En las últimas semanas se hicieron públicas distintas denuncias por acoso, maltrato y abuso sexual dentro del ámbito laboral. El actor Fabián Gianola ya cuenta con seis denuncias en la justicia por abuso; Antonio Laje, periodista de Canal América, fue denunciado en forma mediática de maltrato por sus compañeras; y un diputado de Jujuy fue denunciado por abuso por una de sus empleadas.
Los tipos de violencias son distintas, pero todas tienen como contexto el ámbito laboral. Especialistas indican que las violencias en ámbitos laborales son una de las más difíciles de denunciar y también que faltan mecanismos para prevenirlas y actuar cuando ya se produjeron.
Una reciente encuesta realizada por la Universidad Nacional de Avellaneda y la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral y la OIT determinó que 6 de cada 10 trabajadores experimentan o experimentaron alguna vez situaciones de violencia en su trabajo. Quienes más lo sufren son mujeres y personas no binarias. Del total de 8.000 encuestados, el 65,5% de las mujeres y el 87,6% de las personas no binarias dijeron haber sufrido violencia en su trabajo.
En cuanto a los varones, el 43,5% de los hombres encuestados aseguró haber sufrido algún tipo de agresión en el ámbito laboral.
25-N: La violencia laboral contra la mujer se hace visible
La encuesta, cuyos resultados se publicaron hace algunos días, a un año de que Argentina aprobara la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, da cuenta de la situación en Argentina.
Según el informe quienes más ejercen violencia psicológica, discriminación y comentarios sexistas, son los superiores jerárquicos, mientras que los que más ejercen violencia física son usuarios, clientes y pacientes.
La violencia laboral en Argentina
Una problemática que requiere de abordaje especial
César Arese es abogado laboralista, doctor en derechos humanos, profesor universitario, autor de una veintena de libros y reconoce el cambio cultural y jurídico que hubo el último tiempo en la temática: “En cuanto a lo cultural, la conciencia social ya no permite la violencia, maltrato o acoso o cualquier afrenta contra la dignidad humana en cualquier ámbito y también en el trabajo. En ese sentido el rol de los movimientos feministas fue clave”.
Según el especialista, en lo jurídico también hubo un avance y que encuentra en el Convenio 190 de la OIT que comenzará a regir en el país desde el próximo 22 de febrero, como el principal aporte.
Para Arese es fundamental el tratamiento particular de estos temas que no son meros conflictos laborales sino que afectan a derechos humanos como la dignidad y el trato igualitario y el Convenio 190 remarca este carácter.
En ese sentido recordó que esto se debe aplicar tanto en la atención a las víctimas como el trato con pautas especiales para la resolución de los conflictos y también en la inversión de la carga probatoria en el ámbito jurídico, especificado en resolución 106 del Convenio recién mencionado.
“En materia de acoso laboral, la palabra de la víctima es de capital importancia, como así también la necesidad de su resguardo”, indicó Arese.
En ese sentido citó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Mendoza que reconoció un caso de acoso laboral como por la ART, algo inédito hasta el momento. En otros casos el reclamo es hacia el empleador, dependiendo de la situación.
Aún así no todos los casos llegan a la justicia. Para Arese, el Convenio 190 hace especial hincapié en la necesidad de prevención de este tipo de casos en los ámbitos laborales, y es más abarcativo de casos más conocidos como el mobbing (acoso laboral) . “Una vez producida la violencia hay tres vías de acción: autónoma (la persona lo resuelve), administrativa (en el ámbito de trabajo) o judicial. En ninguno de los casos el derecho a la dignidad o trato igualitario debe ser ‘transable’ o renunciable en un intento por resolver el conflicto”, dijo y remarcó la necesidad de que las instituciones, empresas y organizaciones cuenten con protocolos de acción para su tratamiento especial.
En ese sentido reconoció que si bien hay avances, aún en el plano judicial tiene códigos procesales muy antiguos que no han sido adaptados y necesitan revisión, al igual que el abogado que recibe una demanda: “Tiene que hacer una escucha distinta, entender la situación y luego plantearla dejando en claro qué quiere: una remediación, la no repetición, la reparación de la víctima, la educación, etcétera”.
En cuanto a la vía de acción que propone la víctima, Arese indicó: “Es un tema delicado y complejo porque no podemos obligar a nadie a resolverlo judicialmente. A veces quieren resolverlo de manera administrativa o si no quiere actuar, no podemos obligarla porque sería revictimizarla. Lo mejor es la prevención, que no ocurra, y si sucede, buscar una solución del conflicto en el que la víctima se sienta contenida”, explicó.
Una experiencia positiva en el Suoem
Un dato importante de la encuesta indica que solo 3 de cada 10 personas que sufrieron violencia o acoso en el ámbito laboral realizaron la denuncia y a quienes acudieron en primer lugar para canalizar su reclamo fue a los sindicatos.
Soledad Barrionuevo, coordinadora de la comisión de género del Sindicato de Empleados Municipales (Suoem) contó que el gremio participó del informe aportando 150 encuestados y habló de la importancia de que los sindicatos y gremios estén capacitados para abordar la temática.
Desde 2017 la comisión de género formó un gabinete interdisciplinario para abordar las situaciones de violencia en el ámbito laboral. Allí participan profesionales (psicóloga, trabajadora social y abogada) externas al gremio y que analizan cada situación.
“Es muy difícil poner en palabras la violencia laboral y en general está muy naturalizada: se confunde mucho el uso de funciones de los jefes con el maltrato. Por eso es necesario hacer campañas de visibilización y prevención en cada lugar de trabajo. Además sería bueno que hagan capacitaciones obligatorias para todas las personas que ejerzan un cargo de conducción para mandos medios y superiores”, explicó Barrionuevo.
Dentro de las tareas que tiene el gabinete interdisciplinario es distinguir los conflictos laborales de la violencia laboral. “Hay conflictos que tienen que ver con cuestiones organizacionales y que no necesariamente es violencia. Entonces el gabinete toma el caso y lo analiza”, explicó Barrionuevo.
En cuanto a quiénes denuncian, indicó que la mayoría son mujeres y que en general los denunciados, son varones.
Una vez que las personas denuncian, desde el sindicato acompañan a la persona y elevan el reclamo a la institución para que la violencia cese y se establezca sanciones, de ser necesario.
“En el contexto de pandemia en el gabinete recibimos muchas situaciones que estaban ancladas a vulneraciones de derechos como es cuando no se permitía el regreso al lugar de trabajo de una manera injustificada, por ejemplo en aquellos casos donde la persona estaba vacunada ni era de riesgo y en momentos donde estaba habilitado el regreso desde lo sanitario. Esto generaba un padecimiento y en la mayoría de los casos el teletrabajo no estaba garantizado ni la organización de la repartición para que esto puede hacerse”, indicó Mariela Lario, psicóloga del gabinete.
Desde el gabinete brindan un abordaje técnico profesional orientado a tratar de resolver los temas en cada repartición y otro abordaje en los que tienen que ver con violencia institucional.
“Para ello hacíamos entrevistas con las personas que asisten, con delegados, compañeros de trabajo y allí se hace un diagnóstico. Si en ese diagnóstico detectamos que no se trataba de una situación de violencia, sino de un conflicto por situaciones de estrés o de otro tipo, igualmente realizamos el abordaje porque entendemos que son acciones preventivas a futuras violencias. Está estudiado que los conflictos que se vuelven crónicos y no tienen resolución muchas veces son los que propician que se terminen en situaciones de violencia, sobre todo por la desigualdades de poder”, agregó Lario.
Desde el gremio indicaron que la mitad de las situaciones que les llegaron en la pandemia tuvieron que ver con violencias ejercidas por parte de alguien de mayor jerarquía y en la mayoría, era por parte de funcionarios.
“Teniendo en cuenta el Convenio 190 que plantea el rol que tiene el Estado para garantizar ambientes sanos de trabajo, en el caso de los trabajadores municipales es preocupante porque es el estado municipal que debe tener una política de cuidado para garantizar ambientes sanos y libres de violencias”, explicó.
Además la psicóloga mencionó la importancia de que en los ámbitos de trabajo se acompañe a aquellas mujeres que sufren violencia de género en su ámbito doméstico: “El Convenio 190 de la OIT también remarca esto y que incide en el desarrollo de la tarea laboral. En el estatuto municipal cuentan con licencia por violencia de género, que es importante para quienes necesiten ponerse a resguardo de un agresor, ir a hacer la denuncia al Polo, mudarse o recuperarse de lesiones.”
“La mayoría de quienes la usan, ni siquiera hacen uso de todos los días porque reconocen el lugar fundamental que tiene el trabajo en su recuperación, los compañeros o compañeras como red de sostén y contención para atravesar y superar las situaciones de violencias que sufren en el ámbito doméstico”, aclaró.
“Ya quedó claro en la encuesta que quienes deciden hablar y buscar ayuda, lo hacen mayoritariamente en los sindicatos, por ende es importante que estén capacitados y que formen equipos especializados”, remarcó Barrionuevo.
Para consultas se pueden comunicar y/o coordinar entrevistas al 3518087642. El Gabinete Interdisciplinario atiende en la sede del Suoem, 9 de Julio 642, 2° piso oficina 24. Lunes, miércoles y jueves de 16 a 18.
