Los delitos contra la integridad sexual se diferencian de cualquier otro crimen por su particularidad: generan un efecto amedrentador y amenazante en las víctimas, quienes viven estos hechos de manera muy diferente a cualquier víctima de otros delitos.
Por ello, es que se necesita un abordaje especial desde lo judicial. Sin embargo el camino real de las denuncias de las víctimas de abusos suele estar cargada de burocracia y falta de conexión en el mismo sistema que hace que las víctimas deban hacer una especie de “peregrinaje judicial”.
Así fue el caso de B., la joven de 25 años que fue hallada inconsciente el 17 de septiembre en inmediaciones a la Circunvalación tras haber sido violada en forma grupal por parte de un grupo de hombres de su mismo barrio, del suroeste de la ciudad de Córdoba, que ya la había atacado a ella y su familia. En total B. denunció desde 2018 cuatro abusos sexuales, de los cuales tres fueron violaciones grupales. Además, constantemente dejaba asentado que ella y su familia eran víctimas de amenazas por esos mismos violadores.
A pesar de las constantes denuncias y de las medidas de protección temporales (restricción de acercamiento, botón antipánico) durante cuatro años nada pudo frenar el terrible desenlace del 17 de septiembre de este año en la que B. sufrió la tercera violación grupal y en la que la agredieron hasta casi matarla.
Ella aseguró a su entorno que siente que en la justicia descreen de su palabra, incluso que sufrió maltratos y destratos al hacer muchas de estas denuncias. La joven transita desde aquel primer hecho de 2018 una profunda depresión.
Por este último hecho se imputó y detuvo a cuatro hombres y hay otros tres señalados por la víctima. Algunos de ellos también están imputados por lesiones y amenazas aunque nunca habían sido detenidos hasta ahora.
La familia de B. aseguró que en más de 20 ocasiones hicieron denuncias porque les quemaban la casa, los golpeaban y amenazaban constantemente. En general quedaban a cargo de distintas fiscalías y fueron acumuladas muy pocas causas. Por todo ello es que pidieron a la Fiscalía General que se investiguen las actuaciones anteriores. Desde hace 10 días la fiscal adjunta Betina Croppi está a cargo de reunir la información de todas las actuaciones para elaborar un informe tras el cual se determinará si es necesario analizar responsabilidades de funcionarios.
Un largo camino
Las denuncias que pudo reconstruir La Voz fueron 10 de estas presentaciones. En su mayoría eran realizadas en la unidad judicial del barrio y luego remitidas a las fiscalías del distrito 4 (de distintos turnos). Con el listado fueron consultados seis fiscales que dieron precisiones acerca de las presentaciones. Sólo de una no se obtuvo respuesta que es la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual del Turno 1, donde están denunciados todos los delitos de abuso, que son los más graves.
Las identidades de los imputados serán preservadas hasta que se levante el secreto de sumario.
En septiembre de 2018 B. contó a su familia que había sido violada por un grupo de hombres en una juntada de amigos. Tras el hostigamiento del grupo, les advirtió que haría la denuncia.
9 de septiembre de 2018. B. y su familia denunciaron ante la Fiscalía del Distrito 4 turno 6, ahora a cargo de Gerardo Reyes pero en ese momento en poder de Jorgelina Gutiez, que les habían quemado la casa (delitos contra la propiedad). Este hecho habría ocurrido luego de que la banda de atacantes de enterara que B. los denunciaría.
Fuentes de la fiscalía interviniente indicaron que los denunciados fueron imputados por esos delitos.
11 de septiembre de 2018. Dos días después de la primera denuncia, B. radica la denuncia por la violación grupal ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual (DIS) del Turno 1, a cargo de Alicia Chirino. Se denuncian a cuatro personas y luego, el 18 de septiembre se amplía la denuncia hacia una quinta persona que habría participado en el hecho.
Por esta denuncia el 25 de septiembre de ese año se dispone una restricción de acercamiento de tres de los acusados hacia la B. El 26 de diciembre se prorroga de la restricción de acercamiento.
Por ese hecho no hubo imputaciones.
14 de septiembre de 2018. La madre de B. denuncia una coacción calificada. Este hecho recae en la fiscalía de Distrito 4 turno 6 (donde fue denunciado el primer hecho).
18 de septiembre de 2018. Se amplía la denuncia por la violación (Fiscalía DIS del 1° Turno) B. señala a una quinta persona involucrada.
10 de noviembre de 2018. B. denuncia por “delitos contra las personas” a tres personas (que se repiten en las anteriores denuncias) en la fiscalía del distrito 4 turno 4, a cargo de Liliana Copello. No hubo imputaciones en ese momento ni se agrupó la causa.
7 de junio de 2019. B. denuncia hechos que tienen que ver con “delitos contra las personas” y recae en la fiscalía del distrito 4 turno 3, hoy a cargo de Juan Pablo Klinger. Fuentes de esta fiscalía aseguraron a La Voz que les tocó intervenir por el turno y que allí se dispusieron medidas de protección como una consigna policial y se intensificó el patrullaje. Esto fue corroborado y en el sistema figura que el 11 de ese mes el juzgado de Violencia Familiar se volvió a establecer una restricción de acercamiento entre el principal acusado y la víctima. Para ese momento B. contaba con un botón antipánico aunque no se sabe si se lo dieron en ese momento o había sido otorgado en alguna de las instancias anteriores.
El 11 de octubre de ese año se prorrogan las medidas de protección.
Esta causa se acumuló en la fiscalía 4 turno 6 hace dos semanas, es decir tras la última denuncia de violación grupal.
11 de julio de 2019. Se denuncia que los acusados no cumplieron con la medida de restricción de acercamiento, además por lesiones y amenazas. En un primer momento no estaba claro qué fiscalía había intervenido en esta fecha, aunque según pudo corroborar La Voz, habría sido la de Fiscalía de DIS del turno 1 y el juzgado de Violencia Familiar de sexta nominación.
16 de julio de 2019. B. denuncia en la fiscalía de DIS del Turno 1 que el principal acusado de todos los delitos anteriores por un “abuso simple”. Allí contó que el principal acusado de todos los delitos anteriores, la manoseó en una fiesta y la amenazó para que cese con las denuncias.
Este es el segundo hecho de abuso denunciado. En este caso tampoco hubo imputación ni detención del hombre.
26 de septiembre de 2019. B. denuncia desobediencia a la autoridad, amenazas y lesiones leves, lo que recae en la fiscalía del distrito 4 turno 4 (la misma que la denuncia del 10 de noviembre de 2018). Por este delito la fiscal de esa dependencia imputó en ese momento al acusado. Hace una semana (17 de octubre de 2022), tras conocerse el último hecho (la violación grupal) se pidió la elevación a juicio.
Hay otra denuncia pero no relacionada al caso. El 3 de octubre de 2019 al principal acusado se lo denuncia por resistencia a la autoridad en el marco de un control policial. Esto recayó en la fiscalía del distrito 4 turno 1, cuyo titular es Ernesto de Aragón. Desde esta fiscalía confirmaron a este diario que esa causa no tiene relación con las anteriores.
2020 y 2021. La familia de B asegura que las amenazas y amedrentamientos continuaron y que incluso hicieron más presentaciones en comisarías y la unidad judicial del barrio aunque no quedaron constancia. Lo que se presume que podría haber ocurrido es que no las elevaron a alguna fiscalía. También acudían a la fiscalía donde estaban la primera denuncia por abuso para conocer avances en la causa, sin éxito.
Tal como lo dijeron desde el entorno de B., ella decidió en un momento no continuar con las denuncias. Manifestó a su entorno -y lo sigue haciendo- que nadie en la justicia le cree.
Septiembre de 2022. La hermana de B. denunció que la joven fue violada el 17 de septiembre por siete personas. La joven fue hallada en estado inconsciente en inmediaciones a la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba con fuertes golpes, su cadera quebrada y cortes de arma blanca. Esta denunciada fue radicada en la Fiscalía de DIS del Turno 1. En ese momento también se denuncia que en mayo de 2022 B. había sufrido otra violación grupal, en inmediaciones a la avenida Núñez, sólo que por las fuertes amenazas de muerte a su familia, no se había animado a denunciar.
Esa misma semana la fiscal Chirino ordenó detener a tres de los acusados y el 14 de octubre fue detenido e imputado un cuarto hombre.
Ambas denuncias (la de mayo y septiembre de 2022) fueron ratificadas por B., una vez que le dieron el alta de internación. La joven, de 25 años, declaró una hora y media en su domicilio ante la fiscal Chirino el 12 de octubre.
Una interpelación al Estado
B. es representada por un equipo de abogados: Carlos González Quintana, Paula Pedernera y Dania Villanueva, quienes son los querellantes desde el último hecho denunciado y quienes no salen de su asombro por las características del caso.
“Como abogado con más de 15 años de praxis jurídica enfocada en derechos humanos no me había encontrado con un caso tan paradigmático como el de esta joven, porque no sólo es víctima de sus agresores, sino que también es víctima del desamparo judicial al que fue sometida durante sus 4 años de lucha buscando justicia y protección”, dijo González Quintana.
Luego agregó: “El Estado se compromete a diseñar políticas públicas tendientes a erradicar la violencia contra mujeres e infancias y en la práctica esos resortes parecen oxidados. El caso de B. debe servir para que el Estado se interpele hacia adentro, para que jueces, fiscales, policías se interpelen hacia adentro y para que nosotros también, desde nuestro rol de abogadas y abogados también”.
Por su parte, Paula Pedernera, del equipo y quien está más cerca de la joven, explicó: “La dilación judicial afectó de manera directa la integridad de B. Fue violentada por sus agresores y también por un sistema que tras denunciar la dejó absolutamente desamparada, a ella y a su familia. La inacción judicial convierte a la denuncia en un factor de riesgo y al proceso en una eterna postergación del inicio de los juicios. De allí la impunidad de los agresores y también en algún punto la condena de las víctimas”.
Acumulación de causas
Dania Villanueva hace hincapié en que la instrucción General 5/2016 es clave en las causas e indica que no se cumplió en este caso. Allí asegura que en el inicio de la investigación los fiscales tienen que chequear en el SAC (Sistema de administración de causas) si hay actuaciones conexas y en ese caso debe proceder inmediatamente asu acumulación, aún no mediare una imputación.
La abogada también detectó un déficit del sistema general ya que en cuanto a los delitos de integridad sexual, no se permite acumular junto con todos los otros delitos, lo cual no permite tener una mirada integrada de la realidad, que es esa víctima no sólo abusada sino padeciendo constantes amenazas y que forman parte del mismo contexto. “Es un error del sistema que genera revictimización”, dijo Villanueva.
¿Presunto femicida?
El principal acusado en la causa, cuya identidad será revelada tras su declaración en la fiscalía, es también investigado en una causa por un presunto femicidio ocurrido en mayo de este año en la ciudad de Córdoba y que fue investigado primero como “muerte de etiología dudosa”.
