Tres organizaciones sociales de Córdoba presentaron este lunes un informe acerca de las víctimas de violencia de género, su camino en la atención y en las condiciones laborales de quienes atienden este tipo de casos. De allí se desprende que las víctimas acuden en un mayor proporción al Polo de la Mujer, a unidades judiciales y a comisarías locales.
También, que entre los principales obstáculos se encuentra el tiempo de demora en la atención y la precarización de quienes se encargan de atender este tipo de lugares.
Casa Comunidad y Encuentro de Organizaciones elaboraron el estudio para el que encuestaron a 69 personas víctimas de violencia o que han estado cerca, acompañando a una víctima (63 de Capital y 6 de otras localidades) y 47 profesionales que trabajan en la atención a esas víctimas en distintas dependencias (40 de Capital y 7 del interior. De ellas, el 95,7% son mujeres cis, el 2,9% varones cis y el 1,4% no binarias.
El informe, llamado “La deuda es con nosotres”, fue presentado este lunes en el Museo de Antropología de la UNC. Allí, explicaron que encuestaron a quienes trabajan acompañando o atendiendo situaciones de violencia y que en su mayoría son mujeres (91,5 mujeres cis y 8,5% varones cis).
La mayoría de las víctimas de violencia tiene más de 18 años, el 85,7% tiene hijos e hijas a cargo y en el caso de quienes tienen hijos la mitad respondió que esos hijos también fueron víctima de violencia.
En cuanto al tipo de violencia, la mayoría respondió que sufrió violencia psicológica (88,6 %), violencia física (83%) violencia económica (87,1%). En menores porcentajes aparecen la violencia sexual (38,6%), violencia ambiental (37%) y violencia institucional (17%). En porcentajes ya de una sola cifra están violencia laboral (8%), violencia simbólica y otras.
En su gran mayoría, las víctimas o personas que acompañaron a esas víctimas dijeron que el vínculo con el agresor era de pareja o vínculo sexoafectivo, en un 50,7%, expareja, en un 24% y en porcentajes menores: familiar, persona desconocida o no sabe.
Adónde recurren
Las personas víctimas de violencia, según indica el informe, acuden cuando son de Córdoba Capital, al equipo técnico (trabajo social y psicología) del Polo de la Mujer, con un 58,6% del total. Luego al Polo de la Mujer en general (32,8%); en tercer lugar a la unidad judicial del barrio y en cuarto lugar al Juzgado de Violencia Familiar (San Jerónimo 258). En menos porcentaje figuran hospitales, dispensarios, Punto Mujer, o sedes policiales.
Sólo en el 1,7% de los casos la persona no recurrió a ninguna institución.
La cifras cambian cuando se trata de localidades alejadas de la Capital: el 61,3% acudió a la comisaría de la zona; el 16,1% a un Punto Mujer, el 12,9% al hospital y en menor medida: al juez de Paz; al dispensario zonal, a la unidad de violencia de género, unidad judicial y en e 3,2% de los casos no acudió a ninguna institución.
Acompañamiento
Respecto a las respuestas que obtuvieron el 33,3% dijo que obtuvo una atención inmediata que luego se detuvo; el 27,5% que hubo acompañamiento de corto plazo (dos meses); el 18,8% considera que no hubo proceso de acompañamiento y en menor medida: que hubo acompañamiento a mediano plazo (entre 3 y 6 meses), en el 5,7% de los casos. En el mismo porcentaje consideraron que hubo acompañamiento a largo plazo (de entre 6 meses y un año).
La mayoría acudió a dependencias provinciales para la atención (61,7%), y en menor medida: dependencias municipales, nacionales y organizaciones no estatales.
Demoras, un reclamo
Sobre el tiempo de espera para la atención, el 11,4% señala haber recibido atención inmediata, el 15,7% dentro de las 2 horas desde el ingreso, 28,6% estuvo entre 3 y 8 horas, y un 28,6% ha estado más de 8 horas.
La mayoría que refiere a la atención en el Polo de la Mujer o en la unidad judicial que allí existe el 21% dijo haber recibido respuesta inmediata y el 55% manifestó que tuvo que esperar entre 5 y 8 horas para ser atendida. El principal obstáculo que causa esta demora es el de cuidado de las infancias, según aseguraron las encuestadas.
“En muchos casos, las personas en situación de violencia recurren a la institución acompañadas de hijes, cuando no pueden dejarles en la escuela/sala u otro espacio de cuidado. Las demoras a las que se ven sometidas genera grandes dificultades y hace que muchas desistan de solicitar ayuda”, se concluyó.
Por su parte, el informe detalla que las profesionales encuestadas manifestaron “una saturación en la atención, por ser pocas profesionales para desarrollar la tarea de forma satisfactoria en relación la alta demanda que se registra”.
A este obstáculo le sumaron “la escasez de espacios/consultorios y de tiempo pertinente para realizar acompañamientos y seguimientos de manera adecuada, y el desgaste, cansancio, estrés y agotamiento profesional que no es considerado como parte de su labor”.
El 50% de las profesionales del poder judicial Tribunales de Familia y Centros de Acceso a la Justicia (CAJs), indicó que la atención as “poco adecuad2 40%, medianamente adecuada y el 10% para nada adecuada.
Dificultades de profesionales
“La totalidad de profesionales consultades que trabajan en dependencias fuera de la capital provincial, consideran que la atención que pueden brindar es poco o medianamente adecuada, en relación a la demanda recibida. En todas las respuestas señalan que las razones principales se vinculan a la insuficiente infraestructura y la escasez de recursos materiales y humanos para el buen desarrollo de la tarea”, indicaron.
También se refirieron a las condiciones laborales de los profesionales, que el 36.2% son trabajadores de contrato por tiempo indeterminado, el 25.5% becarios y el 19.1% monotributistas. “El porcentaje de personal de planta permanente es mínimo”, indicaron en el estudio.
Por su parte, la remuneración recibida, en el 68% de los casos está por debajo de la canasta básica alimentaria actual ($120.000) y en el 32% por encima de este monto.
Los profesionales expresaron en su gran mayoría (95%) que si bien es necesaria la atención psicológica para los trabajadores que atienden casos de violencia, la gran mayoría (85%) no la recibe.
En el informe, desde Casa Comunidad indicaron que las políticas en general están desarraigadas de los territorios y orientadas a actuar una vez que la violencia se produjo y no para prevenirla: “Hoy es vital contar con políticas públicas que den respuestas universales, que vayan en consonancia con las problemáticas y urgencias, reconociendo y asumiendo un compromiso y una coherencia con las prácticas que se llevan a cabo en los barrios de Córdoba, así como en otras localidades de la provincia”, concluyeron.
