Luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) habilitara de manera provisoria el funcionamiento de Uber en la ciudad de Córdoba, la Municipalidad confirmó este viernes que enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer un marco regulatorio específico para las plataformas de transporte.
La medida fue anticipada por Gabriel Martín, asesor letrado adjunto del municipio, quien aclaró que la sentencia del TSJ obliga al Ejecutivo a avanzar en una regulación local del servicio. “La resolución del Tribunal Superior de Justicia abre un marco de regulación para Uber. La Municipalidad ahora está obligada a enviar un proyecto al Concejo Deliberante para darle un marco legal, que básicamente consistirá en imponer las mismas obligaciones que a un servicio público de autos con software”, señaló el funcionario.
Según explicó, el municipio todavía no tiene un plazo definido para presentar la iniciativa. “La resolución es reciente y se está analizando cómo trabajar en base a ella. La Municipalidad considera que este servicio prestado por aplicaciones como Uber es un servicio público que necesita ser regulado”.
Martín también advirtió que, hasta que la plataforma no se inscriba formalmente en el ámbito municipal y cumpla con todos los requisitos establecidos por el TSJ, continuará operando de manera irregular. “Es importante destacar que, hasta tanto Uber no se inscriba en la Municipalidad, obtenga las habilitaciones y cumpla con todos estos requisitos exigidos por el TSJ, sigue funcionando de manera irregular”, subrayó.
El asesor letrado también hizo una distinción clave: “Incluso si Uber cumple con los requisitos para la plataforma, cualquier vehículo que utilice la aplicación y no cumpla con las exigencias también será considerado irregular. La Municipalidad continuará controlando todo tipo de transporte irregular”.
Qué dice el fallo del TSJ
La resolución del máximo tribunal judicial de Córdoba establece una serie de condiciones para que Uber pueda operar en la ciudad, en tanto se mantenga el vacío legal que existe por la falta de regulación municipal.
El fallo autoriza a la empresa a iniciar los trámites para obtener su habilitación, pero impone una serie de exigencias de carácter excepcional, subsidiario y provisorio.
Entre los requisitos generales, se establece que Uber deberá inscribirse en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), en la Dirección General de Rentas (DGR) de la Provincia y en el Registro de Comercio e Industria de la Municipalidad. Además, debe constituir domicilio legal en Córdoba, presentar su contrato social, el acta de designación de autoridades, el certificado de habilitación comercial, la póliza de seguro de responsabilidad civil y un medio electrónico de pago.
Condiciones para vehículos y choferes
El TSJ también instruyó la creación de un registro municipal específico para este tipo de plataformas. En ese marco, se establecen requisitos adicionales para los propietarios de los vehículos, los conductores y las unidades afectadas.
Los dueños de los vehículos deberán acreditar su inscripción ante Arca, presentar certificado de antecedentes penales y el registro de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Los vehículos, por su parte, deberán estar empadronados en la ciudad, tener una antigüedad no mayor a 10 años, contar con seguro que cubra a pasajeros y equipaje, y aprobar la inspección técnica vehicular (ITV) cada cuatro meses.
También se exige que tengan una capacidad máxima de hasta siete pasajeros, una capacidad mínima de baúl para dos valijas medianas, aire acondicionado frío/calor, y estén ploteados con el nombre del servicio y el logo de la aplicación.
Para los choferes, el fallo impone la obligación de presentar DNI, licencia de conducir habilitante conforme a la ordenanza 12.859 —que regula el servicio de taxis y remises en la ciudad—, alta temprana ante Arca, certificado de cobertura de aseguradora de riesgos del trabajo (ART), y certificados de antecedentes penales y de los registros oficiales de deudores alimentarios y delitos sexuales.
Repercusiones políticas y gremiales
La decisión del TSJ también generó fuertes repercusiones en distintos sectores vinculados al transporte.
Desde el Sindicato de Peones de Taxis, Miguel Arias consideró que la resolución “deja sin trabajo a 5.000 choferes” y exigió al municipio que apele el fallo. “Las aplicaciones estaban prohibidas, pero el control era escaso. Estamos en asamblea permanente”, sostuvo.
Claudio López, del Sindicato de Conductores de Taxis, planteó una postura más moderada: “Esperábamos esta resolución para salir de la incertidumbre. Veremos ahora las reglas que se impondrán a las apps”.
En tanto, la Asociación de Permisionarios de Taxis advirtió que el debate debe trasladarse al Concejo Deliberante y apuntó que la empresa Uber no ha manifestado voluntad de someterse a regulación.
Desde la empresa, Eli Frías, directora de Operaciones Regional, celebró el fallo: “Es un reconocimiento al diálogo y al futuro de la movilidad en Córdoba”.
También se expresaron dirigentes políticos. La concejala Jessica Rovetto Yapur pidió que se trate con urgencia su proyecto para regular las apps y brindó respaldo a los choferes.
Por su parte, Juan Negri, exconcejal de la UCR, recordó que hace casi una década había impulsado un marco regulatorio que no fue tratado, y celebró que la ciudad avance hacia reglas claras: “No se podía tapar el sol con un dedo”, afirmó.
En tanto, Javier Fabre, actual concejal radical, cuestionó que el Poder Judicial haya tenido que intervenir: “Está haciendo algo que no le corresponde, pero se habilita esa posibilidad producto de una omisión del Legislativo municipal. Esto también abre muchísimas puertas en materia de juicios o reclamos por parte de quienes no pudieron trabajar lícitamente por falta de regulación”.
