Un año después del escándalo que desnudó la angustiante situación que se vivía en el neuropsiquiátrico del hospital de Bell Ville, especialistas y legisladores aún reclaman un verdadero cambio en el área y denuncian que algunas de las condiciones precarias continúan.
Aunque admiten que se incrementaron recursos en el área, todavía quedan imágenes difíciles de desterrar. Por ejemplo, las que tomó el viernes pasado en el hospital de Santa María –en Punilla– la legisladora por el Frente Cívico Liliana Montero. Las fotos muestran baños rotos, sucios y con humedad, basura desparramada y salas de contención cuyo uso debería desterrarse, según normas internacionales y como aconseja la Nación.
Por otro lado, el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos en Córdoba difundió un informe a comienzos de año, en el que concluye que poco se hizo por mejorar la situación de los pacientes y adecuar los tratamientos y el presupuesto a lo que dicta la ley provincial 9.848 (llamada "de desmanicomialización"), entre otras normas.
Consultado sobre estos temas, el ministro de Salud de Córdoba, Francisco Fortuna, admitió que la situación de Santa María no es la ideal, pero explicó que la prioridad estaba en terminar las obras en Bell Ville. Anunció, precisamente, que hoy se retirarán los 30 pacientes de Santa María que habían sido trasladados desde Bell Ville hasta terminar las refacciones. Y anticipó un ambicioso plan de obras para Santa María (ver aparte).
El informe
El informe del Observatorio fue parte del Monitoreo 2013 “Mirar tras los muros: situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba”, realizado por la Comisión Provincial de la Memoria y las universidades nacionales de Córdoba y de Río Cuarto, entre otros colectivos. En las conclusiones, figuran asuntos urgentes que se deben atender:
Contención.
Ausencia de protocolos que regulen el uso de las medidas de sujeción física.
Información.
La no utilización del consentimiento informado para todo tipo de prestaciones.
Drogas.
Persisten las políticas de criminalización del consumo de ciertas sustancias y la estigmatización de las personas consumidoras.
Anónimos.
Persisten en las instituciones psiquiátricas personas que, tras varios años de internación, permanecen en condición de NN.
Entorno.
Las personas declaradas inimputables no pueden ser alojadas en unidades penales y deben ser asistidas por las instituciones de salud mental.
Niños.
Los niños y jóvenes en conflicto con la ley penal con problemas de salud mental merecen su protección integral.
A mediano plazo, también mencionan la ausencia de dispositivos sustitutos para las internaciones, que ayuden a efectivizar la desinstitucionalización que plantea la ley. Y reclaman la formación de equipos interdisciplinarios y articulación con los municipios. “Casi no hemos avanzado. Siguen los mismos funcionarios. No hay ningún cambio, por lo menos en lo que podemos ver”, dijo Jacinta Burijovich, psicóloga e integrante del Observatorio.
Fortuna dijo que este año aumentó el presupuesto del área y que la adecuación implica un proceso en el que hay que avanzar con cuidado.
Imágenes
La legisladora Montero retrató el viernes parte de las falencias de infraestructura que sufre el hospital de Santa María. Admitió que los pacientes son bien tratados y elogió la predisposición de los profesionales que trabajan en el lugar.
Pero se mostró sorprendida por el estado de los baños, por la falta de sábanas (las camas tienen sólo una), los inodoros y las duchas rotos, el termotanque insuficiente para todos, el hacinamiento y la acumulación de basura, entre otros aspectos. “Si bien la situación no es tan crítica como la de Bell Ville, se hace insostenible, toda vez que desde 2012 venimos reclamando que se modifique la realidad de ese hospital. Pero los avances han sido casi nulos”, señaló, y reclamó “de una vez por todas hacer intervenciones de fondo y comprometidas”.
