El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, confirmó a La Voz en Vivo que dentro de un mes comenzarán a colocar los primeros portones en calles de los barrios Pan de Azúcar y Loma Sur de esa ciudad del Gran Córdoba.
La medida, que forma parte del “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal de la ciudad”, limitará el acceso a ciertos barrios durante el horario nocturno mediante rejas en calles. Es inédita en todo el país. Hubo un solo caso similar en Guaymallén (Mendoza), que duró cinco años y derivó en conflictos judiciales.
Cornet afirmó que se culminó en esos dos barrios iniciales el Registro de Oposición, por el cual, mediante el sistema de Ciudadano Digital (Cidi), los vecinos ejercen el derecho a la participación ciudadana de manera vinculante.
El resultado fue del 1,9% de oposición por parte de los habitantes que participaron de esos sectores, muy por debajo del 40% que plantea como requisito para dejar sin efecto la medida. Con ese marco, la colocación de los portones avanza.
Además de los propietarios también participaron los inquilinos, que en una primera instancia no estaban incluidos.
En una primera etapa serán 15 los cerramientos nocturnos que se colocarán en las calles de estos dos primeros barrios.
Mientras, la oposición realizó una denuncia ante la Justicia contra el intendente y el secretario de Gobierno, Felipe Crespo, por desobediencia a la autoridad, “por no cumplir la medida cautelar de 10 vecinos”.
Cuándo estarán instalados
Cornet estimó que “en un mes y medio estarán puestos en las calles” las primeras unidades de cierre. Y aclaró que “en ningún momento se interrumpirá la libre circulación de las personas”. Para ello se dejarán abiertos los sectores alternativos para el recorrido de las calles.
Cornet aclaró que el plan tiene varias acciones. Una de ellas es el cerramiento parcial de las arterias secundarias de varios barrios en el horario de 22 a 6. Las otras incluyen la instalación de 250 cámaras lectoras de patentes, y la incorporación de 57 domos policiales y de cinco móviles de Seguridad Ciudadana, más la capacitación al personal.
“Lo de los portones es una medida de un plan que abarca muchas otras cuestiones, como por ejemplo colocación de cámaras, botones antipánico, rondines, identificación de patentes, y otras cosas”, agregó Cornet.
Primero, el municipio llamará a una licitación para la contratación de la empresa encargada de realizar los portones.
“Todo eso lleva su tiempo, porque hay que armar los pliegos. Los proveedores tienen que pasarnos la cotización. Después se adjudica y comienza la construcción de los portones. Y ese proceso también lleva tiempo”, sostuvo.
“Abrazamos al barrio con un anillo de seguridad que consiste en el cierre por la noche de algunas calles secundarias para vehículos y otras calles no se cierran sino que se ponen cámaras de monitoreo para controlar el ingreso y egreso hacia y desde los barrios”, destacó.
Insistió en que “nadie se verá privado de salir e ingresar, simplemente lo tendrá que hacer por los corredores seguros, que son las arterias que estarán abiertas las 24 horas”.
Por una cuestión de costos, y de recursos limitados, dijo que “no se puede colocar una persona por esquina para que abra y cierre los portones”.
Reunión con Seguridad
Cornet confirmó que el proyecto fue presentado a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Lo comprendió”, indicó.
Destacó que aunque la medida no exista hoy en otras ciudades del país, en este caso tomaron otros ejemplos existentes. “Vimos medidas que tomaron los vecinos, y ellos nos dijeron que les cambió la vida”, planteó.
También añadió que hay otros intendentes que le consultan y esperan que comience con la medida para analizar la posibilidad, de acuerdo a los resultados.
Sobre el costo de implementación de los portones, Cornet afirmó que es variable ya que depende de cada punto, como el ancho de cada calle y otros factores.
Pero estimó que puede alcanzar entre los 4 y 6 millones de pesos por portón. Consideró que ese costo se amortizaría en unos seis meses.
Indicó que es muy importante saber que todo lleva un análisis de costo-beneficio. “Nada es perfecto. Y el sistema no es infalible, pero pretendemos intentar soluciones diferentes buscando resultados diferentes”, añadió.
Negativas
La aprobación del programa contra la inseguridad trajo polémica por lo inédito de la medida.
No fueron pocos los vecinos que expresaron su desacuerdo con la iniciativa por considerar que limita la libertad de tránsito, entre otras restricciones.
Además, 10 vecinos fueron a la Justicia para reclamar ampliar la participación del “registro de oposición” que consulta sobre el proyecto. La Cámara Contencioso Administrativa 1 de Córdoba y les permitió dar su voto sin ser inquilinos o propietarios. Pero no frenó el plan de seguridad.
Ahora está en curso otro amparo, pero que no limitaría que el municipio avance con los cerramientos. Por eso, la Municipalidad pudo cerrar el registro en dos barrios ya y argumentar que “son los vecinos quienes solicitan y lo convalidaron con el resultado”, según manifestó Cornet.
Si un fallo ordena cesar el avance, Cornet indicó que lo apelará. “Pero no vamos a ir en contra de lo que diga la Justicia”, aclaró.
Denuncia de la oposición
Marta Banegas, concejal de la UCR, dijo a La Voz que muchos de los vecinos movilizados de barrio Pan de Azúcar no votaron porque no les llegó la notificación por Cidi, y remarcó que “no se notificó a los amparistas”.
Adujo que otros no votaron porque consideran que la medida es inconstitucional y que “había una trampa, porque si te negabas era a todo el proyecto de seguridad y no solo a los portones”, denunció la concejal.
Luis Walther, vecino de Pan de Azúcar, dijo que no quiere portones, pero sí patrullajes con más móviles. “No quiero estar encerrado ni que nadie disponga por dónde debo caminar o pasar por mí barrio”, enfatizó.
En tanto, el concejal Julio Loza, del bloque Elegí Villa Allende, denunció penalmente al intendente Cornet y a Crespo por desobediencia y abuso de autoridad.
La denuncia fue radicada este lunes en la Fiscalía Distrito 2, Turno 1 de Córdoba. “Solicita que en forma urgente e inmediata, se ordene el cese de los efectos del delito, y en consecuencia disponga se paralice toda actividad, compras, licitaciones y obras, que impliquen la continuidad e implementación de la Ordenanza 14/25″, explica la denuncia.
Loza ratificó que “no se cumplió la orden judicial de la medida cautelar de incorporar a los diez vecinos, porque no los notificaron”.
