Cuatro mujeres que compartían habitación en Buenos Aires fueron víctimas de un ataque con una bomba molotov y sólo una sobrevivió. “Las mataron por lesbianas”; suena una y otra vez de parte de integrantes del colectivo LGBTI+ que exigen justicia. No hay antecedentes en la historia nacional de un ataque de esta dimensión.
Según testimonios de los vecinos a organizaciones feministas que están acompañando la causa y también al medio Agencia Presentes, Justo Barrientos, el autor de la masacre, las había amenazado en Navidad y las discusiones eran frecuentes. Le molestaba su orientación sexual y las llamaba “engendros”, “torta” o “gorda sucia”.
Entre la comunidad LGBTIQ+ hay un cierto resurgimiento del miedo. Las muertes de Andrea Amarante, Pamela Cobas y Roxana Figueroa constituyen el ataque de odio más grave registrado en nuestro país y no es un crimen aislado ¿Cuáles son las claves para entenderlo?
Abandono y vulnerabilidad
Las víctimas compartían una habitación sin baño de un hotel familiar en el barrio porteño de Barracas por la que pagaban 50 mil pesos. Pamela y Roxana, pareja entre sí, llegaron allí dos años atrás. Andrea y Sofía se sumaron en enero pasado.
Pamela tenía 52 años y era oriunda de Mar del Plata, tenía dos hijos que llevan su apellido y se dedicaba a vender cosméticos. Roxana tenía la misma edad que Pamela y nunca registró un trabajo en blanco. Ambas cobraban pensiones. En el caso de Andrea, ella había sido trabajadora en el sistema médico y venía de un barrio periférico en Neuquén. Ahora vivían de la venta ambulante.
Hasta el momento ninguna de las tres familias de las víctimas fatales reclamó sus cuerpos. Eso llamó la atención de las organizaciones que están siguiendo de cerca el caso: apenas ocurrió el hecho se formó una red autoconvocada a través de WhatsApp de la que forman parte unas 400 personas de identidades lésbicas de todo el país, que a su vez pertenecen a organizaciones de la diversidad, para seguir de cerca el caso y poner recursos a disposición.
Leticia Veber, integrante de la agrupación cordobesa Alerta Torta y de la nueva red que se armó en relación a este ataque de odio reflexionó, en diálogo con La Voz, sobre lo que hay detrás de la falta de acompañamiento familiar. “La única familia con la que pudimos contactarnos es con la de Andrea, en Neuquén, pero los vínculos con su familia se habían roto hace mucho tiempo y nos dijeron que no iban a reclamar el cuerpo. Esta es una realidad que se repite en muchas personas LGBT mayores que han sido expulsadas de sus familias por su identidad de género u orientación sexual. Hay un sentimiento de orfandad y abandono que es alarmante”.
La falta de apoyo y vínculos familiares, para Leticia es un factor clave en la situación de vulnerabilidad, que se suma a la necesidad de tener que irse de sus lugares de origen para no ser juzgadas. “Ellas estaban en una situación de emergencia económica y habitacional. En un contexto en el que hubo achicamiento o cierre de organismos públicos destinados a dar respuestas ante estas situaciones y ante este colectivo”, agregó.
Desde Alerta Torta emitieron un comunicado en el que advierten que la triangulación entre pobreza, disidencias y salud mental es “una realidad sustantiva que se lleva puesta las vidas de miles de compañeras que no pueden escapar del laberinto que supone la existencia de un determinismo social cada vez más aceptado”.
Por su parte, Gonzalo Gelpi, psicólogo magister en Género, Sociedad y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) explicó: “Para muchas personas de la comunidad la familia elegida son los amigos. La familia biológica queda a un margen cuando interpreta que el hijo no cumple con el mandato de heterosexualidad obligatoria u ocurren hechos de violencia intrafamiliar o expulsión del hogar”. Y agregó: “el acceso a la vivienda es complejo y transversal a los diferentes estratos sociales”.
“Las desvinculaciones pueden ser parciales o momentáneas y en algunos casos se intenta recuperar el vínculo a una distancia que se quiera tener de la figura de crianza. En otros opera una especie de negación o desafiliación y se pone en juego expresiones como “prefiero un hijo chorro a un hijo puto” o similares.
Para Gonzalo Gelpi este caso podría ameritar un análisis generacional donde “las nuevas lesbiandades se diferencias de las viejas tortas”. En este sentido citó el trabajo del autor Ernesto Mecchia en “Los últimos homosexuales” para mostrar las transformaciones emancipatorias (sociales, políticas y jurídicas) de los últimos 20 años tras un origen en un contexto opresivo. De este modo, es válido pensar una subcultura con más oportunidades que quizás no tuvieron las víctimas. A la par, en algunos de estos casos se dieron migraciones internas con la esperanza de encontrar un mejor horizonte en Buenos Aires, muchas veces idealizado.
Qué es un crimen de odio
El término surgió en la década de 1980 en EE.UU para visibilizar delitos motivados por el prejuicio, la aversión y la discriminación hacia determinadas víctimas. Con los años, algunos países avanzaron en la creación de un cuerpo normativo que atendiera este tipo de crímenes. En Argentina, a través de la ley 26.791 se modificó el artículo 80 del Código Penal para agravar aquellos homicidios cometidos de un hombre hacia una mujer mediando violencia de género. Antes solo existía el agravante del vínculo, pero con esta nueva figura -la del femicidio- no es necesario acreditar un vínculo sino probar que mataron a la mujer por su condición de mujer, el motivo está en el género.
Mayca Balaguer, abogada de Fundeps y especialista en temas de género, explica que esa misma ley modificó el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal en el que ya se contemplaban los crímenes de odio “pero ahora se agregan las situaciones de odio originadas en temas de género, de orientación sexual, identidad de género, de expresión de género”. Es decir que se amplía el concepto de crimen de odio, no solo por odio racial o religioso sino también los crímenes contra la población LGBTIQ+.
“En el caso del crimen en Barracas podemos hablar de femicidio porque se nota que hay un claro odio de género y violencia de género de esta persona que no tenía ningún tipo de vínculo pero también es un crimen de odio por la condición sexual de lesbiana y por la orientación sexual. Acá hay dos agravantes”, explicó Balaguer.
Ataques de odio en Argentina
El año pasado hubo 133 crímenes en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto para los ataques según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+. En 2022 se registraron 129 crímenes de odio y en 2021, 120 en Argentina. Estos datos no incluyen a los femicidios.
En Argentina como en el resto de los países de América Latina las mujeres trans y los varones gays leídos con una expresión de género femenina son las principales víctimas de los ataques de odio. Además, especialistas indican que existe una relación directa entre el nivel de laicidad de los estados y los índices de violencia contra las personas LGBT+. “Esto sucedió con Bolsonaro en Brasil y con Trump en EE.UU donde líderes políticos tienen discursos de odio donde incitan o justifican las agresiones a grupos minorizados”, sumó Gelpi.
En el caso del lesboodio, según este autor, la literatura científica coincide en que mayormente son víctimas de acoso callejero, algún tipo de violencia y/o violaciones correctivas desde una posición heteronormativa. Sin embargo, un hecho de extrema crueldad como el que sucedió en Barracas es poco usual.
En Córdoba el caso más resonante fue el de Natalia “Pepa” Gaitán, asesinada en 2010 por el padrastro de su novia. Para la justicia no hubo indicios de violencia de género. La sociedad reconoció el lesboodio y en su homenaje se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica cada 7 de marzo.
Después le siguieron un caso de un ataque a golpes en 2014 en el boliche Beep en el que tres mujeres fueron atacadas mientras les gritaban: “tortas”. En 2016 hubo un intento de detención a dos mujeres por besarse en la Plaza Colón y poco tiempo después la expulsión de otras en un bar de la zona sur.
Discursos de odio
Si bien en nuestro país existen leyes con perspectiva de género desde hace más de una década, la construcción de una sociedad libre de violencias, desigualdades y discriminación es una tarea colectiva de todos los días. Los primeros responsables son los Estados que a través de legislaciones y la adhesión a normativas internacionales como la Cedaw y la Convención de Belem Do Pará se comprometen a trabajar por esa igualdad.
Sin embargo, los discursos de odio, que incitan (sutil o directamente) a la violencia, no tienen un marco legal nacional específico, aunque Argentina ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresa el compromiso con la libertad de expresión en su artículo 13 pero indica que las expresiones de odio quedan al margen de la protección de ese artículo y exige que los estados partes proscriban esta forma de expresión: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) se ve reforzada por la diseminación de “discursos de odio” dirigidos a esta comunidad en distintos contextos, incluyendo debates públicos, manifestaciones, así como a través de medios de comunicación y en internet. “La evidencia demuestra que cuando ocurren crímenes contra las personas LGBTI, con frecuencia estos son precedidos de un contexto de elevada deshumanización y discriminación”, indicaron en un informe de la CIDH.
En el país. la investigación llamada “¿Es posible debatir en medio de los discursos de odio?”, realizada por la asociación civil Comunicar Igualdad, analizó cómo fueron atacadas 30 cuentas de feministas durante la discusión por el aborto en 2020 por grupos “antigénero”; es decir, por aquellos que no reconocen las desigualdades sociales entre géneros. Allí detectaron que esas cuentas que realizaban ataques de odio a los colectivos feministas y de la diversidad se replicaban también frente a otros grupos políticos partidarios o a minorías, como las raciales, las étnicas o las migrantes, entre otras.
Hace pocas semanas la expresiones del escritor Nicolás Márquez –biógrafo del presidente Javier Milei– quién se refirió a la homosexualidad como una conducta insana y autodestructiva, habían provocado un sinfín de reacciones de repudio. Manuel Lozano, director de la Fundación Sí, recogió el guante y le respondió: “No somos insanos, pero sí vivimos en un mundo que, a veces, por discursos como el tuyo, puede resultar insano para nosotros”.
Desde la organización Alerta Torta remarcaron con preocupación el contexto creciente de discursos de odio con el ataque en Barracas y su amplificación en los medios de comunicación y desde referentes del Estado o del Gobierno. “La pobreza estructural y el abandono del estado arrincona a las disidencias contra las cuerdas de discursos de raigambre aporofobica, xenofóbica, homo-lesbo y trans odiantes que tienen consecuencias materiales sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”.
Y agregaron: “Si a este contexto de fragilidad extrema se le suma la institucionalización de políticas que redundan en una pedagogía del odio no parece existir un horizonte donde los consensos democráticos más básicos queden a salvo. El cierre del Ministerio de la Mujer, los Géneros y la Diversidad, el vaciamiento del INADI, la “prohibición” del lenguaje inclusivo, los cuestionamientos a la efectividad de la ESI, el despido de trabajadorxs que accedieron a su primer empleo formal gracias al cupo trans, el cuestionamiento de la ley de paridad de género y la construcción de los feminismos y las disidencias como enemigos internos a los que se debe combatir y exterminar son apenas el inicio de la política de depredación que este gobierno está llevando a cabo contra las comunidades más desvalidas del arco social”.
Para Gelpi esta realidad podría mostrar una forma de ejercer ciudadanía sobre cuestiones referidas a la diversidad o incluso marcar un descontento general sobre una forma de gobernar.
“Aún existe una ausencia de palabras sobre lo que sucedió. Nos faltan días de reflexión para entender que denunció este hecho y qué nos movilizó. Más allá de la condena del homicida vamos tomando conciencia de una omisión estructural sobre las carencias cotidianas de estas mujeres”.
Arte como respuesta al odio
Chivy Salado es fotógrafa, activista visual, ilustradora y forma parte del colectivo de dibujo transfeminista Línea Peluda. Su representación de dos mujeres abrazadas sobre la masacre de Barracas se viralizó en redes sociales y fue el canal de expresión de personas que se sumaron a la conversación sobre lo que pasó.
“Con todo lo que había pasado estaba recontra angustiada y tenía una necesidad de decir desde el trazo. Sabía que podía generar reacciones negativas pero valoro que haya tenido una repercusión positiva y ayude a sanar un poco todo lo que estamos viviendo”, contó.
