El gobernador Martín Llaryora anunció que ya se incorporaron 900 nuevos policías -que se capacitaron tres años- y que este jueves se sumarán 274 agentes penitenciarios. Este fue uno de los puntos más destacados del capítulo sobre seguridad en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Córdoba.
Además, Llaryora destacó que se llamó a licitación para la adquisición de 400 nuevos vehículos para las guardias urbanas, que se sumarán a las 300 camionetas cero kilómetro que ya fueron compradas y serán entregadas en los próximos meses, según adelantó. La prioridad será para quienes tienen que cubrir zonas rurales, con un criterio que resaltó como “federal” el gobernador.
El gobernador destacó que ya son 26 intendentes que adhirieron a la ley de Seguridad y avanzarán en la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía y que otras 14 ciudades ya están en proceso de adhesión. “Quiero destacar este compromiso y valentía de no esquivar este verdadero flagelo a quienes se ofrecieron a trabajar en conjunto para que recuperemos la tranquilidad en nuestros pueblos”, resaltó Llaryora.
En total, estas ciudades que adhirieron acumulan el 51 por ciento de la población de la provincia, dijo el gobernador.
“Creemos en los sistemas mixtos, con interrelación de fuerzas nacionales, provinciales y también municipales, porque son los intendentes y jefes comunales los que más conocen a sus pueblos y a sus vecinos”, resaltó.
Llaryora valoró que ya se han adquirido 5.000 armas no letales o de baja letalidad. “Hemos capacitado a más de 7.500 efectivos policiales en su utilización. Y ya se realizaron más de 500 operativos con este equipamiento”, enfatizó. “En estos operativos, habremos salvado a muchos efectivos policiales y resguardado los derechos humanos”, consideró.
Desde luego, como en todo su discurso, estuvo presente el contexto de la crisis económica y social. “Delito hay en todo el mundo, pero hay más inseguridad donde está la exclusión social, y esta es la situación de la argentina, La inseguridad es hija de la exclusión, lo que plantea un abordaje que tenga en cuenta esa realidad”, se posicionó.
Reiteró, Llaryora, la apuesta para llegar a la duplicación de las fiscalías antinarcóticos -ubicadas en “zonas de frontera” o de límite con otras provincias o en rutas importantes- y resaltó el convenio con el Gobierno nacional para poner en marcha la mesa operativa conjunta de las distintas fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales. “Esto muestra el objetivo de planificar y coordinar acciones de seguridad en todo el territorio provincial, con el firme propósito de hacer de Córdoba un distrito hostil para el narcotráfico”, señaló.
También dijo que se está avanzando en la creación de 12 nuevas fiscalías criminales.
Registro de huellas genéticas ampliado
Una de las sorpresas fue el anuncio del envío de un proyecto de ley para ampliar el alcance del registro de huellas genéticas digitalizadas. “En nuestra visión, este registro debe realizarse entre todas las personas que estén, además de condenadas, imputadas o procesadas en un proceso penal o contravencional, y/o de quienes se encuentren asociadas a la identificación de las mismas, así como de menores cuya responsabilidad penal haya sido declarada, y de personas a quienes no se condenó por mediar una causa de inimputabilidad”, explicó el gobernador.
Lo vamos a potenciar, le vamos a dar mas recursos,
cuando uno entra una escena del crimen, podes tener ADN, vas comparando y podes resolver muchos casos directamente con los ADN, ese registro esta limitado, demos un debate y ampliemos el registro para contener a mas personas y facilitar la investigacion penal
Crisis penitenciaria
Llaryora aludió a la crisis penitenciaria, derivada de la detención del exjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba durante más de 15 años, Juan María Bouvier, por presuntos hechos de corrupción. “A los pocos días de haber asumido, intervinimos el Servicio Penitenciario a través de la designación de un civil como nuevo secretario de Organización Penitenciaria. Un hecho histórico para esa institución. Además, impulsamos la Institucionalización del nuevo Consejo Superior Penitenciario en donde la mayoría de las autoridades son mujeres profesionales. Y se decidió la creación de una Unidad de Control Penitenciario que depende de la Subjefatura del Servicio Penitenciario. La misma tiene como función el control de personas, vehículos, cargas, mercaderías y todo control que disponga la superioridad. Como así también colaborar con los grupos de élite”, valoró Llaryora.
La expulsión de los familiares de “Fito” Macías
Llaryora anunció que se va a condecorar a los policías que participaron del operativo que derivó en la extradición de los familiares del capo narco ecuatoriano “Fito” Macías. “¡De Córdoba los echamos! ¡Córdoba no quiere narcotraficantes!”, se exaltó Llaryora.
“Pretendemos hacer de Córdoba un territorio hostil para el narco y ninguna prueba más contundente de nuestra decisión que la labor llevada adelante por nuestras fuerzas policiales en conjunto con el gobierno nacional, que incluso, tuvo repercusión internacional, para expulsar de nuestro territorio a la familia de un reconocido narcotraficante internacional”, señaló Llaryora.
