional la escala penal establecida en la Ley 23.737, fijando una nueva pena mínima de tres años en lugar de cuatro. Según el TSJ, la Ley 26.052, que descentralizó la persecución del narcomenudeo, había introducido una diferenciación entre el comercio de grandes volúmenes de drogas y la venta directa al consumidor. En su interpretación, el legislador había cometido un “error” al no establecer escalas diferenciadas para cada situación.
Quien era fiscal general de la provincia en ese momento, Alejandro Moyano, interpuso un recurso extraordinario, lo que llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 18 de noviembre de 2016. Luego, el 10 de octubre de 2019, el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, avaló, en acuerdo con el MPF, la constitucionalidad del mínimo de cuatro años. Y finalmente la Corte falló en favor del criterio del MPF.
La consecuencia de este fallo es una abrupta caída en los juicios abreviados, que en 2025 apenas fueron 67, contra 185 de 2024. Sin margen para acordar penas que eviten el encarcelamiento por el mínimo de cuatro años la figura perdió todo atractivo. La mayoría de los casos se resuelven con la elevación a juicio (542 casos en lo que va de 2025).
“Al haber ratificado la Corte la escala penal, muchos no pueden lograr la libertad con juicio abreviado y eso trae necesariamente un resultado con impacto en el sistema carcelario”, explicó Delgado.
El otro punto que influye es la alta eficacia de las investigaciones por narcomenudeo, que llegan a condena en más de un 90% de las causas, según el MPF.
Hubo casi 9 mil inscriptos para ser FPA: el ingreso más exigente de Córdoba
En apenas cinco días, hubo 8.924 interesados inscriptos para cursar las nuevas tecnicatura y licenciatura con orientación en narcotráfico que se dictará en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y que será la única vía de ingreso desde 2027 a la FPA.
De los casi 9 mil que se inscribieron, apenas 80 tendrán un asiento en los cursos, que se iniciarán en febrero de 2026.
Contestaron correctamente todas las preguntas 897 y fueron citados para la primera convocatoria a entrevista los que lo hicieron en menor tiempo: 625.
Esto hace que la competencia sea durísima. Es mucho más difícil acceder a un lugar en este curso que ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Y todavía más complicado que obtener un lugar en las escuelas de formación policial para oficiales y suboficiales, otro boom que estalló este año. Se anotaron 18.611 aspirantes para el curso de suboficiales, con una vacancia de poco más de mil bancos de estudio.
Con este acceso, la FPA se convertirá esta fuerza en la primera en Latinoamérica que tendrá como la formación de ingreso completamente asentada en una universidad pública.
“Esto va a reforzar el carácter de fuerza de élite que siempre tuvo como característica la FPA, la única fuerza en su tipo en el continente que depende del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia”, destacó el fiscal general adjunto Héctor David.
Una buena parte de los aspirantes tienen formación en carreras tecnológicas y de comunicaciones, además de su expertise en las Fuerzas Armadas. Eso es clave para una etapa diferente en la FPA en la que la investigación asistida con medios tecnológicos es clave.
Las incorporaciones que se hicieron este año de efectivos que vienen de carreras en fuerzas armadas y de otras fuerzas de seguridad son las que armaron “el colchón” para esperar los egresos de las nuevas camadas “universitarias”.
El sueldo inicial en la FPA es de alrededor de 2 millones de pesos, de bolsillo.
