Impactados de lleno por la devaluación dispuesta por el Gobierno nacional tras las elecciones primarias, los precios de los medicamentos aumentaron un alarmante 27,64% en agosto, lo que constituye la suba mensual más importante de los últimos años. En este 2023, el incremento más significativo había sido el de junio, con un 10,85%, mientras que en julio el ajuste fue algo menos, del 7,46%.
Aunque todos los medicamentos experimentaron fuertes aumentos en este mes que termina, los que lo hicieron en mayor medida fueron aquellos que actúan sobre el sistema inmune, mientras que los que subieron por debajo del promedio fueron los recetados para enfermedades respiratorias.
Los datos se desprenden del relevamiento realizado mes a mes por La Voz sobre la base de los 60 medicamentos más vendidos en el país. En agosto de 2022 esa lista de remedios sumaba un valor total de $ 81.825, mientras que este mes los mismos medicamentos demandaron un gasto de $ 211.455, lo que arroja un aumento interanual del 158,42%.
Por su parte, el Observatorio de Precios del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba registró una suba similar para todos los medicamentos comercializados en el país: 27,2%. Dicho promedio surge de comparar la evolución de precios que tuvieron los 19.130 productos que se consiguen hoy en las farmacias y droguerías.
El promedio de incremento interanual que relevaron las farmacias fue del 153%, mientras que el acumulado en lo que va del año es del 77,8%.
“Lo que se ve es que los laboratorios trasladaron a los precios la totalidad de la devaluación. Antes de las Paso ya teníamos un incremento, y luego se trasladó el 23% de la devaluación”, explicó en diálogo con este diario Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.
“Las farmacias no somos formadoras de precios, es la industria la que define los valores”, remarcó.
Acuerdos de precios
Los convenios firmados entre el Gobierno nacional y la industria farmacéutica para el control de precios de los medicamentos fueron fundamentales para aminorar el impacto de las subas a lo largo del tiempo. Pero el intento de definir un nuevo acuerdo en esta última semana no evitó que el valor de estos productos esenciales se disparara por las nubes.
Desde el año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación –en conjunto con la Secretaría de Comercio Interior– vienen rubricando convenios con las cámaras que aglutinan a las empresas farmacéuticas, en los cuales se establece que los medicamentos no pueden aumentar por encima de la inflación.
El primer convenio del año pasado se firmó el 19 de julio y fue prorrogado por 60 días. Hasta el 31 de marzo de 2023, fecha en que venció el pacto, los precios se mantuvieron por debajo del IPC, a excepción de noviembre.
Desde abril a junio la tendencia fue la opuesta. Sin acuerdo, los remedios crecieron por encima de la inflación, registrando subas exponenciales como la de junio, con cuatro puntos porcentuales por arriba del IPC.
El 13 de julio, Nación anunció un nuevo convenio, pero la devaluacion posterior lo dejó sin efecto. El incremento mensual en julio fue del 7,46% según el relevamiento de este medio.
El Gobierno nacional ahora firmó un nuevo acuerdo con la industria farmacéutica después de la devaluación post Paso. “El convenio establece que no haya más aumentos hasta el 31 de octubre. Deberíamos tener septiembre y octubre con aumento cero”, apuntó Daniele.
Impacto en la salud pública
Consultado respecto a los efectos que este incremento en los precios podría tener en la salud pública, el especialista en Medicina Interna y docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Carlos Presman, indicó que el impacto se relaciona más con lo comercial y no tanto con la cuestión sanitaria.
“El grupo de población que toma más medicamentos son los adultos mayores, que ingieren entre 4 a 6 remedios diarios. Pero al tener una cobertura casi total de Pami siguen accediendo a los remedios a pesar de los aumentos”, indicó el profesional.
Luego, señaló el caso de pacientes que requieren medicación permanente para tratar enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión, cardiovasculares o cáncer, quienes en general están dentro de programas de cobertura nacionales, provinciales o de las obras sociales.
“Por eso la incidencia del aumento del precio de los medicamentos tiene más que ver con la sustentabilidad del modelo farmacia-obras sociales y no tan directamente con la salud pública. Impacta de manera más trascendente en términos administrativos, comerciales, económicos y del modelo asistencial”, sostuvo.
Asimismo, resaltó que Argentina es uno de los países dónde más se consumen medicamentos, principalmente analgésicos y psicotrópicos. “Nuestro país es muy medicamentoso. Hay una asociación cultural de que uno debe tomar algo para estar mejor y el consumo de remedios se publicita en los medios de comunicación, cuando en otros países eso está prohibido”, precisó.
Farmacias en crisis
Las asociaciones que nuclean a los farmacéuticos de Córdoba advierten desde hace tiempo advierten que las obras sociales demoran los pagos y por ello solicitan ahora –tras los fuertes incrementos en los medicamentos– que las droguerías les den un plazo extra de 20 días para concretar los pagos. Y a las obras sociales, que regularicen sus deudas en no más de un mes desde que se presentan las facturas.
A esto se suma ahora la devaluación y el aumento del dólar, por lo que la situación para las pequeñas y medianas farmacias se vuelve más crítica y pone en riesgo su financiamiento.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, dijo que casi el 70% de la financiación de las farmacias en la provincia depende de dos grandes obras sociales. En mayor medida, del Pami y en menor proporción de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).
En el caso de la obra social de los empleados públicos provinciales, Daniele ejemplificó una situación que revela la complejidad del sistema de gastos y recuperos de medicamentos en el país. “Si un medicamento cuesta $ 100, aproximadamente $ 30 quedarían de ganancia para la farmacia. Al resto se lo llevan la droguería y el laboratorio”, explicó. Los $ 70 restantes son los que debe pagar el farmacéutico a la droguería.
Pero la cosa no termina ahí. En el caso de Apross, los afiliados tienen un promedio de 50% de descuento en la compra de un medicamento. Entonces, al momento de adquirir un producto en el mostrador, el cliente paga $ 50 (la mitad de lo que vale en el hipotético caso de este ejemplo), que es lo que conservará el farmacéutico en su caja.
A los 15 días, la obra social le hará a la farmacia un primer pago, que le va a permitir pagar su deuda con la droguería. Por eso es que el colegio viene solicitando que las pequeñas y medianas farmacias puedan tener un margen de 20 días para regularizar sus deudas con las droguerías.
La segunda entrega que hará esa obra social (que por lo general demora unos 30 días) es lo que le generaría ganancias a la farmacia.
Volviendo al ejemplo inicial, Daniele aclaró que tampoco esos $ 30 (de los $ 100 que saldría un producto) van para el farmacéutico. Indicó que desde 2001 se aplican descuentos a los profesionales para bonificar a las obras sociales. En el caso de Apross, es del 12,5%. Entonces, en lugar de ganar $ 30, la farmacia se quedaría con $ 26 (un 12,5% menos).
El caso de Pami es diferente porque los jubilados consiguen los medicamentos a un precio diferenciado (por lo general, 50% más baratos) y el promedio de los descuentos ronda el 80%, explicó Daniele.
Más allá de eso, el mecanismo es similar. Por lo cual las farmacias también solicitan a las droguerías un plazo de 20 días para que puedan concretar el pago de los medicamentos una vez realizada la venta.
“Estamos solicitando esta medida excepcional para darles respiro a las farmacias de barrio, para que puedan seguir existiendo. De otra manera, corremos el riesgo de que se concentre el mercado en algunas grandes cadenas”, agregó el directivo.
Por el momento, Daniele descartó que haya falta de insumos o de medicamentos.
Qué pasa en el interior
Juan Antonio Dellavedova, presidente de la Cámara de Farmacias del Centro Argentino, aseguró que la mayoría de las obras sociales demoran entre 30 y 90 días para realizar los pagos, una vez que la farmacia expendió el medicamento.
“El sector está preocupado por lo que está pasando. Muchas farmacias pequeñas no tienen espaldas para soportar esa desfinanciación”, indicó Dellavedova.
El directivo puso un ejemplo: “Un medicamento valía $ 20 mil el viernes, antes de la devaluación del dólar. Días después, pasó a costar $ 42 mil. El aumento fue de más del 100%, de golpe. Y como el profesional ya había facturado y presentado la venta a la obra social, que recién paga a los 90 días, ahora no alcanza a recuperar los costos y a realizar un nueva compra”.
