El doble femicidio cometido por el uruguayo Pablo Laurta en Córdoba, contra su expareja y la madre de ella, ambas madre y abuela de su hijo, sumado al asesinato del remisero que lo trasladó desde Uruguay, no sólo generó conmoción social y una nueva ola de reclamos bajo la consigna “Ni Una Menos”.
También desató un temblor interno en el Poder Judicial provincial que, en la antesala del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (que se conmemora este martes), expone tensiones, dudas y disputas sobre cómo se tramitan las causas de violencia de género y qué se puede esperar del sistema judicial.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) abrió un sumario administrativo contra la fiscal Jorgelina Gutiez, titular del Distrito 4, Turno 6, y tres ayudantes fiscales que intervinieron en las causas previas vinculadas a Laurta. La investigación interna se abrió para analizar si hubo un accionar negligente en el tratamiento de las denuncias que el agresor acumulaba desde 2023.
La medida fue leída por muchos dentro de Tribunales como una señal de “endurecimiento” hacia quienes tienen en sus manos la primera reacción penal frente a la violencia de género, y también advierten que los indicadores no siempre permiten detectar claramente a un posible femicida.
Días después, empleados y funcionarios de Tribunales II organizaron un aplauso masivo en apoyo a la fiscal Gutiez y a sus colaboradores, en un gesto inusual al interior del Poder Judicial. En los pasillos se empezó a hablar de “cacería de brujas”. Pero el impacto no quedó ahí.
Quién debe llevar los casos
Como derivación directa de esos sumarios, los fiscales de distrito -las llamadas fiscalías “de número”–, plantearon formalmente que ya no quieren llevar causas de violencia de género, y que todas estas causas (no solo las graves) deberían ser derivadas a las fiscalías especializadas en Violencia Familiar y de Género.
El pedido encendió nuevas alarmas. Hoy funcionan seis fiscalías especializadas en Córdoba capital y Gran Córdoba. Desde esos despachos señalan que no tienen recursos materiales ni humanos para hacerse cargo de todos los expedientes que involucran violencia de género, al tiempo que aseguran que tampoco sería coherente hacerlo con el esquema normativo vigente.
La Voz dialogó con miembros de cuatro de esas seis fiscalías. “Existe un reglamento, el decreto 98 de 2022 del TSJ, que fija criterios de gravedad y de vínculo para definir qué causas se deben tramitar en las fiscalías especializadas y cuáles en las de distrito”, recordaron desde una de esas oficinas.
Allí señalaron, en estricto off the récord, que si todo se derivara a las seis fiscalías especializadas, el sistema colapsaría: “No podemos absorber todo el universo de conflictos familiares y de género de la ciudad y el Gran Córdoba; somos seis fiscalías y el volumen es enorme”.
Otro funcionario explicó que, a partir del caso Laurta y de los sumarios, muchas fiscalías de número comenzaron a consultar “todo”.
“Nos llaman por expedientes que, según el reglamento, deberían seguir tramitando ellos. Es entendible que estén asustados, pero si nos triplican las causas sin ampliar la estructura se hace imposible mantener el abordaje cuidadoso que estos casos requieren”, dijeron.
En ese contexto, el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, convocó a una reunión con todos los fiscales para este martes 25 de noviembre, con el objetivo de revisar criterios y competencias.
Todavía no hay definiciones, pero en más de un despacho ya hablan de un “antes y después” del caso Laurta en Córdoba.
Más denuncias
En paralelo al ruido institucional, el caso también parece haber tenido impacto en la ciudadanía. El fiscal de Violencia Familiar, Pablo Cuenca Tagle señaló que, en su fiscalía, se verificó un incremento de comunicaciones y denuncias en las semanas posteriores al doble femicidio.
A modo de ejemplo, compara los turnos de una semana de noviembre de 2025 con semanas equivalentes de 2024. En el turno del 8 al 14 de noviembre de 2025 hubo 358 comunicaciones y 36 detenidos, mientras que en el turno del 26 de octubre al 1° de noviembre de 2024, fueron 208 comunicaciones.
Es decir, unas 150 comunicaciones más en una semana, según el registro interno de su fiscalía. En un día pico, llegaron a atender alrededor de 80 comunicaciones.
Cuenca Tagle aclaró que estas cifras se refieren a “comunicaciones/consultas” que realizan las Unidades Judiciales, del Polo de la Mujer y de toda la ciudad, hacia las fiscalías especializadas, y que no todas terminan convirtiéndose en causas que quedan a cargo de su fuero.
Pero a su criterio el trabajo aumentó en dos planos: la lectura y análisis de cada caso, y la detección de los expedientes realmente graves, que exigen respuestas urgentes.
También subrayó que esa suba de comunicaciones puede obedecer a varios factores: la sensibilidad social tras el caso Laurta, la época del año (en el que siempre se registran más casos de violencia) y el aumento de la conflictividad en general.
“Siempre es positivo que la víctima denuncie, porque visibiliza su padecimiento y activa mecanismos de protección como botones antipánico, tobilleras y restricciones”, sostuvo Cuenca Tagle.
Y agregó que, pese a un clima nacional donde se ponen en cuestión políticas de género, en Córdoba se mantienen dispositivos como el Polo de la Mujer y el Centro Integral de Varones, a los que considera “ejemplos concretos y efectivos”.
Desde otra fiscalía especializada confirman que “hubo un aumento” en el volumen de denuncias y consultas, y arriesgan que podría rondar el 40% en algunas semanas, aunque insisten en que todavía están trabajando las estadísticas internas que les pidió Fiscalía General.
“Las mujeres están asustadas, el caso Laurta generó miedo y eso impulsa a denunciar. Y, al mismo tiempo, nuestros colegas de distrito nos derivan más causas ‘por las dudas’”, describieron.
Otros funcionarios, en cambio, relativizaron un aumento en el número de denuncias y señalaron que lo que creció fuerte fue la cantidad de consultas desde las fiscalías comunes, a raíz del temor a nuevos sumarios.
“La cantidad de causas está dentro de los parámetros normales para un fin de año. Lo que cambió es la actitud de algunos fiscales, que ahora nos consultan todo”, resumió una voz del fuero especializado.
Los límites del sistema
En el trasfondo del debate asoma una pregunta incómoda: ¿podría haberse evitarse el doble femicidio perpetrado por Pablo Laurta y que tuvo como víctimas a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio?
Dentro del fuero de Violencia Familiar y de Género hay consenso en que el caso fue “una bomba” que evidenció tanto el nivel de crueldad del agresor, como los límites de cualquier dispositivo de protección para las víctimas.
Varios fiscales recuerdan que no existe ninguna medida de seguridad infalible: ni las tobilleras electrónicas, ni las restricciones de acercamiento, ni los botones antipánico pueden garantizar al 100% que un agresor, decidido y planificador, no llevará adelante su plan asesino si está en libertad.
En ese sentido, explicaron que, en un escenario ideal, podrían haberse detectado indicadores de riesgo en el historial de Laurta, pero que esos mismos indicadores aparecen en centenares de casos en los que no termina concretándose finalmente un femicidio.
“Después de cada hecho extremo, aparece la búsqueda del chivo expiatorio. Y eso es peligroso, porque empuja a decisiones defensivas hacia adentro del sistema”, reflexionó un fiscal especializado.
En esa lógica ubican la reacción de algunos fiscales de distrito, que hoy buscan derivar todos los casos de violencia de género a las fiscalías especializadas.
También señalaron otros problemas estructurales, como la problemática del consumo que agrava la violencia estructural, o la dificultad probatoria en causas que incluyen abusos sexuales dentro de la pareja, entre otras.
A la vez, todos recordaron que la Justicia interviene siempre “después” de que el conflicto ya se produjo, y que el abordaje para reducir los índices de violencia requiere políticas articuladas de manera integral desde la familia, la escuela, la salud mental, las adicciones y el Estado en su conjunto.
Desde las fiscalías recordaron también que nunca se podrá saber “cuántos casos se evitaron” por el accionar preventivo porque sería un razonamiento contrafáctico, pero que, lógicamente, siempre tienen más repercusión aquellas tragedias que lamentablemente no se pudieron evitar.
La importancia de las denuncias
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) publica cada año el informe de femicidios.
Sobre los asesinatos de 2024 determinó que, en el 17% de los casos, las víctimas habían denunciado a sus agresores. Es decir que en la gran mayoría de los casos, estas violencias no pasaron por el sistema judicial.
El dato adquiere relevancia ya que por un lado muestra que es necesario seguir alentando a las víctimas a denunciar (y a difundir las formas para hacerlo) y a prevenir varones violentos en la sociedad.
Por el otro, se muestra que por el volumen de las causas que se tramitan a diario en la Justicia, hay imputaciones, medidas de protección a las mujeres y de punición a los agresores que hacen que merme esa violencia.
Lejos de la disputa judicial, lo cierto es que en Argentina hay 250 víctimas fatales por año producto de la violencia de género y tratados internacionales como el de la Cedaw y en de Belém Do Pará a los que Argentina suscribe, que comprometen a los Estados firmantes a poner todos sus esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y disidencias.
Las víctimas en Córdoba
En Córdoba hay 10 víctimas de femicidio directo y otras cuatro causas de muertes violentas de mujeres que están en investigación.
1. Silvina Curbello (42 años). Monte Maíz. Asesinada el ¿2 de enero por su pareja Roberto José Basualdo quien luego se suicidó.
2. Ivana Mónica Guardia (61 años) Vicuña Mackenna. Asesinada el 8 de marzo. Por el caso está detenido el padre de sus hijos Oscar Alberto Díaz (64).
3. Valeria Laviani (50 años). Río Ceballos. Asesinada el 23 de marzo y por el caso está detenido su pareja Walter Bogado (30).
4. Verónica Torres Zorman (29 años) La Granja. Asesinada por su ex pareja Porfirio Romero (57). Tras asesinarla se suicidó (26 de marzo)
5. Noelia Moyano (30 años). Unquillo. Asesinada el 28 de marzo por su pareja Fernando Barrera.
6. Roxana Silvia Rotchen (51 años). Los Reartes. Asesinada el 17 de abril. Por el caso está detenido su pareja Adrián Norberto Pérez.
7. Milagros Micaela Bastos (22 años) Córdoba. Desapareció en diciembre de 2024. Encontraron su cuerpo en un placard en el departamento de un ex comisario que cumplía arresto domiciliario. Horacio Antonio Grasso, está imputado por el hecho.
8. Brenda Laiza Belén Torres (23 años). Córdoba. Asesinada el 25 de julio. Sus restos fueron esparcidos por la zona norte de Córdoba- Por su femicidio están acusados Gustavo Lencina y Christian Aranda.
9. Luna Giardina (26 años). Córdoba. Asesinada el 11 de octubre junto a su madre. Está detenida su expareja Pablo Laurta, progenitor de su hijo.
10. Mariel Zamudio (53 años) Asesinada el 11 de octubre Córdoba junto a su hija. Su exyerno Pablo Laurta está detenido.
En investigación:
Romina Salas (36 años) Córdoba. Suicidio luego de sufrir violencia de género y realizar múltiples denuncias- (12 de junio)
Mónica Viviana Salguero (62 años) Villa María. Asesinada por su hijo. Luego de una pericia la justicia lo consideró inimputable. (9 de octubre)
Guadalupe del Valle (39 años) Córdoba. Asesinada por un vecino en el marco de una discusión callejera. (16 de octubre)
Brenda Gázquez (28 años) Córdoba. Suicidio luego de sufrir abuso y violencia sexual y acoso por parte de los acusados. (26 de octubre)
