El juicio oral y público que investiga cinco muertes y ocho presuntas lesiones que sucedieron en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba ingresa en su etapa final. La semana pasada se escucharon las conclusiones de las defensas de los imputados por los hechos que sucedieron entre marzo y junio de 2022.
La semana que viene no habrá audiencias y el 26 de mayo está previsto que den sus conclusiones los abogados defensores de Adriana Moralez, quien se desempeñaba como coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente del hospital. También hablarán, ese día, los representantes de la médica Neonatóloga María Alejandra Luján, quien estuvo a cargo de la supervisión de neonatología en la guardia del 18 de marzo.
Luego seguirán los defensores de Claudia Ringelgheim -exjefa de Tocoginecología-; de Alejandro Gauto -exsecretario de Coordinación ministerial-, y de Alicia Ariza -exjefa de Enfermería.
Luego habrá una semana de receso y entre el lunes 9 de junio y el miércoles 11 se escucharán las anteúltimas palabras de las madres y las últimas palabras de los acusados.
El veredicto del jurado, que estaba previsto para el 2 de junio, se conocerá el 18 de junio. Unos 15 días más tarde se conocerán los fundamentos de la sentencia, que en su parte resolutiva será leída ese día, luego de la deliberación y el voto de ocho jurados populares y dos vocales técnicos.
Causa Neonatal: las conclusiones de los imputados
El lunes pasado concluyó sus alegatos Gustavo Nievas, defensor de la enfermera Brenda Agüero, quien se encuentra imputada por homicidio agravado y calificado. El Ministerio Público Fiscal pidió prisión perpetua.
Nievas reiteró que Agüero es inocente y planteó su absolución. Alegó que no existen pruebas directas en contra de ella y que es una víctima del poder político “que necesitó encontrar un culpable en medio de la campaña electoral”.
El martes, los abogados Federico Ferrer Vieyra y Felipe Trucco pidieron la absolución de Liliana Asís (quien era directora del hospital) y de Martha Gómez Flores (entonces jefa de Neonatología): “No se puede acusar de encubrimiento a quienes revelaron los casos”, sostuvieron, al tiempo que realizaron una precisa línea de tiempo.
El miércoles, finalmente, se escucharon los alegatos de Justiniano Martínez, defensor de Pablo Carvajal, quien se desempeñaba como secretario de Salud de Córdoba desde la pandemia hasta agosto de 2022, cuando se hicieron públicas las muertes.
Martínez cuestionó la investigación fiscal preparatoria, a la que consideró “plagada de errores”. Dijo que Carvajal nunca tuvo la intención de encubrir. Alegó que fue él quien le pasó el croquis con la línea de tiempo de los 13 casos al fiscal Raúl Garzón. Pidió su absolución y dijo que resignaría sus honorarios profesionales, en caso de que no se dicte condena a Carvajal.
Aquel día también dio sus conclusiones Claudio Orosz, defensor de Alejandro Escudero Salama, quien se desempeñaba como subdirector administrativo del hospital Neonatal. Escudero también se encuentra imputado por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado doblemente calificado. El Ministerio Público Fiscal pidió para él penas de prisión efectiva de cuatro años.
Orosz también cuestionó la investigación fiscal preparatoria. Con la necesidad de buscar un culpable, se puede condenar a un inocente, destacó en la audiencia.
Reiteró que Escudero promovió el parto respetado dentro del hospital, pero se encontró con una estructura verticalista. Que se enteró en un pasillo de que Damaris Bustamante había sufrido violencia obstétrica, quiso averiguar lo que había pasado y se encontró con una fuerte resistencia.
El defensor de Escudero también citó los resultados del peritaje médico e interdisciplinario que analizó la serie de 13 casos de muertes y lesiones en el hospital Neonatal, desde el 18 de marzo hasta el 7 de junio. Y citó las palabras del experto Néstor Vain, quien dijo en la audiencia: “Todos los casos son distintos; no juntemos naranjas con bananas”.
Dijo que el peritaje fue concluyente en seis casos, pero que sembró dudas en los demás.
Orosz anticipó que presentará un recurso de casación.
“Hemos probado qué hechos conoció Escudero en su cargo de subdirector administrativo y qué hizo con esos hechos, a través de una nota del 10 de mayo. Que vino a hablar con un fiscal en Tribunales II y que lo puso en conocimiento de esos hechos, tal como le fueron informados. La respuesta que recibió fue que no tenía los elementos suficientes para efectuar una denuncia. Por lo tanto, nunca pudo omitir y tampoco encubrir a Brenda Agüero. En ese momento no había elementos que hicieran sospechar de un accionar humano”, dijo, en relación con la reunión que mantuvo con el fiscal Guillermo González y el médico forense Moisés David Dib.
Orosz agregó que el 6 de junio dos médicas se le acercaron diciendo que no podían certificar la muerte de un bebé. “Era la primera vez que dos médicas le decían eso”. Y contó que Escudero “les hizo un garabato” de cómo se hace una denuncia penal “y las mandó a la unidad judicial que se encuentra a 50 metros del hospital”.
Cómo sigue el juicio
Las audiencias proseguirán con las defensas de Moralez y de Luján.
Para Moralez, quien se encuentra imputada por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado, el Ministerio Público Fiscal solicitó tres años de prisión en modo de ejecución condicional y una inhabilitación de dos años para ejercer.
Para Luján, la Fiscalía de Cámara solicitó un año de inhabilitación para ejercer y la pena máxima de la multa, por considerar que omitió sus deberes de funcionaria pública y no denunció a tiempo. Pidió su absolución en el caso de falsedad ideológica.
Restan las defensas del entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, y del secretario de Coordinación y Gestión Administrativa del Ministerio de Salud provincial, Alejandro Gauto, quien prácticamente no intervino en este juicio oral y público.
Ambos están imputados de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado. El fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, pidió tres años de prisión condicional y tres años de inhabilitación para ejercer, al igual que para Carvajal.
Como se recordará, las querellas solicitaron mayor severidad en las penas y cárcel efectiva para todos los funcionarios imputados.
A su vez, la defensora pública Ana Pagliano pidió una cautelar para que se dicte prisión preventiva a los imputados en caso de que se confirme la condena.
Rumbo al veredicto
¿Puede la querella pedir penas mayores que las solicitadas por la Fiscalía de Control? Para Pedro Despouy Santoro, doctor en Derecho y profesor adjunto de Derecho Penal 2 de la Universidad Nacional de Córdoba, sí puede hacerlo en un juicio común.
“En ese caso, el Tribunal puede tomar el pedido de pena de la querella y apartarse (sobre el monto y el modo de ejecución efectiva o condicional) de lo que pidió la Fiscalía. En un juicio común, el Tribunal no queda obligado a aplicar la cantidad de pena ni el modo de cumplimiento que piden las partes, ya sea el fiscal, la querella o la defensa. Esa es una facultad privativa del juez o tribunal”
El especialista dijo que existe jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y de la Corte Suprema de la Nación.
“En un juicio común, el Tribunal puede aplicar una pena mayor o menor a la solicitada por la fiscalía o la querella, siempre respetando la escala penal del delito cometido. También puede coincidir con el criterio de la fiscalía o de la querella”, agregó.
Si la fiscalía solicita prisión de ejecución condicional, el tribunal puede aceptar esa solicitud o rechazarla. Si el fiscal pide prisión de ejecución en suspenso y el querellante solicita que sea de ejecución efectiva, el tribunal podría hacer lugar a ese pedido.
A la hora de evaluar la escala penal (cuántos años de pena) y el tipo de ejecución (condicional o efectiva), el tribunal tendrá en cuenta agravantes y atenuantes.
“Se presume que a mayor nivel de educación hay mayor autodeterminación, es decir, más posibilidad de comprender la ilicitud de la conducta realizada, y con ello mayor reproche y culpabilidad que le permite al tribunal aplicar más pena al autor del delito”, expresó.
Una vez que terminen los alegatos de las partes, el jurado se tomará unos días para analizar el conjunto de la prueba. Las mamás de los 13 bebés tendrán la “penúltima palabra” y los imputados, la “última palabra”.
De inmediato, los jurados populares y el Tribunal pasarán a deliberar en sesión secreta, para luego dictar el veredicto. Allí se anunciará cuándo se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
Despouy Santoro explicó que el Tribunal puede dictar prisión preventiva en caso de condenas de ejecución efectiva.
