A un día del 3J, fecha en la que se recuerda en todo el país el primer grito de Ni Una Menos, Córdoba sumó un nuevo femicidio que actualizó la discusión por el accionar de la justicia y las herramientas disponibles para afrontar este tipo de delitos.
Evelia Zárate, de 50 años, falleció el miércoles luego de recibir un disparo de arma de fuego el martes pasado por la noche en su domicilio de la ciudad de Cruz del Eje. Su pareja, Fernando Heredia, de 46 años, fue detenido ese mismo día por homicidio en grado de tentativa, acusación que cambió luego de la muerte de la mujer a homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.
El hombre había huido de la vivienda donde ocurrió el crimen, pero horas después fue apresado.
El agresor había sido denunciado por Zárate en 2017. Ese mismo año la Cámara del Crimen de Cruz del Eje lo condenó a dos años de prisión (en suspenso) y estableció una orden de restricción de acercamiento a la víctima de tres años, plazo que se cumplió en 2020. Desde esa fecha y hasta ahora, según indicaron fuentes judiciales a La Voz, no se registraron nuevas denuncias.
El de Evelia Zárate es el noveno femicidio en lo que va del año en la provincia de Córdoba.
Declaraciones y aclaraciones
Luego del femicidio de Milagros Bottone, la joven de 23 años asesinada por su padre el pasado 17 de mayo en barrio Alta Córdoba, de Córdoba Capital, se generaron cuestionamientos al accionar judicial. En ese caso, su madre contaba con botón antipánico y aseguró que había denunciado en reiteradas oportunidades la violación de la restricción de acercamiento de su agresor.
Por ese caso, la Fiscalía General de la Provincia admitió esta semana la solicitud de la mamá de la víctima, Mercedes Martínez, para investigar las distintas actuaciones judiciales en el caso. Y abrió un sumario interno con ese fin.
En ese sentido, el fiscal de instrucción de Cruz del Eje, Reymundo Barrera, hizo declaraciones el jueves en la mañana en El Doce en relación a las limitaciones del sistema judicial para dar respuesta a una problemática tan estructural como la violencia de género.
En un principio indicó que el agresor, no había sido condenado, dato que luego fue rectificado a través de un comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF) que indicó que la Cámara del Crimen de esa jurisdicción lo había condenado en 2017 por lesiones y amenazas agravadas en un contexto de violencia de género.
En el comunicado del MPF indicaron que fiscal Barrera se disculpó luego por el error.
Barrera, en diálogo con La Voz, aclaró sus dichos previos, donde había manifestado que las causas de violencia de género son las más comunes en las fiscalías y que la mayoría no termina con los agresores presos.
“Pido que la sociedad vuelva a ver y escuchar. Es muy claro cuando la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, explicó los motivos por los cuales este hombre (Bottone), que tenía denuncias de violencia, el botón antipánico y una restricción, terminó matando a su hija. La fiscal dijo: ‘No todos pueden estar detenidos. Hay otros medios para controlar a los agresores’. Bueno, en ese caso los medios no funcionaron y un sujeto extremadamente violento estaba libre”, dijo en declaraciones por la mañana. “Evidentemente, el sistema no funciona”, abundó.
Más tarde, el mismo fiscal buscó aclarar sus dichos. “Lo que quise decir allí no fue una crítica al sistema, sino aseverar lo que dijo Croppi, que describió una realidad que vivimos en las fiscalías: los fiscales no podemos meter presos a todos los violentos y eso es así”, indicó a La Voz.
Luego, agregó: “Se adoptan todas las medidas que sean necesarias y aún así a veces no funciona. Hay otras realidades también: en Cruz del Eje no le puedo dar un botón antipánico a una personal de zona rural porque no hay señal. Y en una ciudad donde hay tres patrulleros para 40 mil habitantes también es difícil mantener una consigna policial 24 horas en la casa de una víctima”.
Barrera aclaró que sus dichos, lejos de ser una crítica, son “un baño de realidad”. “Con los elementos que tenemos a nuestro alcance procuramos desde la justicia actuar y proteger a la víctima, que en muchos casos están en situaciones de mucha vulnerabilidad, sobre todo de dependencia económica”, remarcó.
En ese sentido el fiscal remarcó que para erradicar la violencia “la sociedad en su conjunto debe involucrarse”. “El poder judicial actúa cuando la violencia ya se produjo. En este caso había una condena, una restricción que ya había culminado hace tres años y aún así terminó baleando a la mujer. Ningún sistema funciona para eso. Son causas y hechos que nos movilizan y preocupan a los operadores judiciales, siempre está la preocupación sobre si podríamos haber hecho algo más. Hay muchos hechos de violencia, de hecho forman parte de la mayoría de las causas que llevamos”, explicó Barrera.
