El Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 2° Nominación de los tribunales de Río Tercero declaró la nulidad absoluta del contrato de adhesión celebrado entre una concesionaria de vehículos y una clienta para adquirir una motocicleta 0 kilómetro, que nunca le fue entregada, argumentando una supuesta falta de stock.
En el fallo, la jueza Silvana Asnal exhortó a la dependencia de Defensa del Consumidor de la Provincia a que desarrolle campañas de información dirigidas a consumidores y usuarios, con amplia difusión en medios de comunicación y redes sociales, sobre los requisitos y las autorizaciones que deben cumplir y exhibir las empresas que ofrezcan contratos de ahorro previo para adquirir automotores y motocicletas en la provincia de Córdoba.
En este caso, la damnificada y denunciante (una mujer residente en la localidad de Embalse) adujo que conoció a la empresa por publicaciones en las redes sociales en las que aseguraban que la entrega del vehículo se iba a concretar a los 45 días hábiles de la firma del contrato.
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La jueza Asnal advirtió en su fallo que la demandada (una firma de la ciudad de Córdoba) no cumplía con los requisitos legales mínimos para operar con contratos de ahorro previo para la adquisición de motocicletas y automotores, lo que implicaba un riesgo de que ocasione nuevos incumplimientos potencialmente lesivos para los consumidores y el interés social.
La causa se resolvió en los tribunales de Río Tercero porque la denunciante reside en esa jurisdicción regional judicial.
En efecto, la empresa demandada no acreditó su habilitación para celebrar este tipo de contratos y tampoco su inscripción en el registro de sociedades autorizadas que publica la Inspección General de Justicia (IGJ).
Además, había optado por el tipo social denominado sociedad anónima simplificada (SAS), en lugar de sociedad anónima (SA), por lo que no estaba en condiciones de ser habilitada por dicha autoridad administrativa.
La ilegalidad de la concesionaria
La jueza Asnal remarcó que la ilegalidad de la actividad realizada por la empresa demandada era “palmaria y manifiesta” y que no podía convalidarse el contrato celebrado con la clienta, porque implicaría continuar permitiendo este tipo de actividades que, mediante engaños y artificios del mercado, afectan los derechos e intereses de una gran parte de la población; en particular, un sector desprevenido y que, sin contar con información suficiente y eficiente, invierte sus ahorros en operatorias administradas por empresas que pueden resultar insolventes.
Además, sostuvo: “como magistrada (…) no me es posible mirar para otro lado y permitir que empresas como la demandada en autos continúen realizando actividades ilegales, vulnerando gravemente el orden público vigente y afectado el derecho de consumidores y usuarios”.
Por otro lado, estableció que la empresa hacía publicidad falsa y engañosa en redes sociales; ya que prometía “entrega a los 45 días”, “todos los modelos y marcas”, “todas las cilindradas”, “solo con DNI”. Tales publicaciones también aseguraban: “elegí las cuotas a pagar en 12, 48, 24, 36 cuotas fijas”, “sin recibo de sueldo”, “no importa si estas en Seven o Veraz”, etcétera.
A la vez, el fallo judicial dio por acreditado el incumplimiento por parte de la concesionaria de las obligaciones impuestas por la Ley de Defensa del Consumidor, tales como la de brindar información clara y precisa, ofrecer condiciones de trato digno y equitativo.
La sentencia condena a la empresa a pagarle a su clienta 95.000 pesos en concepto de restitución de gastos de suscripción y cuotas abonadas; 180.000 pesos por daño moral; y 500.000 pesos en concepto de daño punitivo.
