Un tribunal oral de Misiones iniciará el próximo lunes 19 el juicio contra una mujer de 37 años, analfabeta y sumida en la extrema pobreza en un paraje provincial, por la muerte de uno de sus 12 hijos, para quien no pudo conseguir asistencia médica y lo enterró a la vera de un arroyo por temor a que su pareja la castigara.
En marzo de 2011, María Ovando -"víctima de violencia doméstica, sin trabajo formal, viviendo en la extrema pobreza en una precaria vivienda en la zona rural de Colonia Mado"- Misiones, ante el llanto de dolor de estómago de su niña de tres años, Carolina Ayala, decidió cargarla en brazos -a pesar de encontrarse dolorida todavía por un parto reciente- y caminar hasta la ruta para que alguien la llevara hasta un hospital.
Según se desprende de la causa, la niña murió en sus brazos por un "paro cardio-respiratorio" y la autopsia demostró que no había sufrido golpes, fracturas ni ningún otro tipo de lesión por violencia.
La enterró. Desesperada por el deceso y atemorizada por la posibilidad de que su pareja "la castigara", la mujer cavó con sus manos un pozo cerca de un arroyo, enterró a la pequeña y regresó a su casa sin narrar lo que había ocurrido.
Un mes más tarde, los vecinos denunciaron la ausencia de la niña, y Ovando contó lo que había ocurrido e incluso guió a la policía hasta el lugar en el que había enterrado a su infortunada hija.
Desde entonces, la mujer está detenida en el penal de Villa Lanús, Posadas, procesada por el delito de "abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo", una figura que contempla penas que llegan hasta más de 13 años de cárcel.
La Asociación Pensamiento Penal (APP), una entidad de jueces y juristas, presentó un "amicus curiae" (aporte de quien no es parte en una causa para una mejor resolución) a favor de Ovando, argumentando que "la familia no contaba con acceso a ninguna prestación social ni médica-asistencial por parte del Estado. Tampoco la madre, aquí imputada, contaba con trabajo formal".
El documento explica que Ovando fue madre por primera vez a los 14 años, "vivía hasta su detención en una zona rural, en una precaria vivienda. Desde muy niña fue empleada doméstica y nunca tuvo trabajo formal. Varios de sus hijos están indocumentados y nunca pudieron acceder a una asistencia estatal. Tampoco tuvieron acceso a la asignación universal".
"Es ese propio Estado, ausente a la hora de cumplir con sus obligaciones de asistencia y salud, que hoy pretende criminalizar a María Ovando, reprochándole un supuesto abandono, el que le otorga la calidad de ciudadana solo a la hora de castigarla, de hacerla responsable de lo inevitable para ella, pero evitable para el Estado", resume el escrito.
