En un mismo juicio, estarán Brenda Agüero, la enfermera acusada de los asesinatos en serie de recién nacidos en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, y el exministro de Salud provincial Diego Cardozo, a la cabeza de otros nueve exfuncionarios, médicos y enfermeros del hospital, a quienes se les atribuye encubrir, ocultar o destruir pruebas.
La decisión del juez de Control Juan Manuel Fernández López de ratificar las imputaciones del fiscal Raúl Garzón, rechazar las apelaciones, recursos y quejas de los defensores y mantener unificada la causa ya prefigura uno de los juicios más importantes en la historia criminal de Córdoba.
De la lectura finita de la resolución del juez Fernández López y de la reacción que tuvieron, apenas fueron notificados, los defensores de Agüero, surgen ya claras dos estrategias que anticipan momentos clave en ese juicio.
En su larga fundamentación, Fernández López responde a las quejas de Cardozo y del exsecretario de Salud Pablo Carvajal y en esa argumentación saca a la luz algo que era desconocido hasta aquí: no existe ya un frente unificado de defensa entre los exfuncionarios.
Cardozo, revela el texto del juez de Control, dijo que sí ordenó hacer la denuncia a Carvajal y a Alejandro Gauto, por entonces director de Legales del Ministerio de Salud y también imputado en la causa por encubrimiento. Carvajal lo niega. Y en su resolución Fernández López justifica enviarlos a los dos a juicio para que quede claro en el debate oral quién miente, quién dice la verdad. Antes de tener fecha el juicio, ya tiene anotado un careo, al que también podría sumarse el propio Gauto.
La defensa inicial de los exfuncionarios había sido que no omitieron ni encubrieron, porque nunca imaginaron que había alguien asesina o asesino, sino que investigaban posibles causas médicas para la sucesión de eventos inesperados con los recién nacidos en el hospital. Es larguísima la refutación que hace el juez de este argumento, quien advierte que la paradoja que entrega la causa es que la falta de denuncia permitió que ocurriera toda la serie de hechos que no deja dudas sobre las acusaciones contra todos los involucrados.
La elevación a un mismo juicio fue celebrada por los actuales defensores de Brenda Agüero, Juan Manuel Riveros y el exfiscal Gustavo Nievas, quienes desafiaron incluso a sus pares encargados de las defensas de los exfuncionarios a no dilatar los tiempos con apelaciones y recursos e ir ya al debate oral.
“Esperamos que aquellos que se dedicaron a ocultar lo que estaba sucediendo en el Neonatal, ahora no se ocupen de impedir que esta causa llegue a juicio en un tiempo razonable”, dicen. La chicana no es inocente. Ya se ve cuál es la carta argumentativa de los representantes de Agüero: si fueron capaces de omitir, ocultar y destruir pruebas, como plantea la acusación, ¿por qué no pensar que fabricaron una culpable, una “perejil”?
Los defensores de Agüero se plantan como aliados de los acusadores contra los exfuncionarios. Que tengan razón en algunos de sus señalamientos -como la falta de claridad con el reemplazo del lote de la vitamina K, de la que se sospechó en un primer momento- no vuelve inocente a la enfermera, pero los defensores no necesitan ofrecer certezas de eso, sino exacerbar dudas sobre la suma de indicios que compone la acusación contra Agüero.
Como Soledad Laciar en el juicio contra los policías que mataron a su hijo, Valentino Blas Correas, las cinco madres que perdieron a sus bebés en el Neonatal y algunas de las ocho que están criando a quienes sobrevivieron a los ataques fallidos estarán presentes en la sala, desde el inicio de las audiencias.
Carlos Nayi, el abogado que representa a muchas de ellas, confía en la solidez de la instrucción del fiscal Raúl Garzón y en el respaldo que tuvo la acusación en el Juzgado de Control. Pero no duda de que su carta ganadora son ellas. Es la tercera foto que se adivina para este juicio.
Y ellas estarán ahí. Ofrecerán sus testimonios, cargados de dolor y de humanidad. Escucharán todo. Mirarán todo. Se sentarán en cada audiencia frente a los acusados y los juzgadores. Para recordar a jueces técnicos y jurados populares a quiénes deben darles una respuesta justa, en un juicio que combina una acusación por la mayor secuencia de asesinatos seriales de la historia de Córdoba con la atribución más grave de delitos por responsabilidades funcionales de exfuncionarios en el pasado reciente en la provincia.
