La realidad económica de los jubilados nacionales en Córdoba alcanza niveles críticos, según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
De acuerdo a la Canasta de Gastos de Adultos Mayores que releva semestralmente el organismo un adulto mayor necesitó en abril $ 517.216 para cubrir sus necesidades básicas, mientras que el ingreso promedio de quienes perciben la jubilación mínima nacional −sumando el haber básico y el bono complementario− apenas alcanzó los $ 355.820,63.
Dicha cifra representa solamente el 68,8% del valor total de la canasta.
La comparación con los datos de noviembre de 2024 resulta significativa. Hace apenas seis meses, el mismo haber mínimo cubría el 73,7% de los gastos básicos, lo que significa que en medio año los jubilados perdieron casi cinco puntos porcentuales de capacidad adquisitiva.
Los especialistas coinciden en señalar dos factores claves que explican este deterioro acelerado. Por un lado, el congelamiento del bono de $ 70.000 que la Anses paga a los beneficiarios de la jubilación mínima, que no es actualizado desde marzo de 2024. Por otro, el impacto diferenciado de la inflación en rubros particularmente sensibles para la tercera edad, como medicamentos y servicios de salud.
La canasta básica: un rompecabezas imposible para los jubilados
El análisis detallado de la Canasta de Gastos de Adultos Mayores muestra cómo se distribuyen los $ 517.216 que requiere mensualmente una persona mayor para vivir con dignidad en Córdoba.
La alimentación representa uno de los ítems más significativos, con un costo mensual de $ 111.826, calculado en base al valor de la canasta alimentaria de la Defensoría ajustada para personas mayores de 60 años.
Sin embargo, el rubro que más pesa en el presupuesto son los medicamentos, con un gasto estimado de $ 181.000 mensuales, cifra que refleja no solo el aumento de los remedios en las farmacias, sino también la reducción de coberturas por parte del Pami en los últimos meses.
Los servicios básicos del hogar –agua, luz y gas natural– suman otros $ 71.000 mensuales en promedio, tomando en cuenta las tarifas con subsidio para los sectores de menores ingresos.
La limpieza del hogar y el cuidado personal demandan $ 44.800 por mes, considerando la contratación de dos horas semanales de servicio doméstico más la adquisición de productos de higiene.
Para mantener una vida social mínima, la recreación -que incluye una salida al cine y la participación en talleres para adultos mayores- requiere $ 25.000 adicionales.
El transporte, pese a ser gratuito en colectivos gracias al Boleto de Adultos Mayores, implica un gasto de $ 39.790 al considerar cuatro viajes en taxi mensuales para situaciones especiales.
Finalmente, la vestimenta suma $ 43.800, calculados en base a la compra de aproximadamente 15 prendas anuales.
Carlos Galoppo, defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, no duda en calificar la situación como “dramática”. En declaraciones incluidas en el informe, Galoppo señaló que “el congelamiento del bono y la inflación han empujado a miles de jubilados por debajo de la línea de pobreza”, agregando que “estamos hablando de personas que deben elegir entre comer o comprar sus medicamentos”.
El funcionario destacó además que estos cálculos no incluyen el pago de un alquiler, por lo que la situación de quienes no son propietarios de su vivienda es considerablemente peor.
Las cifras demográficas profundizan la gravedad del problema. En Córdoba hay aproximadamente 513.000 jubilados y pensionados nacionales, a los que se suman 140.639 beneficiarios de pensiones no contributivas.
De este total, aproximadamente 350.000 perciben la jubilación mínima, convirtiéndose así en el sector más vulnerable.
El informe advierte que muchos de estos adultos mayores tienen que recurrir cotidianamente a estrategias de supervivencia, como reducir sus compras de alimentos, postergar controles médicos o depender económicamente de familiares.
El sistema de salud: otro frente crítico para la tercera edad
El sistema de salud se convirtió en uno de los puntos más críticos. El Pami, principal obra social de los jubilados, en los últimos meses implementó una reducción progresiva en los porcentajes de cobertura de medicamentos, salvo para aquellos afiliados que logran acceder al “subsidio social”.
Esta medida generó que muchos adultos mayores deban cubrir de su propio bolsillo una parte cada vez mayor de sus tratamientos, en un contexto donde los precios de los medicamentos aumentaron por encima de la inflación general.
El ajuste del 2,4% aplicado a las jubilaciones en abril de 2025 resultó insuficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo, especialmente porque el bono complementario de $ 70.000 se mantuvo sin cambios, advierte el informe.
Los analistas económicos consultados para el informe coinciden en que, de mantenerse esta tendencia, la situación podría volverse insostenible para miles de familias cordobesas donde los ingresos de los adultos mayores son el principal sustento.
El deterioro acelerado de las condiciones de vida de los jubilados no solo representa un problema social urgente, sino que además tiene efectos multiplicadores en la economía local, ya que este sector poblacional reduce progresivamente su capacidad de consumo en rubros no esenciales.
El informe de la Defensoría del Pueblo concluye con un llamado de atención a las autoridades nacionales para que implementen medidas urgentes que permitan revertir esta situación.
Entre las sugerencias se menciona la necesidad de actualizar periódicamente el bono complementario, mejorar los mecanismos de control de precios en medicamentos y servicios básicos, y reforzar los programas de asistencia directa para los casos más críticos.
