El proyecto de ley que presentó el gobierno de Javier Milei en el Congreso para incluir la figura del divorcio extrajudicial busca transformar el proceso actual en la Argentina. Sin embargo, las primeras manifestaciones al respecto parecen ir en contra de la iniciativa legislativa.
El proyecto que impulsa la administración nacional modifica la Ley de Divorcio. Establece en su artículo 1 que se sustituye el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación y agrega una causa más de disolución del matrimonio.
El texto vigente señala que las causas de disolución del matrimonio, son: a) muerte de uno de los cónyuges, b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, c) divorcio declarado judicialmente. En el proyecto de ley agrega a esa lista el “divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el declarado en sede judicial”.
También modifica el art. 437 del Código Civil y Comercial que dispone que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. En la nueva versión se le agrega a este punto que “en sede administrativa, exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal”.
Para la abogada especializada Luciana Ulla, detrás de una presunta simplificación del trámite “se desprotege al ciudadano, ya que queda desamparado a diversos planteos que puede perseguir, en particular de efectos derivados como la cuota alimentaria, el regimen de comunicación y la fijación de compensación económica o recompensa, si se considerara oportuna. Se necesita una asistencia técnica”, indicó.
Según la abogada, el planteo de acelerar el trámite de divorcio ya es un hecho. “El divorcio ya es rápido, porque es incausado. Si una persona pide un divorcio no contencioso, el juez lo concede, no hay trabas”.
Una fuente de Tribunales de Familia consultada por este medio y que prefirió preservar su identidad fue en la misma línea. “Para el Poder Judicial, resolver divorcios no es un problema. No estamos atestados de divorcios, estamos atestados de consecuencias posdivorcios”, expresó.
La iniciativa estatal plantea que este trámite administrativo solamente se aplicaría en principio a divorcios bilaterales y donde no existiesen ni hijos ni bienes en común.
La misma fuente del fuero de Familia mostró desconfianza de eliminar la hiperjudicialización del divorcio. “A prima facie, la presentación conjunta del divorcio parece un proceso judicial tranquilo, pero luego ocurre mucho lío con la liquidación de ganancias, pedido de compensación de económica, parentalidad, cuota alimentaria, atribución de vivienda, etcétera. Y esos reclamos tienen una fecha de caducidad que, una vez cumplido el plazo, no pueden ser solicitados, por lo que tener un juez, abogado y asesor puede prevenir un montón de problemas”. Y agregó: “Si dejamos al ciudadano solo, puede ser peor el remedio que la enfermedad”.
Ambos testimonios coincidieron que el asesoramiento jurídico es “clave y fundamental” porque el ciudadano al momento de egresar de un matrimonio no es el mismo que cuando ingresa.
Y en referencia a la reducción del costo económico que se evitaría, desde el fuero de Familia consideraron que podría dejar de lado derechos, sobre todo de una persona vulnerable en la relación conyugal. Ulla consideró que “todo proceso administrativo tiene un costo”, por lo que ese supuesto beneficio no sería tal.
Desde el Colegio de Abogados de Córdoba señalaron que “su posición es absolutamente desfavorable a este proyecto”. “Ya se trató de alguna manera hace algunos años y ningún jurista estuvo de acuerdo. Además, fue sacado en enero de la Ley Bases. El divorcio exprés ya está en el Código Civil desde 2015 cuando uno de los cónyuges lo solicita unilateralmente. No demora más de dos o tres meses”, expresó su presidente Eduardo Bittar.
Por su parte, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca) también rechazó el proyecto de divorcio administrativo. En un comunicado sostuvo que el proyecto de ley atenta contra la seguridad jurídica, vulnera derechos fundamentales y principios internacionales. “Exhortamos a los legisladores a rechazarlo y proteger los derechos de la sociedad”, sostuvieron.
Inscripción de divorcio y números
La iniciativa del Gobierno persigue que los cónyuges bilateralmente de común acuerdo asistan ante un órgano administrativo, como puede ser el oficial del Registro Civil de la Municipalidad de Córdoba, y planten su intención de divorciarse.
En la actualidad, la inscripción de divorcio es únicamente por sentencia judicial, por lo que de avanzar esta propuesta se deberá diseñar un nuevo protocolo administrativo.
Desde el Registro Civil de la Provincia de Córdoba, están expectantes a lo que pueda ocurrir con el tratamiento del proyecto de ley. “Estamos en comunicación con el Ministerio de Justicia y Trabajo. Ellos nos dirán cuáles serán los pasos por seguir”. En esta dependencia estatal se tramitan los divorcios de matrimonios celebrados vía oficina móvil. En promedio unos 500 por año desde 2022.
Este año, en la Capital se tramitaron 1.629 divorcios. El año pasado hubo 1.708 y en 2022, 3.494, quizás como coletazo de la pandemia.
