El Tribunal de Ética Judicial de Córdoba emitió una resolución en el caso que involucra a la fiscal Juliana Companys, conocida por llevar adelante la investigación contra Generación Zoe, en la que se le señalan supuestas faltas éticas relacionadas con su participación en el documental de Netflix El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe.
El caso surgió a partir de una denuncia presentada por el abogado Guillermo Dragotto, representante de los imputados Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista. La denuncia señala que la fiscal habría incurrido en falta de imparcialidad, violación del secreto de sumario, uso indebido de recursos públicos y posibles beneficios personales derivados de su participación en el documental.
Entre los argumentos presentados, se cuestionó que se utilizaran espacios judiciales para la filmación, sin autorización clara, y que realizara declaraciones que podrían haber vulnerado el principio de reserva de la causa. Además, se la acusó de actuar de manera subjetiva al emitir opiniones sobre la culpabilidad de los imputados, lo que contravendría su deber de objetividad.
Por su parte, la fiscal Companys negó las acusaciones y aseguró que su participación fue en el marco de su función, con el objetivo de transparentar la labor de la Fiscalía y advertir a la sociedad sobre los riesgos de las estafas piramidales. Afirmó que la información compartida ya era de dominio público, debido a la trascendencia mediática nacional del caso y la abundante información publicada previamente, y que la autorización para la filmación fue otorgada por las autoridades correspondientes.
En su descargo consideró que “resulta un absurdo estar ocupando el tiempo de esta servidora pública.
Respecto al Documental de Netflix, refiere que su participación como “entrevistada por el periodismo de investigación en un documental que trató una de las causas penales más relevantes y trascendentes de los últimos tiempos, tanto en Córdoba como en Argentina y con repercusiones en otros países”, y que ella ”solo se limitó a informar datos, todo en un lenguaje llano y de cara a la sociedad, considerando el estrepito que causó una maniobra novedosa y perniciosa para el público en general, todo lo cual, no puede ser cuestionado por la defensa de los imputados".
También reiteró que la insistencia en maniobras de parte de la defensa de los imputados para tratar de apartarla de la causa.
El fallo del Tribunal
El Tribunal de Ética Judicial concluyó que la fiscal habría vulnerado principios fundamentales del Código de Ética Judicial, como imparcialidad, reserva y prudencia, aunque no se hallaron pruebas de que hubiera recibido beneficios económicos por su participación. Asimismo, consideró que algunas respuestas de la fiscal fueron confusas o incompletas.
Uno de los aspectos que señala la resolución se refiere a quién otorgó la autorización para que la productora del documental de Netflix pudiera realizar registro de imágenes dentro de las instalaciones del edificio de tribunales.
Si bien la fiscal Companys aduce que esto fue avalado por las correspondientes autoridades, en la resolución del Tribunal de Ética aparecen supuestas contradicciones con lo que indican otros funcionarios en relación a que ubican a la fiscal como la única que tenía contacto con la productora, y contaba con el conocimiento de qué tipo de registro de imágenes se iban a realizar.
En conclusión, el Tribunal resolvió elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y a la Secretaría de Sumarios Administrativos para que se investiguen a fondo las acusaciones y se esclarezcan las circunstancias.
La defensa pide más pruebas
Para el abogado Guillermo Dragotto, la resolución del Tribunal de Ética muestra un “claro desacuerdo con el accionar de la fiscal”.
En tanto, al derivarse el caso a la Secretaría de Sumario Administrativo, entiende que allí se podrá tramitar prueba que ha solicitado en relación a esta denuncia, y que considera que no se ha respondido acabadamente.
Estimó que de confirmarse sus acusaciones esto podría derivar en algún tipo de sanción hacia la fiscal.
Uno de los puntos en los que pretende insistir la defensa de Cositorto es en saber si la fiscal firmó un contrato con la productora, y cuáles serían -en ese caso- las condiciones del acuerdo.
También pedirá que se solicite a la productora que remita el material en crudo de la entrevista para conocer todo lo que la fiscal dijo, más allá de lo que salió publicado en el documental.
Por otro lado, reveló que hay otra denuncia presentada por él frente al Tribunal de Ética en relación a un comunicado emitido por la fiscal una vez que la Cámara del Crimen de Villa María dictó la nulidad de la elevación a juicio. El abogado Guillermo Dragoto entiende que esto también podría llegar a acumularse con los ya actuado por el Tribunal de Ética.
Con la proximidad de la feria judicial probablemente todas estas cuestiones comiencen a dirigirse en los primeros meses del año próximo.
