De los 1.400 millones de pesos que cuesta desde este mes el servicio de transporte de colectivos en la ciudad de Córdoba, apenas 910 millones de pesos se sostienen con el pago de los pasajeros. El resto tiene que salir de subsidios.
Si no se tratara de un servicio público esencial -en particular, en una ciudad con un esquema de movilidad casi unimodal-, debería declararse en quiebra.
En detalle: el costo laboral, con el último aumento, es de 650 millones de pesos, hay 350 millones más de gasto en combustible y 400 millones por otros costos laborales, como proporción de aguinaldos y vacaciones, juicios y otros gastos “no evitables”, como se agrupan en las planillas de los funcionarios municipales.
En menos de dos meses, volverá a incrementarse el costo salarial. Y ahí sí, advierte el intendente Martín Llaryora, no habrá ni para poner un parche como el que devolvió el servicio en la semana que pasó, cuando ya se habían vencido todas las instancias de conciliación obligatoria con los choferes.
Junto a los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Raúl Jatón, Llaryora lidera el reclamo desde las grandes ciudades del interior por un reparto más equitativo de los subsidios, que hoy quedan en una proporción de un 85 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
El bloque de los intendentes presiona para que los diputados y los senadores de las provincias pidan una sesión especial, que trate una distribución diferente de los recursos que permiten que el boleto cueste 18 pesos en el Amba y desde el lunes 69,50 pesos en las ciudades 2 y 3 de Argentina.
El bloque busca alianzas, incluso con gobernadores cercanos al oficialismo como Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Uñac (San Juan). La fecha clave es la marcha federal convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), que se realizaría el 20 de junio, frente al Congreso, para reclamar una ley federal de transporte.
¿Cuál es la pretensión de los intendentes, incluido Llaryora? Que al menos se vuelva a un reparto de 60 por ciento para el Amba y 40 por ciento para el resto del país. Con esos recursos, ahí sí el problema de cómo sostener un servicio viable vuelve a ser de los intendentes.
La crisis llega en un momento en el que ya se había recuperado en Córdoba el 82 por ciento del corte de boletos prepandemia, con un promedio diario de 540 mil pasajes. De este número, casi el 30 por ciento viaja con pasajes subsidiados, como el boleto educativo gratuito (BEG). Esto hace que con la tarifa a 59,35 pesos (el valor hasta el aumento ahora dispuesto), el promedio por boleto se haya ubicado en un ingreso individual de 46 pesos.
El reparto equitativo de subsidios es el título de los reclamos a la Nación, pero Córdoba apunta otros dos: que se incluya a la ciudad en el sistema de la tarjeta Sube, con todos sus beneficios, y que se corrija la distorsión en los impuestos, que hace que en el Amba cada boleto tribute un poco más de un peso y el 10,5 por ciento de IVA represente en el pasaje cordobés siete pesos por viaje.
El descalabro estructural es de tal magnitud que las otras líneas de trabajo que tiene a mano el municipio para recuperar el sistema pueden parecer poco relevantes, aunque presenten innovación y audacia. Por caso, está terminando de ponerse a punto la app generada en alianza con Google para entregar al usuario información precisa sobre el horario en que pasará el colectivo por la parada que georreferencie.
A la vez, ya se está trabajando en el marco del ente del Gran Córdoba en un esquema de transporte metropolitano que permita que colectivos interurbanos puedan subir pasajeros dentro de Capital, participando de una parte del boleto a los “dueños” de los corredores urbanos.
Y para enfrentar la peor contingencia, ya la Secretaría de Transporte diseñó un plan que incluye taxis y remises compartidos a 700 pesos, con cabecera en los CPC y transportistas escolares subiendo pasajeros en las avenidas para enfrentar un posible conflicto con los choferes de aquí a dos meses. Incluso, con el secretario Marcelo Rodio a la cabeza, todo el elenco político de esa repartición sacó carnés profesionales para manejar ómnibus de Tamse. Esa será la foto si todo lo demás fracasa.
