Mientras se negocia una nueva prórroga de ocho años para que la planta industrial Dioxitek opere en la zona urbana de la ciudad de Córdoba, un relevamiento de higiene y seguridad en el predio donde se produce dióxido de uranio y otros insumos para plantas nucleares, realizado el 22 de enero del año pasado, alertó por el incumplimiento de varias medidas de protección contra incendios.
Entre otras cuestiones, se señaló una cantidad de matafuegos menor a la adecuada, tanques hidrantes para extinguir llamas sin espuma y falta de un sistema de detección automática de fuego y de humo.
La planta está instalada en calle Rodríguez Peña 3250, barrio Alta Córdoba, una zona densamente poblada. La inspección que hizo la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba pocos meses atrás solicitó que se mejoren los sistemas de extinción de incendios, que se coloquen rociadores en tanques de combustible y que se detallen los productos químicos que se almacenan en forma permanente, entre otras medidas requeridas para renovar el certificado y la habilitación.
Tal vez la observación más relevante es la que exige en las superficies mayores de mil metros cuadrados que los muros y aberturas sean de materiales ignífugos. Esto habla directamente del espacio que aloja el horno, que debería estar completamente protegido por muros, cuando en este momento aún tiene cobertura de chapa: una obra civil de relevancia, que obligaría a detener la producción, al menos mientras se trabaja.
La Voz preguntó a Dioxitek, en un pedido de acceso a información pública, si cuenta con habilitación vigente de Bomberos y si la inspección señaló alguna falencia y, en su caso, cuál era o cuáles eran esas faltas.
La empresa del Estado nacional respondió que la última inspección fue el 4 de septiembre de 2025 y que entonces “la Dirección de Bomberos efectuó una serie de recomendaciones y observaciones, las cuales se encuentran debidamente subsanadas o en proceso de implementación por parte de Dioxitek”.
La pregunta pedía que se especificara cuáles eran esas falencias. Dioxitek no respondió con detalle, pero La Voz accedió al informe de Bomberos, con sus indicaciones. Fuera de lo ya mencionado, los peritos pidieron que se identifique los medios de escape para emergencias, se presente la certificación de iluminación de emergencia en vías de escape y se acompañe la certificación eléctrica actualizada de instalaciones y equipos. No consta en Bomberos que se haya subsanado lo observado.
A su vez, Dioxitek ya lleva dos notificaciones por incumplimientos, de parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Según información del Gobierno de Córdoba, “las instalaciones de la empresa Dioxitek fueron inspeccionadas a fines de 2024 por personal técnico de la Secretaría de Desarrollo Sostenible. Se labró un acta indicando el procedimiento que debían llevar a cabo para regularizar su situación. Si bien personal técnico de la Secretaría ha estado en contacto con los responsables ambientales de la empresa para asesorarlos, a la fecha aún no han hecho una presentación formal de la información requerida para su análisis. En 2026 fueron emplazados nuevamente”, se consignó a La Voz.
Dioxitek tiene que presentar sus propios datos de impacto en un documento que es parte del Plan de Gestión Ambiental al que se obligó la empresa tras la habilitación de su actividad en la Provincia. Eso es lo que debe. Si no cumple con estos requisitos, los inspectores de Policía Ambiental pueden intimar y hasta clausurar la planta hasta que se presente esta especie de declaración jurada.
Por último, para la Municipalidad de Córdoba no existe ninguna falencia. “Todo lo que hacen ellos está permanentemente monitoreado, más que cualquier otra actividad que se desarrolla en Córdoba, y son muy cumplidores; está todo estrictamente controlado”, dijo el secretario de Ambiente municipal, Gabriel Martín.
Informe interno
El informe al que accedió La Voz alertaba hace ya un año por una operación de riesgo que se realizaba de forma rutinaria como parte del proceso de mantenimiento del horno. Se trata de un mecanismo rudimentario y de riesgo para los trabajadores, para el enganche de la tapa.
Además, se advirtió en ese paper que no se respetaban los cierres y las aberturas de puertas y de portones en sectores zonificados, y que por este motivo “la contención ambiental para la ventilación no estaría siendo eficaz”. El informe dice, además, que “existen materiales peligrosos depositados en tanques principales que colindan con la calle principal del establecimiento y, como ya ocurrió en varias oportunidades, en una de ellas –reportado vía correo electrónico–, esto fue detectado por oficiales de radioprotección”.
“Si ocurrieran derrames como estos, podrían provocar incidentes en trabajadores o personal externo en circulación”, afirma el documento al que accedió La Voz.
En la primera página de ese documento, se dice que fue elaborado por empleados comunes y aprobado por el bioquímico Juan Martín Campos, quien hasta la semana pasada era el presidente de Dioxitek.
No fue posible hablar con ninguno de los autores. Pero es probable que la consulta no hubiera tenido respuesta alguna, puesto que en la carátula misma se advierte que el documento “es propiedad de Dioxitek” y que “se reserva todos los derechos legales sobre él”.
Advierte que “no está permitida la explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido sin un acuerdo previo y escrito de Dioxitek, y tampoco está permitido hacer reproducciones y entregarlas a terceros”.
Es una fuerte mordaza, pese a ser un tema de interés público y representar un potencial riesgo para la salud pública.
Prestar atención a los elementos que pueden servir para controlar o extinguir incendios no es algo menor en una planta que, para la producción industrial del dióxido de uranio, emplea una gran cantidad de materiales combustibles y potencialmente explosivos, con un stock permanente.
Para Dioxitek no corresponde hablar de “carga explosiva”, porque no se trata de materiales bélicos. Es una distinción semántica, puesto que en el lugar se almacenan en forma constante líquidos y gases inflamables: tres tanques de 18.100 litros de metanol, nueve cilindros de 30 kilogramos con hidrógeno, un semirremolque con 12 cilindros con hidrógeno y un tanque de 39.500 litros de amoníaco.
A su vez, se almacena combustible líquido en gran cantidad: un tanque de 20 mil litros de combustible de avión JET A1. En el predio se acumulan líquidos no combustibles, pero que en contacto con un fuego preexistente favorecen la combustión: existe un stock constante de cinco tanques de 12 mil litros cada uno y otro de 13.250 litros de nitrato de amonio al 60%, seis tanques –de 12 mil, 12.500, 11.500, 14.800 y dos de 18.350 litros– de ácido nítrico al 60%. Completan el combo de materiales peligrosos líquidos y gases no combustibles: un tanque de 6.500 litros de agua oxigenada al 60%, un tanque de 5.000 metros cúbicos de dióxido de carbono (CO2) y dos tanques de 5.000 m3 de nitrógeno refrigerado (NO3).
Niegan incidentes
En sus respuestas al pedido de informes que presentó La Voz, y con la firma de la coordinadora de Seguridad, Calidad y Ambiente de Dioxitek, Noelia Paula Martínez, se asegura que no se registraron accidentes entre 2023 y 2025, “entendidos estos conforme a la definición adoptada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) como todo suceso involuntario, incluidos errores de operación, fallas de equipos u otros eventos de carácter aleatorio cuyas consecuencias reales o potenciales no sean despreciables desde el punto de vista de la seguridad radiológica”.
Hernán Godoy, delegado de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), dijo a La Voz que “no hubo situaciones de riesgo; sí hubo situaciones en las que hubo que frenar la producción, por algún equipamiento con daño sobre el que no teníamos repuestos”.
La Voz intentó contactar a otros delegados gremiales, que no respondieron las llamadas. Uno de ellos es Héctor García, secretario gremial de la Asociación de Técnicos, quien el pasado jueves envió una carta pública a los afiliados en la que dice que se aparta del rol con una alusión a una incompatibilidad.
“Mi condición de secretario gremial puede dar lugar a interpretaciones que no contribuyen al clima de confianza y trabajo conjunto que debemos preservar. Aun teniendo la tranquilidad de haber actuado dentro de los marcos normativos y éticos correspondientes, considero que lo institucional debe estar por encima de cualquier circunstancia individual”, dice García, enigmático. Tampoco respondieron delegados de gremios con menor representación, como ATE.
Las paradas productivas, ya sea programadas o por fallas de equipos, tienen que ser notificadas a la ARN. En su página, la ARN consigna, por caso, que el 7 de febrero de 2025 hubo una parada no programada en Atucha I y que el 22 de mayo de 2024 ocurrió algo parecido en la Central de Embalse.
También se reportó que el 5 de septiembre de 2025 se produjo un “evento de exposición durante tareas de gammagrafía industrial en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén”. No hay ninguna publicación sobre Dioxitek.
Sin contaminación
Dioxitek afirmó, también, que “no se registraron excesos de dosis en trabajadores por encima de los límites regulatorios”, que eso se debe “a que las tareas se desarrollan bajo condiciones de trabajo controladas y que los trabajadores cuentan y utilizan elementos de protección personal adecuados y específicos, diseñados para evitar la incorporación de material radiactivo”.
Godoy corroboró que trabajan con los equipos de protección personal (EPP) pertinentes y que tienen análisis periódicos de absorción de radiación, con registros que están dentro del rango de lo permitido.
Sobre el impacto sobre las áreas cercanas, Dioxitek niega cualquier episodio de contaminación.
“No resulta esperable la generación de consecuencias radiológicas significativas fuera del emplazamiento que requieran la evaluación de escenarios accidentales con impacto en la población vecina”, dice finalmente la respuesta oficial.
La mordaza de confidencialidad
La leyenda en la carátula del informe es una de las manifestaciones de una fuerte política de control de Dioxitek sobre la información. Los empleados, incluso aquellos que tuvieron contratos y hasta quienes fueron despedidos y están en juicio, están obligados a mantener secreto, por una cláusula de confidencialidad.
“El trabajador no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter confidencial de la que haya tenido conocimiento con motivo de la ejecución de las obligaciones emanadas de este contrato, salvo que así lo requiera su cometido o el empleador lo hubiera autorizado en forma expresa. Esta obligación de reserva o de confidencialidad seguirá en vigor aún después de la rescisión o resolución del contrato, haciéndose responsable el trabajador de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados”, dice la cláusula.
–¿La confidencialidad puede justificarse en la necesidad de proteger secretos industriales o datos comerciales? –consultó La Voz al abogado Rodrigo López Tais, constitucionalista y experto en libertad de expresión.
–Sí. Pero no puede utilizarse como una especie de mordaza para ocultar información relevante para la sociedad ni para intimidar fuentes. En esos casos, la cláusula de confidencialidad entra en conflicto directo con el orden público constitucional –afirmó el abogado.
La Voz habló con varios empleados y exempleados de Dioxitek. Cuentan otras cosas. Pero ninguno se animó a revelar su identidad, por miedo. Y en todos los casos, lo que revelaron no se puede publicar, porque lo contaron bajo la condición de un off the record estricto, es decir: lo cuento pero no se puede publicar, ni siquiera bajo reserva de identidad de fuente.
“En mi opinión personal, ningún acuerdo privado puede válidamente anular o neutralizar un derecho de jerarquía constitucional, como lo es la protección de las fuentes periodísticas, que además se vincula de manera directa con la libertad de expresión, el derecho a informar y el derecho colectivo a recibir información. Todos estos derechos tienen hoy rango constitucional”, explicó López Tais.
“Distinto es el caso de los secretos industriales, los datos estrictamente comerciales o la información privada sin relevancia pública. En esos supuestos sí es admisible un margen legítimo de confidencialidad. Pero cuando lo que está en juego es información de interés público –vinculada al funcionamiento del Estado, a hechos de corrupción, abusos de poder o irregularidades institucionales–, ninguna cláusula contractual puede erigirse como una mordaza constitucionalmente válida”, remarcó.
“En síntesis, la protección de las fuentes periodísticas se encuentra por encima de cualquier acuerdo privado, y toda cláusula que opere como un mecanismo de silenciamiento frente a información relevante para la sociedad es jurídicamente cuestionable, por contrariar el orden público constitucional”, afirmó López Tais.
Pedido de informes
En la Legislatura provincial, en tanto, ingresó un proyecto presentado por el presidente del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, reclamando que el Ministerio de Seguridad de Córdoba dé respuestas acerca del episodio “de intimidación sobre personal periodístico” frente a la planta de Dioxitek.
Pide precisiones acerca de si la Policía tiene registrado el hecho, que describa el sistema de vigilancia en torno de esa planta industrial, y si obran filmaciones sobre lo ocurrido en esa situación denunciada.
