Recién con la eyección de Alfonso Mosquera del Gobierno provincial, la seguridad en Córdoba ingresó de lleno en la atención de las consecuencias de la crisis institucional post Blas Correas.
El asesinato policial de Blas –que en cada audiencia del juicio que se está realizando destraba nuevos niveles de crueldad y cobardía institucional– trajo cambios en la fuerza: el desplazamiento de toda la conducción y una modificación en el sistema de incorporación de agentes que, para garantizar una mejor preparación, pasó de uno a tres años.
Esta decisión dejó sin nuevos ingresos de suboficiales en 2021, no habrá incorporaciones este año y recién a finales de 2023 se sumarán suboficiales de una nueva camada.
La determinación de hacer regresar retirados busca suplir una emergencia: faltan policías en las calles. Y faltan no sólo porque sin nuevos ingresos son menos quienes están disponibles para patrullar, sino que se requieren más por el deterioro de las condiciones económicas, que trae aparejado un aumento de los delitos contra la propiedad.
El llamado a los retirados tuvo que ampliarse para tratar de llegar al millar de agentes que pretende recuperar la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti. Primero se convocó a los que se fueron de manera voluntaria, y se tuvo que incorporar en el llamado a quienes debieron irse con retiros obligatorios, siempre que las causas de esa salida no hubieran sido faltas disciplinarias, causas judiciales pendientes o condenas.
El plan se complementa con una inédita convocatoria a delegar tareas de protección en enclaves públicos y privados estratégicos a las agencias privadas. Esa “fuerza paralela”, en permanente expansión en las últimas décadas, quedará a cargo de cuidar bancos, centros de salud, escuelas y sedes de empresas de servicios que hasta ahora requerían adicionales de policías en actividad, quienes ahora sólo podrían tomar horas extra y jornadas extendidas para patrullar al servicio del Estado; ya no de ningún privado.
Se les exigirá, tanto a los “retirados retornados” como a los “guardias privados al servicio público” –perdón por los neologismos– que tomen cursos que los pongan al día con los protocolos vigentes de empleo de armas, violencia de género y uso de tecnologías aplicadas a la seguridad.
Y si hablamos de tecnología: antes de que termine el mes se prenderá el nuevo lote masivo de cámaras de videovigilancia. Hay 2.761 domos con cámaras que se instalarán en los próximos días en Capital y en los otros cuatro principales aglomerados urbanos de la provincia.
A futuro se buscará, también, interconectar las cámaras de vigilancia privadas, para amplificar las posibilidades de detección preventiva, pero también la de evidencias para justificar detenciones y acusaciones por delitos.
El secretario de Seguridad, Claudio Stampalija, busca cerrar lo antes posible estos puntos críticos. Pero sus apuestas, por convicción y trayectoria, están en otra parte. Stampalija puso en funcionamiento, uno por uno, los 61 consejos barriales de seguridad, que ya representan áreas habitadas por unas 700 mil personas en Capital. Dice que algunos de estos consejos, emplazados en zonas rojas en el mapa del delito, fueron mejorando sus indicadores y la sensación de sus vecinos. Datos cualitativos.
A la par, la Provincia sigue instalando polideportivos sociales y culturales, también con prioridad en los sectores más amenazados por el avance narco y la inseguridad. Se trata, por las dos vías, de dar batalla en el territorio.
La tercera pata es, para Stampalija, el rol central que tendrá que tomar en la prevención la Policía Barrial, ese cuerpo de proximidad lanzando hace varios años y que fue perdiendo con el tiempo la centralidad que se le había asignado en su presentación.
Sabe Stampalija –porque es un académico, aunque él defienda lo que sabe por caminar los barrios– que en todo el mundo y no sólo en Argentina ni en Córdoba, cuando hay crisis económicas se disparan los delitos contra la propiedad seguidos de violencia.
¿Cuánto crecieron? Imposible saberlo. La cifra negra de delitos no denunciados oscilaba en torno del 70 por ciento con los datos de los últimos estudios de victimización, que se realizaron antes de 2019.
Los robos y hurtos que se denuncian son, en su gran mayoría, los que cumplen un requisito para cobrar un seguro. Para el resto, nadie cree que tenga sentido tomarse la molestia de hacerlo.
Las dificultades de acceso a la Justicia durante los dos años de pandemia pudo haber agravado, aún más, la desconfianza. Pero es algo que no se sabe, porque la Provincia no hizo una encuesta de victimización para establecer una línea de base que le permita conocer hoy el nivel real de delitos y, de ahí en más, medir, evaluar y perfeccionar lo que hace para garantizar ese grado cero de Estado que es proteger a sus ciudadanos.
