El último informe sobre trata de personas (en 2021) en Argentina, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, revela que el Gobierno nacional cumple con los estándares mínimos requeridos para la eliminación de la trata. Esto incluye la elaboración de un nuevo plan de acción nacional; el ofrecimiento a las fiscalías de cursos de formación especializada sobre la investigación y el enjuiciamiento de los tratantes.
Sin embargo, el documento indica que durante 2020 en la Argentina se investigó, procesó y condenó a menos tratantes e identificó a menos víctimas.
“La complicidad oficial en los delitos de trata siguió siendo una preocupación”, apunta el informe, que agrega que el gobierno “no asignó un presupuesto dedicado a los esfuerzos contra la trata ni proporcionó refugios exclusivos para las víctimas masculinas”.
El documento plantea que aunque los fiscales abrieron al menos dos nuevos casos de trata que involucran a funcionarios públicos en ejercicio o con mandato vencido, por segundo año consecutivo el gobierno no informó haber condenado a ningún funcionario cómplice.
El reporte confirma que adultos y niños de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y otros países son explotados en trabajos forzosos en el sector de la confección, la agricultura, la venta ambulante, la producción de carbón y ladrillos, el trabajo doméstico y las pequeñas empresas. También refiere que los tratantes explotan a las víctimas de China y Corea del Sur. Los ciudadanos chinos que trabajan en supermercados, por caso, son vulnerables a la servidumbre por deudas.
Condenas por explotación laboral en Córdoba
Captación de menor de edad. En 2016, Mary Isabel Fuertes Osorio fue condenada a tres años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en perjuicio de una chica de 15 años. En 2010 la víctima había sido captada y trasladada desde Bolivia con distinta identidad hasta Río Cuarto. Fue acogida en el local de venta de ropa de Osorio, en la localidad de Alcira Gigena.
La adolescente trabajaba en atención a clientes obligada a vender ropa (de lo contrario, le negaban la comida), no recibía remuneración por sus tareas, ni gozaba de salidas (Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2)-
Explotación en cortadero de ladrillos. En 2019, el argentino Roberto Ángel Cabrera fue condenado como autor de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y del delito de facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en la Argentina. Cabrera acogió y alojó con fines de trata laboral a 24 personas mayores de edad y a cinco menores; todos, bolivianos con condición migratoria irregular.
Las víctimas eran sometidas a jornadas de explotación que excedían en su extensión los horarios legales, en un cortadero de ladrillos ubicado en la ruta 19, en la localidad de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba. El predio incumplía con toda reglamentación sobre seguridad, salubridad e higiene. El alojamiento de los trabajadores y su familia eran de extrema precariedad (sin puertas y ventanas, y sus techos eran de chapa y en algunos casos solamente cubiertos con nylon).
Se le impuso a Cabrera la pena de ocho años de prisión; la indemnización del daño; el decomiso de los bienes secuestrados en la causa, entre ellos el predio en el que funcionaba el cortadero, vehículos y, dinero en distintas cuentas bancarias (Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nª 1).
Reducción a la servidumbre. En 2020 se condena a Félix Laime Huallpa, de nacionalidad boliviana, como autor penalmente responsable del delito de trata de personas agravado por el número de víctimas y se le impone la pena de cuatro años y ocho meses de prisión y multa en efectivo.
Entre noviembre de 2010 y marzo de 2011, Laime Huallpa abusó de la situación de vulnerabilidad migratoria y económica de ocho víctimas mayores de edad, todos bolivianos, que habrían sido captadas de forma engañosa a los fines de someterlas a prácticas análogas a la servidumbre, consistentes en la realización de trabajos en condiciones inhumanas, por prolongadas horas de servicios y por magros salarios, en un cortadero de ladrillos de la localidad cordobesa de San Marcos Sud.
Se condenó a Laime Huallpa a indemnizar a las víctimas con el equivalente a un salario mínimo vital y móvil por mes de explotación y se ordenó analizar el decomiso de bienes (Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nª 2).
