En las primeras horas del 1 de noviembre de 2013, Jesús María fue escenario de una tragedia que aún hoy permanece en la memoria de sus habitantes. Un fuerte temporal hizo colapsar el puente Centenario, en el cual perdió la vida Arturo Maturano, un conocido remisero de la ciudad. La fuerte crecida del río provocó el derrumbe del antiguo puente y Maturano murió al ser arrastrado con su auto.
Raúl Edgardo Bertola era por entonces presidente de la Dirección Provincial de Vialidad. Al comienzo de la investigación judicial, el fiscal Guillermo Monti lo había imputado por el supuesto delito de homicidio culposo.
Cuando se cumplen 11 años de aquella tragedia, la Cámara de Acusación ratificó la elevación a juicio que había dispuesto el Juzgado de Control de Jesús María. La decisión se tomó tras desestimarse la oposición presentada por la defensa del exfuncionario, que en el inicio del gobierno de Javier Milei fue director general de Vialidad de la Nación y renunció en julio, argumentando “razones personales”.
En la resolución, firmada por los vocales Patricia Farías, Carlos Salazar y Maximiliano Davies, se hace foco en que había informes técnicos en los cuales se advertía sobre el deterioro del puente y que eso había sido comunicado previamente a las autoridades de Vialidad.
Según la acusación, Bertola estaba al tanto de la situación precaria y de riesgo existente en el puente y no habría tomado medidas para evitar el derrumbe. ”Se logró acreditar que la situación de riesgo existía y que había sido puesta en conocimiento de la Dirección Provincial de Vialidad. Que con fecha 8 de marzo de 2010, los ingenieros Marcelo Martínez y Susana Beatriz Faustinelli le informaron a la Dirección Provincial de Vialidad que la defensa del lecho del río había colapsado y concluyeron que era necesario que se restituyera la sección de mampostería de ladrillo de la fundación con mortero cementicio del puente. Además, detallaron que la restitución debía hacerse en forma inmediata y recomendaron que el mismo se mantuviera cerrado al tránsito vehicular y peatonal”, dice la pieza elaborada por la fiscalía.
Bertola se desempeñó como vocal del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad entre 2007 y 2010 y desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2015 lo hizo en el rol de presidente.
La Cámara de Acusación convalidó la investigación en primer término del fiscal Guillermo Monti, que fue luego confirmada por la jueza de Control de Jesús María, en la cual se afirma que se cuenta con elementos de prueba que permiten sostener que Bertola había tomado conocimiento de la situación de peligro. “El informe del ingeniero Martínez fue archivado el mismo día de su presentación, pero Bertola participó de reuniones en las que se abordó la problemática informada, lo que le permitió representarse la posibilidad del resultado lesivo. La situación de riesgo se encontraba acreditada y la Dirección Provincial de Vialidad debía informar tal circunstancia a fin de articular los mecanismos necesarios para abordar la cuestión”, señala la acusación.
Desde la medianoche del 1 de noviembre de 2013 las lluvias no cesaron en la zona hasta acumular más de 100 milímetros. La crecida del río puso en una condición crítica la estructura del viejo puente Centenario, cuya fragilidad ya había sido advertida en múltiples informes municipales.
Esa madrugada, una vecina informó telefónicamente a la Policía sobre el colapso de la estructura. Poco después de las 5:30 de la madrugada, Maturano intentó cruzar el puente sin percatarse de que se había desplomado casi por completo.
La autopsia reveló que la muerte del remisero fue casi inmediata debido al impacto del automóvil contra el agua desde la altura del puente. Su vehículo fue hallado a media mañana, mientras que el cuerpo de Maturano apareció 36 horas después, unos siete kilómetros río abajo.
Julio Adolfo Deheza, el abogado defensor de Bertola, pidió el sobreseimiento por considerar que el exfuncionario no fue responsable de la muerte de Maturano y sostuvo que, por el tiempo transcurrido, el delito se encuentra prescripto, “Cuestionamos la duración razonable del proceso; es una locura la acusación y el tiempo que pasó. Por otra parte, entendemos que acá la única responsabilidad es de la propia víctima, que no advirtió que el puente estaba caído y siguió su marcha”.
En respuesta a uno de los planteos de la defensa, la jueza afirmó que resultaría “temerario sostener que Maturano conocía que la vida útil del puente había llegado a su fin y aun así decidió traspasarlo. Que, aun así, la circunstancia alegada no opera como una concausa, ya que quien ocupaba la posición de garante había tomado conocimiento de la situación de riesgo en la que se encontraba el puente, y se le había recomendado su clausura, lo que le permitió representarse la posibilidad del riesgo lesivo, pero aun así no adoptó la medida necesaria para evitar el desenlace fatal”.
El abogado Carlos Nayi representa a los hijos de Arturo Maturano como querellantes particulares y sobre la resolución afirmó: “Estamos frente a una particular manera de matar, por negligente, por haber desatendido las recomendaciones de profesionales que indicaban que había situaciones de peligro. Maturano fue sorprendido, emboscado por una repentina caída del puente”.
Los planteos defensivos fueron rechazados por la Cámara al sostener que no se presentaron nuevas pruebas o argumentos a favor de Bertola, y la prescripción también fue rechazada. La cámara sostuvo en su resolución que “la finalidad es evitar la impunidad de cualquier delito cometido por un funcionario público” y confirmó la realización del juicio oral y público.
