Casi en simultáneo con la admisión de los “efectos adversos” que habría ocasionado la vacuna Oxford-AstraZeneca contra el Covid-19 y su posterior anulación de uso en Europa, una mujer de 39 años demandó en Río Cuarto a la farmacéutica por $ 100 millones por una presunta reacción secundaria al inocularse con ella.
La semana pasada, la vacuna comenzó a ser retirada luego de que la empresa admitió en documentos judiciales que puede provocar un efecto secundario y la Comisión Europea anunció la anulación de la autorización para utilizarla.
El caso de la vacuna AstraZeneca
La vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19 fue aprobada por primera vez por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en enero de 2021.
Sin embargo, pocas semanas después crecieron las preocupaciones sobre la inocuidad de la vacuna, cuando docenas de países suspendieron su uso tras detectar inusuales e infrecuentes coágulos sanguíneos en un pequeño número de personas vacunadas. El organismo regulador de la Unión Europea concluyó que la vacuna de AstraZeneca no aumentaba el riesgo general de coágulos, pero las dudas permanecieron, según un reporte internacional de Asociated Press (AP).
Los resultados parciales de su primera prueba de gran magnitud —utilizada por el Reino Unido para autorizar la vacuna— se vieron ensombrecidos por un error de fabricación que no fue reconocido de inmediato por los investigadores. Datos insuficientes sobre la efectividad de la vacuna en las personas de la tercera edad hizo que algunos países restringieran inicialmente su uso a las poblaciones más jóvenes antes de dar marcha atrás.
Miles de millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca se distribuyeron en países pobres a través de un programa coordinado por la ONU, debido a que era más barata y más fácil de producir y distribuir. Sin embargo, estudios realizados posteriormente indicaron que las vacunas de ARN mensajero, fabricadas por Pfizer-BioNTech y Moderna, daban una mejor protección contra el Covid y sus muchas variantes, y la mayoría de los países las adoptaron, aunque eran más costosas.
Río Cuarto: demanda de $ 100 millones contra AstraZeneca y el Estado
La demandante cordobesa, junto con su pareja, demandaron a AstraZeneca y al Estado argentino. De acuerdo con la versión de la mujer, el 4 de enero de 2022, siguiendo las recomendaciones de “expertos”, se colocó la tercera dosis de la vacuna (lote 77.946) en un centro de vacunación de la localidad de Coronel Moldes.
Algunas horas después, siempre según la demanda, comenzó con calambres fuertes y flojedad en las piernas. Su médica le dijo que podía ser un efecto adverso de la vacuna. Le suministraron decadrón y diclofenax para mitigar el fuerte dolor. Se le adormecieron las piernas y la derivaron a una clínica en Río Cuarto.
Según consta en la demanda, le realizaron diversos estudios y le diagnosticaron síndrome de Guillain Barré con cuadriparesia. Le advirtieron que estaría aproximadamente dos meses en silla de ruedas con rehabilitación.
En la presentación, señala que le efectuaron tratamiento con gamaglobulina y dexametasona; y, luego de más de dos meses, le dieron el alta sanatorial, en marzo de 2022. Siguió con neurorrehabilitación y controles neurológicos. Actualmente, según explicó, continúa con rehabilitación, sin movimientos de las piernas y con andador. Si bien puede mover los brazos, indicó que persiste la extrema debilidad en las piernas y no tiene control de esfínteres, aunque logró abandonar la silla de ruedas.
Contó que a sus 39 años camina con extrema dificultad, por lo que necesita la ayuda del andador o de terceros, y precisa de rehabilitación neurorrehabilitación regular. Utiliza apósitos por incontinencia y sigue con fuertes dolores, migrañas, mareos, náuseas y depresión. Según dijo, los médicos pronosticaron que no tendrá mejorías en el futuro.
El sanatorio le diagnosticó síndrome de Guillain Barre (polineuropatía inflamatoria desmielizante aguda), certificado por el jefe de guardia, que le había manifestado la relación del diagnóstico con la vacuna de AstraZeneca.
La mujer indicó que un neurólogo coincidió en el diagnóstico posvacunación. Indicó que padece cuadriparesia flácida, que requiere dispositivos de asistencia para la marcha con discapacidad del 90% para su movilidad. Otro neurólogo advirtió el compromiso desmielinizante en los miembros inferiores.
Un año después de la inoculación, una comisión médica de Río Cuarto, en virtud de retiro por invalidez que solicitó la demandante, dictaminó que posee una incapacidad laboral del 75,6%.
En la presentación, se señala que una médica de la División de Inmunizaciones de Córdoba informó que la denuncia de un evento adverso, supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización (Esavi), se registró en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (Sisa), del Ministerio de Salud de la Nación. Y se informó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) el evento adverso con síntoma Guillain Barré, con reporte de amenaza de vida y discapacidad.
La accionante indicó que la vacunación fue producto de la gran presión social, laboral, de los medios de comunicación y coacción ejercida desde el mismo Estado nacional, ya que –según expuso– no tuvo otra opción que inocularse porque, de lo contrario, perdería su trabajo.
Indicó que confió en el consejo de los “expertos” y perdió mucho más que su trabajo. “Me arrebataron la vida. Soy madre de un nene de 5 años, jamás fui informada y tampoco se me advirtió que podría sufrir efectos adversos, como asimismo de los riesgos/beneficios de la inoculación. No hubo un verdadero consentimiento de mi parte, solamente nula información y coacción”, planteó.
Luego de los reiterados reclamos presentados ante el Defensor del Pueblo de la Nación, su planteo llegó al Ministerio de Salud de la Nación, sin que obtuviera respuestas. Finalmente, decidió acudir al Juzgado federal de Río Cuarto, a cargo de Carlos Ochoa, y demandó por presuntos daños y perjuicios a AstraZeneca y al Estado nacional (Anmat).
La mujer reclamó poco más de $ 100 millones en total: $ 7,4 millones (incapacidad sobreviviente); fondo de reparación Ley 27.573 ($ 25,3 millones); proyecto de vida-pérdida de chance ($ 9,3 millones); daño moral ($ 7,5 millones); daño moral de la pareja ($ 1,5 millones); daño punitivo ($ 49,5 millones), y daño emergente ($ 180 mil).
En la causa interviene el fiscal Rodolfo Cabanillas.
