“Cada familia es un mundo”, reza el dicho popular y quienes trabajan con los conflictos judiciales relacionados a Familia aseguran que no es una frase más. Las disputas y las soluciones por temas de dinero, los vínculos y las decisiones, todo se debe adaptar a cada contexto y cada realidad en particular.
Sin embargo, hay problemas comunes que atraviesan a todas las familias y más a quienes no conviven y deben tomar decisiones en el marco de una economía que cada vez aprieta más los bolsillos. Vale decir: las relaciones familiares en un contexto de crisis.
Definir cómo reajustar esa economía familiar hace que, en el caso de los padres separados, deban acordar nuevas formas de cálculo de la cuota alimentaria o su actualización periódica. Incluso, a veces, redefinir las horas y días de cuidado de cada progenitor por cambios en las rutinas laborales.
Todo esto atravesado por un factor emocional siempre complejo, ya que se discute sobre la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.
Especialistas en la temática aseguran que en el último año se incrementaron y acentuaron las judicializaciones en el fuero de Familia como consecuencia de la crisis económica y también del mayor nivel de violencia y crispación social.
Entre las problemáticas que mencionan están los reclamos por el atraso en los pagos de las cuotas alimentarias y los pedidos para actualizar los cálculos, ya sea porque a uno de los progenitores no le alcanza con el monto establecido o porque el otro se quedó sin trabajo o disminuyeron sus ingresos y pide entonces rever el acuerdo.
En algunos casos, la opción de aportar más horas de cuidado se vuelve una alternativa para quienes no pueden pagar la totalidad de la cuota. En otros, se buscan estrategias más drásticas para dar cumplimiento al pago de la cuota, como los remates de bienes del deudor.
El menor ingreso de los progenitores y el aumento en el costo de vida hacen que, por ejemplo, muchos padres y madres lleguen a tribunales porque uno de ellos aduce que sería necesario cambiar de colegio a sus hijos para reducir costos, mientras que el otro progenitor se niega a ellos. Lo que no es justificable jamás es el incumplimiento: aunque la persona quede sin trabajo debe procurar los mecanismos para asistir económicamente a sus hijos.
La enorme preocupación sobre cómo hacer para llegar a fin de mes mantiene la paciencia y los ánimos al límite en todos estos casos, lo que lleva también a una mayor crispación entre las partes y menos acuerdos espontáneos, lo que se refleja en una mayor judicialización de las decisiones que hay que tomar.También llegan a los tribunales de calle Tucumán de la ciudad de Córdoba más pedidos de permisos para la radicación en otro país de uno de los progenitores junto a sus hijos, con la idea de brindarles otras posibilidades a futuro.
Cuando el otro progenitor se niega, debe ser un juez o jueza quienes decidan qué es lo mejor en función del interés superior del niño o la niña.
Atraso en la cuota alimentaria
Uno de los problemas principales asociados a la cuota alimentaria viene dado por la fórmula de cálculo de los acuerdos, que comienza siendo del 50% para cada progenitor y luego se ajusta de acuerdo a quién pasa más tiempo de cuidado, a los ingresos de cada uno y a los gastos generales de los hijos, que van cambiando de acuerdo van creciendo.
Teniendo en cuenta estas variables, generalmente al progenitor que tiene un salario en un trabajo formal, se le aplica un porcentaje de aporte de ese sueldo que no suele ser mayor al 30% o 35%. Para quienes trabajan en forma independiente, el cálculo es equivalente a determinada cantidad de sueldos mínimos.
Sin embargo, como la inflación subió más que los salarios, esa fórmula quedó baja para el progenitor que recibe la mayor parte de la cuota y quedó alta para quien aporta.
“Desde hace aproximadamente un año recibimos consultas para emprolijar la cuota en base a los aumentos de los colegios, el valor de la carne, las verduras, etcétera. Generalmente es la mamá la que tiene el mayor tiempo de cuidado de los hijos y la que primero se acerca a plantear esto, porque ya no le alcanza con lo que recibe de su exesposo”, explicó Gastón Arrambide, abogado del estudio Agrelo y Arrambide.
Las consultas que reciben también son por incumplimiento de la cuota o incumplimiento de los gastos anualizados, es decir aquellos gastos extraordinarios (que no se dan todos los meses, pero sí al menos una vez al año): por ejemplo la matrícula del colegio, la mochila, los útiles escolares, entre otros.
¿Qué pasa si hay atraso en el pago de estos gastos? Debido a la inflación constante el atraso de un mes en la cuota puede significar una gran recarga para la otra persona.
Por ello, el Poder Judicial establece una fórmula de cálculo en la que se aplica la tasa de interés pasiva establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), más el 3% del valor.
Entonces, por ejemplo, si un progenitor se atrasó un mes en pagar un gasto anualizado, como por ejemplo, la mochila de la escuela de su hijo, con un valor hipotético de $ 100 mil en febrero ($ 50 mil para cada progenitor), en marzo corresponde al deudor pagar los $ 50 mil más la tasa pasiva de marzo que fue de 3,85%, más el 3%, lo que arroja un valor total de ría $ 56.471.
Sin embargo, en muchos casos, uno de los progenitores no paga el monto acordado y por ello, los jueces proceden a buscar estrategias para sancionar y hacer que cumpla el mismo: suspensión del carnet de conducir, prohibición de asistencia a eventos públicos, inhibición para salir del país, hasta remates de bienes si ello se considera pertinente.
“En muchos casos la prestación alimentaria no puede subir tanto para mantener el mismo estilo de vida, entonces se busca compensar aportando más horas de cuidado de los hijos. Según establece el artículo 660 del Código Civil y Comercial, el cuidado tiene un valor económico. Entonces se plantean nuevos incidentes para modificar la convivencia con los hijos”, explicó Salomé Nausneris, abogada asesora del Fuero de Familia.
La especialista aclaró que por lo general en estos contextos de crisis económica, estos pedidos se dan con carácter de urgencia, por lo que requiere una rápida resolución de los Juzgados.
Más judicialización
Julia Rossi es jueza del Juzgado de Tercera Nominación de los Tribunales de Familia de la ciudad de Córdoba. La letrada indicó que cada uno de los ocho juzgados de este fuero recibe entre 150 y 200 peticiones de ajuste de cuota alimentaria por día. Además, nota un aumento de las apelaciones de las resoluciones que se dan en primera instancia.
“Hay una creciente judicialización de asuntos de la vida cotidiana que ya venía en aumento y que se incrementó el último año, en medio de la actual situación económica. Tenemos pedidos, por ejemplo, porque uno de los padres dice que no pueden seguir manando al colegio privado a su hijo y el otro no está de acuerdo. También situaciones atravesadas por hechos de violencia, con medidas de restricción y que implican otro proceso en las audiencias”, indicó Rossi.
Tanto la jueza como la asesora y el abogado coinciden en que hay muchas situaciones que llegan a la judicialización, pero que podrían resolverse con un mayor nivel de diálogo entre los padres. Por caso, hace pocos días recibieron un pedido para que el juzgado se expida porque los padres no se ponían de acuerdo a cuál guardería mandar a su hijo. En otro, no resolvían en conjunto a cuál psicólogo mandarlo y por eso apelaban a que el tema se decida en el ámbito de los tribunales.
Otros casos comunes son porque uno de los progenitores quiere mandar a su hijo a un colegio religioso y el otro no, o uno de ellos no quiere que practique determinado deporte o actividad recreativa.
“Judicialmente no se puede decir. ‘esta creencia religiosa es mejor que esta otra’. Hay dificultades en el ejercicio de la responsabilidad parental y se pretende una resolución jurídica en la que no hay una respuesta correcta. Las alternativas de respuesta son artesanales de acuerdo a los factores de cada caso”, explicó Nausneris.
Reclamo a los abuelos
Tanto los jueces como los abogados del fuero de Familia de Córdoba coinciden en que se está viendo en forma más frecuente el reclamo a los abuelos por la cuota alimentaria cuando uno de los progenitores, más frecuentemente el hombre, no la paga en el tiempo y la forma previstos.
“Es un panorama complejo de resolver. Tenemos a la mamá de los niños que reclama al papá el pago de la cuota y, frente al incumplimiento, se acude a abuelos o tíos paternos. Allí hay dos personas vulnerables: por un lado, los niños a quienes no se les puede suspender su sustento, y por el otro está el adulto mayor que en muchos casos cobra la jubilación mínima y que vive con lo justo”, indicó al respecto la jueza Julia Rossi.
La letrada advierte también, que en el último año se han incrementado las solicitudes de adultos mayores hacia sus propios hijos por el pago de una cuota alimentaria, algo que antes no se daba con demasiada frecuencia.
Intolerancia y falta de acuerdos
Los especialistas en Familia coinciden en que se observa una tendencia creciente que atraviesa las barreras de lo familiar y es la crispación social, el aumento de la violencia y la intolerancia. Si bien son problemas estructurales, también afecta a los vínculos familiares y, aunque se trata de un fenómeno que se registra hace años, se intensificó con la aceleración de la crisis.
“La conflictividad va creciendo y eso se refleja en las disputas familiares. La paciencia está al límite y la preocupación constante es ‘¿Cómo voy a llegar a fin de mes?’, ‘¿dónde voy a vivir’. Las cuestiones económicas siempre dan pie a reclamos y una escalada de violencia”, explicó la asesora Salomé Nausneris.
“A veces vemos que ante el incumplimiento de la cuota, muchos deciden negar al otro progenitor el contacto con los hijos, que es una situación que no corresponde porque es poner a los chicos en el medio”, ejemplifica Gastón Arrambide, abogado de Familia.
La jueza Julia Rossi advierte este aumento de la intolerancia, pero aclara que el motor no siempre es económico: “Hay muchas familias con buenas posiciones económicas y que discuten y demandan todo”. Por ello, señala la necesidad de implementar políticas públicas enfocadas en prevenir la violencia y otras problemáticas que no se logran resolver solo con órdenes judiciales.
