Lejos de llegar a un acuerdo, las clínicas profundizaron esta semana la protesta contra las prepagas y las obras sociales. Cada vez más prestadores se sumaron a la medida y decidieron cobrar copagos a los afiliados, es decir, solicitar un adicional.
En la práctica, los pacientes llegaron a las consultas con incertidumbre. La realidad es diversa en cada centro de salud, producto de un sistema que está desregulado.
La tensión continúa sin un atisbo de solución y se extiende por el interior de Córdoba, incluso a otras provincias. Algunas clínicas han comenzado a cobrar por prestaciones más complejas, como cirugías, dejando en desamparo a muchos afiliados.
La Superintendencia de Servicios de Salud, encargada controlar a las obras sociales y prepagas, informó a La Voz que no intervendrá en el conflicto, “por tratarse de un asunto entre privados”.
El organismo estatal, que se ocupa de garantizar los derechos de los afiliados, pidió a los pacientes que acudan a la delegación más cercana, con los comprobantes de pago, para iniciar cualquier reclamo.
Esta situación compleja –que involucra a varios actores– contempla problemáticas diversas que intentarán resumirse en este informe. Cuáles son las trabas que dificultan el acuerdo.
Los profesionales
“Es paupérrimo. Vergonzoso. Estamos en una situación límite. El médico ya no da más”. Con estas cuatro oraciones resume Diego Bernard la realidad de los profesionales de la salud. El vicepresidente del Consejo de Médicos de Córdoba asegura que este combo explosivo se da por dos motivos: el escaso pago que perciben los agentes sanitarios y el desgaste que vienen sufriendo, sobre todo, desde la pandemia a esta parte.
¿Cuánto gana un médico?
Bernard indicó que los montos son variables. Una prepaga puede otorgar entre 1.800 y 3 mil pesos la consulta. Sin embargo, el pago se efectúa tres meses después de realizada la prestación. Esto quiere decir que un médico cobrará tres meses después de haber atendido al paciente.
A su vez, quienes trabajen para una clínica percibirán descuentos de entre un 20 y un 30 por ciento del valor de cada arancel, porcentaje que irá a la institución, agregó Bernard.
Las demoras en los pagos son históricas pero, en el contexto actual de altísima inflación, resultan insostenibles.
En el caso de las obras sociales sindicales, algunas están pagando por debajo de los mil pesos la consulta, indicó el vicepresidente. Si el financiador advierte alguna inconsistencia en la facturación, el pago de la prestación puede demorarse hasta seis meses, agregó.
Este problema es compartido por el resto de los profesionales de la salud. Odontólogos, bioquímicos, kinesiólogos y enfermeros también están fijando sus aranceles con pagos adicionales. Nuevas reglas de juego.
“Los afiliados no tienen la culpa pero hemos llegado a una situación límite. El médico está frente a un paciente, pero no le alcanza lo que gana para poder atenderlo. No tiene otra alternativa más que cobrar el copago”, graficó Bernard.
Los pacientes
Un relevamiento realizado por La Voz detectó que la situación es heterogénea, tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior. Algunos afiliados deben pagar consultas y otros por prácticas ambulatorias. Algunas instituciones ya cobran cirugías.
“Esta crisis recae en forma injusta en el usuario, que es el único que cumple –expresa Nelson Montoya Jaramillo, especialista en auditoría médica y salud pública–. Si es asalariado, aporta a la obra social. Si es una prepaga, trata de mantenerla con todo el esfuerzo posible”.
Montoya Jaramillo, exconsultor del Banco Interamericano de Desarrollo, asegura que esta crisis generalizada también afecta a las financiadoras: “Las obras sociales y prepagas siguen perdiendo aportes con cada pyme que se funde y con cada trabajador que pierde su empleo”.
A su vez, muchas personas dejan de pagar una prepaga, se retiran o bajan de plan.
La demanda en los hospitales públicos no para de crecer y se posponen los controles de rutina.
La postergación de consultas que no son urgentes entraña sus riesgos. Pongamos como ejemplo una persona que tiene un dolor en el pecho por una crisis hipertensiva. Si desiste de la consulta con un cardiólogo, por no pagar el adicional, puede sufrir un accidente cerebrovascular. Aquello que podía prevenirse con atención primaria se convierte en emergencia y requiere una mayor complejidad.
¿Esta medida es legal?
El especialista considera que no. “Cada prestador tiene un contrato con la obra social o prepaga. Uno de los primeros artículos que tiene ese acuerdo es el no cobro de adicionales al usuario. Sin embargo, lo están haciendo. La Superintendencia debería intervenir pero no lo hace”.
El sistema
Los especialistas coinciden en que el problema de la salud es crónico, pero se agudiza en crisis.
“Más allá de las medidas que toma el Gobierno nacional para tratar de parar la inflación, hay problemas estructurales”, sostuvo Iván Ase, médico magíster en Salud Pública.
A su entender, el sistema de las obras sociales tiene una lógica que no encaja: “Sus principales ingresos provienen de los salarios de los trabajadores, que se deterioran ante la inflación. Pero los gastos en salud no paran de crecer, porque están dolarizados”.
A su vez, la salud privada está desregulada y cada clínica incorpora la tecnología que cree conveniente, sin tener en cuenta la necesidad de la población. “Este modelo es infinanciable, porque no tiene límites ni techo”, agregó.
El especialista advirtió que la crisis no impacta a todas las clínicas por igual. Al tiempo que cierran muchos centros del interior, la salud privada se concentra en pocas manos. “Además de ser prestadores, estas grandes clínicas son administradoras de cápitas. Se convierten en financiadores y crecen de una manera descomunal”.
¿Por dónde empezar?
Cómo administrar recursos limitados es un desafío para muchos países. Algunos están planteando garantizar un piso de prestaciones básicas y ahí ir aumentando hasta llegar a un techo. Es el llamado Certificado Único de Salud (CUS). Otros implementan agencias que analizan cuál es la mejor tecnología médica para aplicar para cada enfermedad.
Montoya Jaramillo asegura que Argentina es uno de los países que más invierte en salud, pero no de manera correcta. El especialista aconseja eficientizar el sistema, para acortar los plazos de pago a los prestadores y pone la lupa en un problema crónico: los intermediarios o gerenciadoras, aquellas entidades que ofrecen servicios, como puede ser el procesamiento o liquidación de las facturaciones.
“Si la obra social le paga a la gerenciadora por 10 mil afiliados, ésta a su vez le paga al prestador por ocho mil. Se queda con un vuelto. Este mecanismo perverso que puede prestarse para corrupción funciona desde hace muchos años”, finalizó Montoya Jaramillo.
Lejos de solucionarse, este conflicto pinta para rato.
