Este año, la campaña de Naciones Unidas por los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, se centra en una forma de maltrato que crece a gran velocidad: la violencia digital contra mujeres y niñas.
Bajo el lema “acabar con la violencia digital contra todas las mujeres y niñas”, la ONU advierte que la seguridad en línea es ya una condición necesaria para la igualdad de género en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Las herramientas tecnológicas se usan cada vez más para acechar, acosar, amenazar y controlar. La ONU incluye dentro de la violencia digital prácticas como: difusión no consentida de imágenes íntimas; ciberacoso y troleo; amenazas y acoso sexual en línea; doxeo (publicar datos personales), vigilancia y seguimiento mediante apps; captación y explotación sexual en línea y suplantación de identidad y redes misóginas.
Muchos de estos delitos tienen traducción directa en los tribunales. En Córdoba, en las últimas semanas se conocieron tres causas de grooming que ilustran la dimensión local del problema.
En San Juan, la Justicia dictó cuatro meses de prisión preventiva para Leandro Trossero, un hombre de 30 años oriundo de San Francisco, imputado por grooming y promoción de la corrupción de menores agravada.
Según la causa, se hacía pasar por una niña de 10 años para contactar a menores por redes.
Trossero ya había sido investigado años atrás por hechos vinculados a la tenencia de pornografía infantil, aunque esas causas prescribieron.
A esto se suma el caso del profesor de vóley detenido en Deán Funes, acusado de grooming reiterado, tentativa de abuso sexual, exhibición obscena y producción de pornografía contra al menos seis alumnas de entre 14 y 16 años.
Otras causas de mucha resonancia fueron por un lado la del joven estudiante de la escuela Manuel Belgrano que modificó con IA fotografías de sus compañeras y las subió a páginas porno con sus nombres. Esta causa fue elevada a juicio.
Por otro lado, en la Fiscalía de Cibercrimen se tramita la causa por un funcionario judicial que filmó a sus compañeras en el baño de los tribunales de Río Segundo y Jesús María.
Desde fiscalías especializadas de Violencia Familiar y de Género en Córdoba señalan, que son cada vez más frecuentes las causas vinculadas a violencia digital, sobre todo en contextos de pareja o ex pareja.
Describen un patrón que se repite: varones que amenazan con difundir videos o fotos íntimas si la mujer no accede a determinadas exigencias, o que incumplen restricciones de contacto a través de llamadas, mensajes de WhatsApp y redes sociales.
Estos hechos suelen investigarse bajo la figura de extorsión y desobediencia a órdenes judiciales.
La campaña de la ONU reclama que los Estados tipifiquen y sancionen la violencia digital, que las plataformas tecnológicas asuman más responsabilidades para prevenir y remover contenidos abusivos, y que se fortalezcan los sistemas de apoyo a las víctimas.
En Argentina se sancionó en 2023 la Ley Olimpia (Ley 27.736), que es una modificación de la Ley 26.485 que reconoce y protege contra la violencia digital, incluyéndola como una forma de violencia de género.
