El femicidio de Milagros Bottone el pasado miércoles en Alta Córdoba impactó de lleno en la comunidad y en Córdoba, dadas las características del caso: a Milagros la mató su padre, quien ejercía violencia de género sobre su madre y también sobre ella durante años.
La madre de Milagros, Mercedes Martínez, es sobreviviente de intento de femicidio, ya que en el mismo ataque, Rafael Bottone, su ex, la golpeó. Mercedes tenía botón antipánico desde hacía dos años y había denunciado a su agresor en reiteradas oportunidades, lo que generó un abanico de críticas al sistema de protección.
Tres especialistas de distintas áreas y organizaciones fueron consultadas para reflexionar sobre la situación actual de abordaje en violencia de género o violencia machista.
Las tres especialistas consultadas coinciden en que todas las medidas de protección a las víctimas de violencia de género (restricción de acercamiento, botón antipánico, tobillera dual, entre otras) sirven y son necesarias, incluso reconocen el esfuerzo de los distintos organismos estatales para atender casos de violencia de género y también coinciden en que es necesario mejorar y eficientizar la coordinación entre organismos que intervengan en casos.
“Estoy convencida de que las medidas sirven pero hay que aceitar los elementos y las relaciones entre organismos en forma urgente y acentuar políticas públicas que deje de poner el acento en la víctima, en la cantidad de denuncias o en lo que no hizo. Lo importante es lograr mayores recursos para todos los que están interviniendo. Hacen falta más recursos y cuidar a los trabajadores que intervienen en los casos también, que tengan capacitaciones, psicólogos”, indicó Laura Cantore, abogada y especialista en género.
En la misma línea, Betiana Cabrera Fasolis, referente de la organización Mumalá se refirió a la falta de articulación que quedó en evidencia en este caso y también habló de la falta de acceso a la justicia: “Esas diez activaciones de botón se tienen que transformar luego en diez denuncias y provoca un desgaste. Lo vemos cuando compañeras de la organización acuden a la justicia para litigar por la cuota alimentaria, para denunciar violencias, es muy crítico y doloroso”, dijo Fasolis.
Aún así, la médica y referenta de Mumalá, lamentó que a partir de este caso se hayan dado interpretaciones de “oportunismo político de los sectores más reaccionarios y conservadores” cuestionando las instituciones como los ministerios de la Mujer. “A las feministas nos ha costado muchísimo conseguir dispositivos, tener instituciones abocadas a la temáticas y sí creemos que han salvado un montón de vidas, que lo hacen todo el tiempo”, advirtió.
Seguimiento al victimario
Las especialistas consultadas coinciden en que hay que reforzar los mecanismos de seguimiento a los victimarios. “Creemos que faltan políticas más activas para las masculinidades y no solo desde una perspectiva punitivista. En Córdoba hay un solo dispositivo, el Centro Integral de Varones. Nuestro reclamo es al Ministerio de Mujeres de Nación por la discrecionalidad en la distribución de presupuestos. Por eso sostenemos fuerte nuestro proyecto de la declaración de la emergencia en violencia de género”, explicó Cabrera Fasolis.
Cantore se refirió también a la importancia de seguir a los victimarios: “En el caso de Alta Córdoba había un agresor que manejaba un taxi. ¿Cómo podía estar manejando un taxi un hombre denunciado, con armas y sin seguimiento de su salud mental?”, se preguntó la abogada que trabajó durante años en el poder judicial.
Hablar y buscar ayuda
Paula Vallejo Vitar coordina la actividad de la Asociación Con Voz que brinda acompañamiento a víctimas y sobrevivientes de violencia y le parece importante dejar un mensaje a aquellas personas que estén atravesando por este tipo de situaciones: “A las sobrevivientes de la violencia machista les diría que se animen a hablar y a confiar primero en sus vínculos más saludables, en los recursos que propone el Estado y también en las organizaciones, que cumplimos funciones muy importantes, somos un sostén de escucha y acompañamiento”.
Vallejo Vitar habló de los efectos individuales, sociales y comunitarios que dejan los femicidios: “En general se piensa solo a una persona como víctima de esa violencia y siempre repercute en toda la familia. En este caso la hija terminó siendo víctima directa de toda esa historia previa que se desencadenó en un femicidio”.
Datos sobre las medidas de protección
Desde la pandemia a esta parte el uso del botón antipánico creció un 75 por ciento en la provincia. En 2022 alcanzó su pico con 6.298 medidas de excepción. De ese total, 4.428 equipos –el 70 por ciento– fueron entregados solamente en la ciudad de Córdoba en diferentes instancias judiciales de acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal.
En 2023 se sumaron 2.900 botones para reemplazar algunos viejos e incorporar nuevas unidades.
Ante una denuncia por violencia de género o familiar, la víctima puede pedir el botón antipánico o lo puede sugerir el equipo técnico que hace un informe de evaluación en los Juzgados de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar. Este informe se realiza en base a un indicar de riesgo: si hubo denuncias previas, antecedentes penales del agresor; si hubo amenazas de muerte; si el agresor tiene un arma o forma parte de una fuerza de seguridad; si vive cerca; si hubo internaciones psiquiátricas previas, entre otros.
El botón generalmente se otorga como complemento de otras medidas como la restricción de acercamiento o exclusión del hogar. En principio, la medida rige por 90 días, pero se puede extender el plazo de acuerdo a la situación. Aquí se debería hacer nuevamente un análisis de riesgo por el equipo interdisciplinario y los jueces pueden pedir un informe sobre las activaciones del botón al equipo de monitoreo del botón.
Silencio en el “Monse” por el duelo de Milagros
Un profesor del colegio Monserrat, donde Milagros Bottone trabajaba como preceptora publicó una carta destacando la actitud de los alumnos de reunirse y “duelar” la muerte de Milagros a través de un encuentro en silencio. El profesor destacó la actitud en contraposición a la postura tomada por el colegio de continuar normalmente con sus actividades y de “discursos oficiales” frente al tema.
