En el mercado cambiario argentino coexisten una multiplicidad de tipos de dólares y formas de adquirirlos. El dólar oficial y el blue, el dólar contado con liquidación y el dólar bolsa. El dólar turista y el dólar solidario. Y la última novedad: el dólar soja o agro.
Más de 10 valuaciones de la moneda extrajera que varían de acuerdo con un sinfín de arbitrariedades tributarias, financieras y cálculos que requieren un capítulo aparte en la historia económica argentina.
En el mercado doméstico, el peso también dejó de tener un único valor “nominal”. En la calle hay una suerte de diferentes “cotizaciones” del peso de acuerdo con el medio de pago que se elija. Una consecuencia de la distorsión y dispersión que genera la inflación.
A pesar de lo que indica la normativa en vigencia –“el precio en un solo pago debe ser el mismo si se paga en efectivo o con tarjeta de crédito o de débito”–, la moneda argentina no vale lo mismo si se paga de contado, con transferencia, débito, tarjeta, u otro dispositivo de uso cotidiano.
“Cuánto vale el peso para consumidores y vendedores depende de impuestos y de costos por utilizar el sistema financiero. Los costos no son únicamente por el valor en sí, sino por el diferimiento del pago en un contexto inflacionario”, apunta Virginia Giordano, economista de Idesa.
Distorsión de precios
Basta ver las vidrieras de los comercios para analizar los descuentos y “promociones” que ponen el énfasis en el medio de pago. Claman por “efectivo”. Dirigentes de diversas entidades de comerciantes reconocen que esta situación ocurre con diferentes variables.
La inflación galopante y la corrida bancaria que llevó al dólar a superar los 340 pesos en estos días decantaron en la economía diaria de una forma inesperada. En muchos locales de Córdoba, el costo de funcionamiento de los diferentes medios de pagos, que usualmente lo asume el vendedor, termina explicitándose en el monto en que se concreta la venta.
En general, los comerciantes señalan que el problema está en la cadena de pago. Con el aumento sostenido de precios, que supera mensualmente el cinco por ciento, la ventana entre la facturación y la acreditación a través de los diferentes sistemas puede demorar entre 21 y 40 días. Eso se traduce en una pérdida al final del ciclo.
Varios locales de la ciudad tienen un precio fijado en vidriera, pero al consultar por los medios de pago comienzan los recargos o los descuentos en caso de utilizar efectivo. Esto no sólo afecta a quienes pagan cash o en cuotas –por cierto, ya son pocas las ofertas que operan sin interés–, sino a cualquier medio de pago.
Cotizaciones
En un ejercicio didáctico, este medio le pidió a la consultora Idesa hacer un pequeño desglose de cómo impactan la carga impositiva y las comisiones de cada medio de pago en el valor de la moneda, en caso de que estos costos operativos se trasladasen al consumidor. En definitiva, se incrementa el precio final de un producto, como se observa en los comercios de la ciudad de Córdoba.
En comparación con sí mismo, el peso en efectivo no pierde su valor. Inclusive puede ser una puerta para conseguir un descuento.
Las rebajas rondan el 10 por ciento, aunque en algunos casos pueden llegar al 15 o al 20 por ciento. En definitiva, tener liquidez aumenta el poder de compra del consumidor, pero a veces termina favoreciendo la evasión fiscal, si la venta se efectiviza sin factura legal.
“La inflación y la distorsión de precios terminan generando un fenómeno que es que la gente se vuelque al mercado informal. Los comercios ofrecen al consumidor un descuento de 10 por ciento en el precio si abonan en efectivo, para así poder evadir impuestos, y es atractivo para ambas partes. Es un claro reflejo del incentivo a la evasión fiscal que existe en la Argentina”, describe Giordano.
Mientras que si el comerciante decidiera trasladar toda la carga impositiva (IVA, Ingresos Brutos, Impuesto a los Débitos y tasas municipales) al consumidor, un peso en efectivo tendría un costo de 1,28 pesos.
Medios digitales
La pandemia popularizó la utilización de billeteras virtuales. Una forma de acceso financiero. De acuerdo con un relevamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en junio pasado creció la utilización interanual de este tipo de dispositivos un 77,8 por ciento.
Si el comerciante carga, además de los impuestos, el costo de utilización del sistema financiero al comprador, el precio final de un producto se encarece un seis por ciento.
Si bien el pago es instantáneo, en algunos casos los operadores no confían en las aplicaciones porque las transacciones pueden caerse, inclusive después de ver el comprobante. Como resguardo, algunos toman el número de operación.
A su vez, sobre este valor, si el comerciante quiere evitar el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, la brecha es mayor. De esta manera, una persona debería pagar 1,35 pesos por cada peso de su billetera virtual.
Tarjetas
El uso de la tarjeta en un pago también tiene un recargo. Se trata de un extra que ronda el 10 por ciento de la compra. Aunque, si se analizan los números finos, por cada peso que busca obtener, el vendedor tendría que cobrar 1,43 pesos al consumidor.
Ese es el resultado si se traslada el cinco por ciento del uso de la terminal electrónica, el 1,8 por ciento de la comisión de la tarjeta y un estimativo de cuatro puntos adicionales por mantenimiento de cuenta.
Mientras que, para quienes usan tarjeta de débito, el recargo puede ser de 34 centavos por cada peso si se suman el cinco por ciento del uso del “posnet” y el 0,8 por ciento de la comisión de la tarjeta.
“El problema no termina acá, ya que también existen deducciones en carácter de pago a cuenta de un impuesto. Este es el caso de Ingresos Brutos, en el que se aplican deducciones o retenciones cuando la venta se realiza con tarjeta de débito o de crédito. El consumidor también se verá perjudicado en estos escenarios, ya que el comerciante suele trasladar estos costos al precio final, por lo que terminará pagando un precio aún mayor”, apunta Giordano.
“Un punto hacia el cual avanzar es en la reducción o eliminación de impuestos distorsivos, como el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios o los derechos de exportación, que atentan contra el desarrollo social y productivo”, señala Giordano, y añade también que una solución es la “reducción de impuestos”.
