En la ciudad de Deán Funes, en el norte de la provincia de Córdoba, hace casi dos meses que no se habla de otra cosa. Las denuncias por acoso digital –también llamado "grooming"– contra un entrenador de vóley, un instructor de kickboxing y un practicante del profesorado de Educación Física impactaron en una sociedad que parecía dormida.
A eso se suma la acusación contra un preceptor de una escuela de Villa Tulumba, en una problemática que no distingue latitudes, pero que en comunidades más conservadoras es más difícil hablar.
El grooming es un delito que crece al ritmo del avance de la tecnología. Los adultos se aprovechan de la presencia de niños, niñas y adolescentes (NNyA) en las plataformas para contactarlos, ganarse su confianza y dejarlos vulnerables a delitos más graves.
Los datos hablan por sí solos: en América latina, cuatro de cada 10 niños acceden a un teléfono celular antes de los 9 años, según una encuesta de 17 mil casos que hizo el año pasado Grooming Latam, una red regional conformada por 30 organizaciones que luchan contra este delito.
A su vez, el 49% de los chicos dijeron que habían conversado con extraños en redes sociales y en juegos online; siete de cada 10 recibieron propuestas de “noviazgo” por parte de un desconocido, y al 25% de ellos les pidieron “imágenes de desnudez o semidesnudez” por internet.
Deán Funes no es ajena a este fenómeno social. Sin embargo, que las denuncias hayan sido radicadas contra docentes o referentes de cuidado es aún más controversial.
La fiscal de instrucción Analía Cepede fue la encargada de escuchar a los adolescentes que se acercaron a relatar lo que vivían. “En los últimos meses, hubo varias denuncias referidas a esta temática, algo que no era común aquí”, contó a La Voz.
Dos de las acusaciones llegaron a la fiscalía por denuncias particulares y las otras dos, por la activación de una alerta internacional que confirmó que el IP del dispositivo provenía de la localidad. En algunos casos, hay más de una presunta víctima.
Para Cepede, tiene mucho valor que los NNyA que hayan percibido una vulneración de sus derechos se hayan animado a revelar el acoso que sufrían. Y por consiguiente, que el resto de la sociedad comience a informarse un poco más sobre un hecho que está penalmente castigado y que, de no poder controlarlo, “estamos en riesgo de un suceso más gravoso”.
Políticas públicas como la línea 144, la educación sexual integral (ESI), entre otras, han promovido un cambio de paradigma sobre lo que es ofensivo o no entre los más jóvenes, aunque esto no se traslada a toda la sociedad.
“En algunas conversaciones, persiste la naturalización de ciertos comportamientos que tienden más a culpar a la víctima y no al autor, una suerte de ”cancherismo", de pretender una relación entre pares, cuando en realidad debe haber una distancia entre un adulto y un menor”, agregó la fiscal.
Despertar y cuestionar
Silvana Olmos es psicóloga con perspectiva de género y vive en Deán Funes. Para ella, si bien el discurso hegemónico basado en el conservadurismo y el patriarcado aún está arraigado, una buena parte de la ciudad, pero principalmente las mujeres, “comienzan a despertarse porque observan que la Justicia investiga”.
La especialista reflexionó que en este camino hacia un pensamiento más inclusivo todavía algunos varones perciben una “bajada de línea machista”, un mandato social que proviene mayormente de sus hogares.
“Parece que en comunidades pequeñas una de las primeras reacciones es dudar de si es verdad, sobre todo si ocurrió en un contexto cercano”, sugirió la comunicadora local Lucía Miretti. “Además, en ocasiones, existe una tendencia a no cuestionar la reputación de familias conocidas”, agregó.
Evitar una epidemia virtual
“Enterarnos de estas denuncias fue un balde de agua fría sobre una realidad presente en la comunidad y de la que tenemos que hacernos cargo”, dijo el presidente del Colegio de Abogados de Deán Funes, Pablo Gorosito.
Y agregó: “Si en esto hacemos oídos sordos y escondemos lo que sucede bajo la alfombra, puede ir en crecimiento y volverse aún más perjudicial para los NNyA. Mientras más se conozca, creo que va a ser un freno a un delito para evitar que se transforme en una epidemia virtual para nuestros hijos”.
Para Claudia Díaz, secretaria general de la UEPC Ischilín, la inevitable repercusión pública de los casos provocó aún más daño en algunos NNyA, sobre los cuales hay que reforzar la contención, sobre todo en salud mental.
Como punto de partida para un cambio social, Gorosito destacó la existencia de un marco normativo y de protocolos de acción. Quizás se necesita que se conozcan más. “Ahora hace falta que las familias y las instituciones nos comprometamos a trabajar en conjunto ante este flagelo. Se necesita más diálogo y capacitación. Es una corresponsabilidad que tenemos todos”, advirtió.
Juan José Villalba, docente y referente social, consideró que en este contexto es imprescindible recuperar la vida comunitaria con un control de las pantallas y una fuerte apuesta del Estado en iniciativas de acompañamiento.
Noe Hinny, especialista en psicología jurídica, instó a proteger a los NNyA con una conversación real sin modo sancionador. “Debemos apuntar a un control familiar efectivo y cercano”, expresó.
Cómo actuar ante el grooming
Ante la sospecha de grooming, el protocolo de actuación establece la necesidad de preservar las pruebas (no borrar, hacer capturas de pantalla) y denunciar la situación a través de la línea 102 o la 137, y en la fiscalía más cercana al domicilio. Es importante no confrontar ni bloquear al acosador.
Finalmente, se debe brindar apoyo a la víctima sin culparla, evitar la vergüenza y asegurándole que la responsabilidad es del agresor.
