En el juicio que se realiza en la Cámara 7ª del Crimen de la ciudad de Córdoba se analizan las responsabilidades de 10 personas con diferentes funciones en el Hospital Neonatal y el Ministerio de Salud de la Provincia entre marzo y junio de 2022, cuando fueron atacados 13 bebés, según la acusación.
Esta semana concluyeron los alegatos de las querellas, se desarrolló buena parte de la defensa de la principal imputada Brenda Agüero y restan las defensas de los funcionarios.
Lo planteado hasta ahora por las tres querellas es que el caso se enmarca dentro de un contexto de violencia institucional. Hay numerosos factores que hacen pensar en esto: la violencia obstétrica totalmente naturalizada en el lugar desde hacía años y un funcionamiento institucional que todo parece indicar que respondía a una “obediencia debida” y a un poder concentrado sobre todo por la directora del hospital.
También se habló de la hegemonía y el corporativismo médico, ese que sugiere que entre galenos tenderían a protegerse entre sí ante una negligencia o una sospecha de negligencia.
Este aspecto se mencionó cuando se analizaron los criterios de denuncia de muertes o lesiones sospechosas: testigos y una de las imputadas dijeron que en la práctica se denuncian los casos en los que hay lesiones o muertes que resultan sospechosas cuando vienen de afuera del hospital, pero que no sucede con el mismo criterio cuando la muerte o la lesión se produce dentro del mismo centro de salud.
La querellante oficial Ana Pagliano -representante de los 13 niños- habló de esta “doble vara”: cuando un niño ingresa por una lesión o muerte que sucedió fuera del hospital, la “sospecha” es trasladada a la Justicia con mayor frecuencia, pero cuando esa lesión o muerte se produce en el hospital no se judicializa sino que se investiga puertas adentro. Las razones resultan por demás evidentes: si hubo una negligencia, queda expuesta la institución.
Pagliano dijo en su alegato: “Se denomina violencia institucional a la que ejercen las propias instituciones, la que abarca un amplio conjunto de situaciones que tienen como consecuencia la vulneración de derechos de las personas”.
Ahora será el jurado el que deberá determinar si existió esa corporación, quiénes pertenecían a ella, quiénes la ostentaban y quiénes la desafiaban puertas adentro. Porque si bien la violencia institucional se da por un conjunto de acciones y omisiones, al analizar culpabilidades se ven los roles individuales con las tareas y responsabilidades a cargo de cada imputado.
En este caso se analiza el rubro médico, pero este no es el único que se cubre a sí mismo. También sucede en la Policía (quedó en evidencia en el caso Blas) y -entre otros- en el ámbito judicial. Sólo que este último tiene una complejidad mayor, porque es la Justicia la que debe investigar a la propia Justicia: a sus pares o a sus jefes, y hasta a sus “enemigos” internos.
En la cadena de responsabilidades, fue saliendo a la luz durante el juicio cómo la tarea de la denuncia por las muertes y descompensaciones de bebés se iba trasladando cada vez más hacia arriba: los médicos, a las autoridades del hospital; las autoridades, al ministerio, y el ministerio... ¿a quién?
Aunque no fue dicho en forma explícita por los imputados, hubo elementos concretos en la causa para sospechar que un alto mando del Ministerio Público Fiscal tenía información en junio sobre lo que sucedía en el hospital y que habría pedido dilatar la denuncia hasta ver “en qué fiscalía” sería conveniente ubicar la causa.
Un celular que mágicamente se perdió habría contenido las conversaciones con ese alto mando. Y nadie pidió ahondar en esos y otros “detalles”. ¿Quién querría hacer enojar a quien podría complicarle la situación a cualquiera de los actores del juicio?
Cronología
El primer elemento concreto que tuvo la Justicia fue el 6 de junio (cuando mueren dos bebés y se descompensan otros dos) y se pidieron las primeras autopsias por las muertes de esas dos bebas. Primera denuncia, primera salida del silencio.
Hoy se recrimina que allí no se mencionaran los otros casos sospechosos, y por eso la fiscalía interviniente no habría dado un despliegue mayor a esa primera alarma. Aun así, los niveles de potasio incompatibles con la vida hallados en las autopsias de esas dos bebas parecen no haber encendido por sí mismas las alarmas en la Justicia.
El Ministerio de Salud decidió intervenir el hospital el 8 de junio, para recabar información de todos los casos y hacer la denuncia desde la institución. Con todo ese material listo el 28 de junio, se podría haber hecho la denuncia judicial desde la institución. Pero no se hizo.
Pasaron seis días y llegó el 4 de julio, cuando el ingeniero Francisco Luperi (esposo de la anestesista del Neonatal, Virginia Zamora) fue a hacer la denuncia por cuadros dudosos y descompensaciones de bebés que venía escuchando en el hospital. Otro eslabón que “se escapó” de la organización verticalista.
Tres días después, la fiscalía interviniente allanó el hospital, y aunque desde el ministerio y el hospital se ofreció toda la documentación de los casos, eso no deslindó de responsabilidades a los ahora exfuncionarios. “Nos ganaron de mano”, dijeron desde el ministerio. Quedará siempre la duda sobre si realmente se haría efectiva esa denuncia.
Verticalidad
Si bien en cualquier momento de ese proceso cualquiera de los actores -empezando por el médico que vio lesiones dudosas o informes que daban cuenta de niveles de potasio o insulina que no tenían explicación médica- podrían haber dado aviso a la Justicia, “con el diario del lunes” se desprende que cada uno fue descansando en el aviso al escalafón superior y delegando esa responsabilidad.
Algunos testigos dieron cuenta de que ante ese aviso al nivel superior, el mensaje que se devolvía y en el que señalan particularmente a Asís, era transmitir tranquilidad diciendo que ya se estaban ocupando y que el ministerio estaba al tanto.
En las instituciones más poderosas, la “obediencia debida” y el miedo instalado como funcionamiento terminan por corroer las posibilidades de actuar con autonomía y sentido crítico.
Estos casos vienen a provocar un cimbronazo y una enorme advertencia. Todo indica que no se trata sólo de un agente que quebró la ley (en el caso Blas, dos policías que dispararon; en el caso del Neonatal, la enfermera sospechada) sino lo que se instaló como cultura institucional durante años y décadas: el silencio, la complicidad, la falta de mecanismos eficaces de control y la lógica de encubrimiento como reflejo automático.
