El conmovedor caso de parricidio ocurrido en la ciudad cordobesa de Almafuerte tuvo un vuelco en la investigación judicial en las últimas horas: Jénifer Raymondo, de 30 años, recuperó la libertad este miércoles, tras 13 días de detención. Ella misma confesó el 2 de enero pasado que había matado a Atilio (60), su padre. Ella llamó a una ambulancia y confesó, en el lugar del hecho, que le había aplicado una puñalada.
Tras el reconocimiento del crimen, el fiscal de los tribunales de Río Tercero, Alejandro Carballo, la imputó de modo inmediato de homicidio calificado por el vínculo y ordenó su detención.
Sin embargo, tras el paso de numerosos testigos, de la suma de pruebas recopiladas y de las pericias psicológicas y psiquiátricas, el fiscal morigeró ahora la imputación a parricidio en estado de emoción violenta.
La acusación inicial preveía prisión perpetua en caso de condena. En cambio, la nueva imputación prevé de 10 a 25 años de penas, en caso de ser hallada culpable, pero además permite la liberación mientras prosigue la causa judicial.
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Aunque esa escala ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia, la pena podría depender de los vocales de la Cámara que la juzgue y de la interpretación jurídica que puedan aplicar, en caso de sentenciarla. El debate sobre los atenuantes será clave.
En la sede judicial riotercerense se sigue admitiendo que al menos en las últimas décadas nunca se habrían escuchado tantos testimonios escalofriantes en una causa de violencia familiar, como los que envolvieron ese caso. La mujer y su padre vivían en una casa en la zona rural de Almafuerte, en condición muy humilde. Criaban animales para su subsistencia. En una época tuvieron un cortadero de ladrillos.
Todo los datos que obran en el expediente, y que motivaron la reciente decisión del fiscal, hacen presumir que la acusada quiso dar un final a una historia de maltratos físicos y violaciones que habría sufrido de parte de su padre, durante casi toda una vida. Eso señaló en la indagatoria y el planteo quedaría corroborado por otros testimonios y medidas de prueba.
Más tarde, cuando la mujer fue peritada, esa versión cobró más entidad.
Una fuente con acceso al expediente confió a La Voz que algunas parejas que ha tenido Atilio en los últimos años habrían declarado que “huían” de él, y no solamente que lo abandonaban. Esos relatos se habrían sostenido en varios casos. Los vecinos de la casa rural también habrían confirmado escalofriantes relatos.
Los hermanos de Jénifer, al igual que su madre, también se ausentaron de ese hogar y se mudaron a 140 kilómetros de distancia, al norte provincial, hace ya varios años.
Estas evidencias habrían aportado a la causa, para hacer lugar al pedido del abogado defensor de la mujer, Carlos Pajtman, quien desde el primer momento manifestó que su defendida actuó como consecuencia del abuso sexual padecido y planteó que el caso se encuadre dentro de la figura de la “emoción violenta”.
Jénifer casi nunca fue a la escuela. Apenas llegó a tercer grado del ciclo primario. Se desconoce si alguna autoridad educativa habría intervenido por ese abandono escolar, hace más de 20 años. Se indaga, además, si no hubo alguna denuncia que pudiera evidenciar el supuesto abuso y maltrato que recién ahora se ventila con el trágico desenlace.
La defensa anticipó que seguirá profundizando en esa línea, porque entiende que se podría morigerar más aún la situación procesal de la imputada teniendo en cuenta que el desenlace habría sido el corolario de un abuso sexual y maltrato de toda una vida.
El 2 de enero, cuando ocurrió, Jénifer confesó que mató a su padre. Antes, apenas después de dar la puñalada mortal, llamó a familiares y pidió que un médico llegara para asistirlo. Cuando eso, sucedió se constató que el hombre estaba sin vida.
El cuerpo estaba boca abajo, en una cama, con una herida mortal en la espalda.
