Se elevó a juicio la acusación a Roberto Clavero (63) por abuso sexual grave continuado contra una hijastra suya. El imputado es uno de los políticos más influyentes de Traslasierra. Tanto que al ser detenido, en marzo, presidía la cooperativa eléctrica Cemdo, la empresa más grande del valle, y el gremio de Empleados de Comercio de Villa Dolores.
Además, era al Presidente del Partido Justicialista del Departamento San Javier y sonaba entre los pre candidatos a la intendencia de la ciudad en 2023. Vecinos de la ciudad protagonizaron numerosas marchas públicas, en estos cuatro meses, pidiendo Justicia para la denunciante. Sobre todo porque se confirmó que la denuncia habitó años en la Justicia sin tramitarse.
El caso resuena como escándalo por la notoriedad del acusado, y porque además supone una cadena de encubrimientos institucionales y políticos en su beneficio. También porque la misma supuesta víctima, llamada Antonella, hoy de 31 años, apareció en algunos medios aportando su identidad y afirmando, entre otras cosas: “Clavero me violó durante toda mi infancia”.
La psiquiatra Ingrid Angela, que atendió a la menor desde 2005, afirmó en marzo, públicamente, que durante más de 15 años, por querer denunciar los hechos, sufrió acosos y persecuciones de distintas instituciones, y amenazas del ahora detenido.
Para ella, existió una protección política e institucional sobre Clavero. Lo mismo indicaron militantes de Derechos Humanos de la zona, que prometen ir en contra de magistrados por incumplimiento de su función. Los defensores de Clavero y Montenegro nada han manifestado públicamente desde las imputaciones.
¿Encubrimientos?
La ex esposa del dirigente, y madre de Antonella, Analía Montenegro, también fue imputada por encubrimiento, por supuesta partícipe necesaria y falso testimonio en la misma causa. No obstante, la mujer está libre bajo fianza, y en esa condición esperará el juicio. La Comisión de Derechos Humanos de Traslasierra apoyó enfáticamente a las denunciantes.
Lucrecia Zambrana, una de las fiscales de Villa Dolores que investiga los hechos, cerró esta semana la etapa de instrucción del caso judicial más resonante de la región en los últimos años.
“Estamos contentos con la celeridad que la fiscalía ha tenido en esta causa, es lo que debe ser” dijo María Luque, titular de la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra. Y agregó: “Lo que toda la sociedad pide, incluso en las marchas, es que se investigue por qué la causa se encajonó durante tantos años, parece que hubo presión por parte del poder político para que no avanzara la denuncia, eso debe investigarse” dijo la militante.
Germán Romero Marcón, abogado querellante en representación de Antonella, aseguró: “Hace más de 15 años que el caso era conocido por la gente de Villa Dolores, y también por la Justicia de esta ciudad, que decidió cajonear la causa, por eso vamos a demandar por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos a los fiscales que pasaron en estos años”.
El letrado aseguró además que pedirá que el juicio por abusos sea público, ya que es un caso que se ha ventilado mediáticamente y la interesa a la comunidad. Y resaltó: “Clavero también debería ser investigado por enriquecimiento ilícito, ya que llevaba una vida que no se lograría con sus sueldos de funcionario, eso debería investigarse de oficio”.
Años de demora
Fuentes judiciales indicaron que la primera denuncia por abusos hacia Antonella fueron en 2005, pero por razones que nunca se explicaron la causa no avanzó después. En marzo de este año, la joven decidió ampliar la denuncia, aportando más detalles sobre los hechos en los que habría sido víctima. En diálogo con La Voz del Interior, contó que Clavero abusó de ella desde que tenía memoria hasta su juventud. Además, acusó a su madre por encubrir y naturalizar los ataques.
El 21 de marzo se supo que Clavero había sido imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador de la víctima, y por promoción a la corrupción de menores.
Con custodia policial, Antonella vive con su compañero y su pequeña hija en un pueblo de Traslasierra. Hasta su vivienda habrían llegado el 25 de marzo personas del entorno del imputado para, supuestamente, disuadir a la denunciante. La chica informó del hecho. Al otro día Clavero fue detenido.
Ese lunes, 28 de marzo, fue la primera de muchas marchas en donde los vecinos pidieron Justicia en el caso. Entre otras consignas, se solicitaba celeridad en la causa, “cárcel común” y “juicio ejemplar” a Clavero.
Hombre fuerte
Desde 2016, Clavero dirigía la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (Cemdo Limitada). Es la empresa con mayor poder económico de Traslasierra, que con miles de asociados presta numerosos servicios en 13 localidades del valle. Como líder de la llamada Agrupación Lealtad, facción del justicialismo local, manejaba los destinos de esa entidad, pero también influía en distintos espacios públicos y políticos. Además, desde hace décadas Clavero lidera el gremio de empleados de comercio, donde aún es el Secretario General.
Antes, el dirigente detenido había sido director General de Municipios y Comunas de Córdoba, e interventor en la Comuna de La Cumbrecita.
