En un contexto de reconfiguración del transporte urbano de la ciudad de Córdoba, Christian D’Alessandro, titular del Grupo Fam y socio de Fono Bus, enfrenta una denuncia penal por presuntas maniobras de vaciamiento de esta última empresa, que presta servicio en el transporte interurbano. La acusación fue presentada por sus socios –y hermanos–, quienes lo señalan por administración infiel y desbaratamiento de bienes de la compañía que integran.
La presentación judicial quedó radicada este lunes en la Fiscalía del Distrito 1, Turno 4, de la Capital provincial, a cargo del fiscal Ernesto de Aragón. En ella se detallan supuestas extracciones y transferencias de dinero ajenas al objeto social de Fono Bus, así como la venta y compra de activos sin rendiciones de cuentas.
Según la denuncia, estas acciones habrían perjudicado el funcionamiento del servicio y la rentabilidad de la empresa, en una estrategia para favorecer la expansión de Fam, la compañía con la que D’Alessandro busca ingresar al transporte urbano de Córdoba.
Pedro Despouy, abogado de los denunciantes, explicó que se solicitó al fiscal la aplicación del artículo 302 del Código Procesal Penal, que prevé medidas cautelares para evitar que el denunciado continúe con presuntas maniobras de vaciamiento.
Sin embargo, aclaró que no han pedido que se frenen las negociaciones entre Fam y la Municipalidad, ya que ello excede el objeto de la denuncia. Además, destacó que se trata de un conflicto estrictamente societario y no familiar, pese a que los denunciantes también son hermanos de D’Alessandro.
Según consta en la denuncia, D’Alessandro habría estado retirando fondos de Fono Bus desde abril de 2024 sin justificar su destino ni presentar documentación contable que respaldara esas operaciones.
Entre los movimientos cuestionados, se mencionan extracciones bancarias de alto monto y transferencias hacia cuentas vinculadas a su entorno directo. También se señala que habría vendido activos estratégicos de la compañía, lo que afectó la capacidad operativa del servicio.
El trasfondo de la denuncia y su impacto en el transporte
Los denunciantes sostienen que el accionar de D’Alessandro no sólo perjudicó a los socios de Fono Bus, sino que también impactó en la estabilidad del servicio interurbano que presta la empresa.
En la denuncia, se argumenta que el vaciamiento habría sido planificado para debilitar la firma y así generar un contexto favorable para que Fam, la nueva empresa de D’Alessandro, pueda posicionarse en el sistema de transporte interurbano de pasajeros sin una competencia sólida.
Según explicó Despouy, antes de recurrir a la vía penal, los socios intentaron resolver la situación mediante pedidos de informes y requerimientos formales de rendición de cuentas. Sin embargo, al no obtener respuestas satisfactorias, se agotaron todas las instancias extrajudiciales, lo que motivó la denuncia penal.
D’Alessandro está en negociaciones con la Municipalidad de Córdoba para asumir la operación de los corredores 2, 5 y 7 del transporte urbano, actualmente en manos de Tamse. Un dato llamativo: Fono Bus también habría mostrado interés por el corredor 7.
La postura de la Municipalidad
Mientras avanza la causa judicial, la Municipalidad de Córdoba sigue evaluando la propuesta de Fam para quedarse con las líneas urbanas. Si bien en el municipio sostienen que la denuncia contra D’Alessandro no afecta directamente el traspaso, reconocen que observan de cerca el proceso y las posibles implicancias que podría tener en la prestación del servicio.
“El foco está puesto en la inversión, el plan operativo y la preservación de los trabajadores”, señalaron fuentes del Ejecutivo municipal. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio y la llegada de nuevas unidades, para lo cual Fam ya se comprometió a incorporar 298 ómnibus, la mitad de ellos nuevos.
El avance de Fam y la incertidumbre sobre el futuro del transporte
Fam, que ya opera líneas interurbanas desde el principio de esta semana, está en pleno proceso de expansión. Su oferta para el sistema urbano implica la firma de un contrato precario con la Municipalidad capitalina, en una transición que deja atrás la opción inicial de tercerización a través de Tamse. Esto permitiría asegurar la llegada de nuevas unidades, una de las condiciones exigidas por el gremio UTA para respaldar el traspaso.
El desembarco de Fam en el sistema urbano se da en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del transporte en Córdoba.
El municipio busca avanzar en la reducción de subsidios y en la reestructuración de las concesiones, mientras persisten dudas sobre cómo se financiará la operación y si la nueva prestataria cumplirá con los compromisos asumidos.
Uno de los interrogantes abiertos es el origen de la inversión con la que Fam pretende renovar la flota y garantizar la operatividad del servicio. Hasta el momento, no se ha informado de qué manera se financiará la compra de los 298 colectivos prometidos ni si existen acuerdos con proveedores que respalden la operación.
Pese a los intentos por obtener su versión, Christian D’Alessandro prefirió no realizar declaraciones sobre la denuncia en su contra.
Entretanto, sus socios adelantaron que ampliarán la presentación judicial, al asegurar que detectaron nuevos hechos que podrían agravar la situación.
