Días atrás se realizó un encuentro en el Observatorio Internacional de Democracia Participativa. Allí se presentaron experiencias de procesos de participación y la Municipalidad de Córdoba compartió escenario virtual con otros municipios, entre los que se destacaron Barcelona, Madrid o Montreal. En esta oportunidad, el Gobierno de la capital mostró el “mapa de calor” de la situación social.
El mapa muestra cruzamientos de datos de la ciudad. Entre la información más relevante, se encuentran consignadas las cantidades de organizaciones sociales (infraestructura social, tal como le llaman en el Palacio 6 de Julio) y una división demarcada por colores de las zonas afectadas según un moderado y alto “índice de prioridad social (IPS)”.
Entonces, en color amarillo se puede ver que el sector mayoritario de la ciudad está afectado por un IPS moderado. Son 267 barrios que componen seis zonas predominantes de la ciudad. La característica llamativa que impregna al mapeo esta división por colores es que muestra con claridad que el área amarilla rodea al Centro de la ciudad.
A su vez, el gráfico presenta tres zonas verdes. Se trata de los puntos con deficiencias nulas o mínimas en cuanto al IPS. Desafortunadamente, son los sectores menos abarcadores de la ciudad y se sitúan al centro y mayormente hacia la zona noroeste de Córdoba.
Por último, las periferias aparecen en rojo y tampoco ocupan las dimensiones que alcanza el color amarillo. A excepción de la zona noroeste, dominan todos los bordes de la ciudad (160 barrios).
El mapa grafica la situación de 497 barrios. Es decir que el 85 por ciento de la ciudad está conformada por zonas con IPS alto y moderado. Vale decir que el IPS es un índice de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba, que se define según se detecta población de menores de 0 a 3 años con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI); personas de 18 a 24 años sin secundario completo; personas de 16 a 24 años desocupados, y personas de 18 a 24 años que no estudian, ni trabajan, ni están buscando trabajo.
Esta información inédita que presentó la ciudad de Córdoba ante el Observatorio internacional fue desarrollada por la Subsecretaría de Planificación y Gestión para una Ciudad Inclusiva, de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia. A su vez, se hizo en conjunto con la Dirección de Datos y Análisis Estadístico de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad.
Al recurso, que luego será público, sólo se puede acceder si se ingresa al primer piso de la Secretaría de Políticas Sociales. Allí trabaja la subsecretaria de Planificación y Gestión para una Ciudad Inclusiva, Liliana Montero. “Cuando comenzó la pandemia, el Intendente (Martín) Llaryora tomó la decisión de ampliar una geolocalización. Ese trabajo se había comenzado con organizaciones sociales. Se empezó a construir una herramienta que permitiera definir la política pública”, explica Montero.
La subsecretaria relata que para hacerlo se conformó un “Consejo Social”. Fue integrado por organizaciones sociales, religiosas y gremiales. Ese fue el comienzo de una tarea que permitió identificar las necesidades de la ciudad de Córdoba.
Organizaciones
Montero destaca que “el mapa muestra los problemas que tiene la ciudad. Se puede navegar a través de capas y seleccionar segmentos poblacionales a partir de la variable socioeconómica y demográfica”.
Además, logra detallar que en Córdoba hay más de dos mil organizaciones que aportan su labor al territorio. El detalle aparece distribuido en la ciudad y está representado por miles de puntos, que a su vez parecen una dispersión de hormigas.
“Llegábamos a los barrios y nos encontrábamos con tres comedores en una misma cuadra, trabajando por lo mismo. Al superar la falta de confianza de las organizaciones, se logró un proceso único. Nosotros convocábamos, después íbamos al barrio y les decíamos que ellos eran nuestros jefes, pero nosotros éramos los árbitros”, ejemplifica Montero.
La funcionaria sostiene que el instrumento define los 27 barrios que representan la mayor prioridad para la gestión. “Podía venir el dirigente que quisiera y decir que en su barrio hacía falta algo, pero nosotros logramos crear un indicador objetivo. De esta manera, las políticas públicas se enfocan con un criterio común”, entiende la referente.
Validar la herramienta
"Cuando el Estado asume el liderazgo de las acciones, lo importante es que las tensiones de los territorios disminuyen. Con (Raúl) La Cava, entendemos que para eso hay que escuchar a las organizaciones y actuar en consecuencia".
Esas son las ideas nodulares que dice asumir Montero. Según lo que evalúa, el crecimiento del mapa tuvo que ver con que las organizaciones empezaron a plegarse al trabajo que proponía el municipio.
“Al evaluar el resultado, una está conforme al 100 por ciento. Esto abrió una lógica de la que no se vuelve: las políticas públicas en el ámbito social se determinan por el mapa y se pueden medir”, plantea a cuenta de cómo debería orientar la gestión municipal la distribución de zonas y de infraestructura social.
El mapa ya fue aplicado en dos oportunidades. En un primer momento, se desplegó con la campaña "Nos cuidamos en el barrio" y luego cuando comenzaron los hisopados. “La Provincia definía zonas, pero nosotros llamábamos a los referentes. Y teníamos desde los evangelistas hasta las agrupaciones de base”, recalca la mujer.
Para Montero, esta fue la base de la confianza que empezaron a sentir, de manera progresiva, las agrupaciones de la sociedad civil. Hacia el futuro, el mapa será público y se podrá acceder a los datos genéricos.
