El 30 de junio de 2020 entró en vigencia la Ley de Alquileres. A poco más de tres años de aplicarse, los valores aumentaron hasta 140 puntos más que la inflación, que en el mismo período acumuló 441%, cifra récord para los últimos 30 años.
Los datos surgen de un estudio realizado por Fabio Ventre, subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En las urbes más importantes del país el aumento de alquileres osciló entre 522% y 580%. La ciudad de Buenos Aires registró los peores resultados, con incrementos de 580% entre julio de 2020 y junio de 2023. Gran Buenos Aires ocupa el segundo lugar, con alzas de hasta 568% en zona norte y 558% en zona oeste-sur. En Córdoba, los precios subieron hasta 534%, y en Rosario 522%.
Jornada de debate
Haciéndose eco de los tres años de vigencia de la normativa, el pasado 5 de julio el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPI) organizó en Córdoba una jornada de análisis con referentes del sector. En ese marco, el presidente del CPI, Alejandro Hadrowa, destacó que por decisión del propietario de colocarlas a la venta durante junio de 2023 se retiraron de alquiler 1,3% del total de inmuebles habitacionales administrados por profesionales inmobiliarios en la provincia de Córdoba.
En la misma línea, Lucas Bergo, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba (Cacic), subrayó: “El retiro histórico de propiedades para alquiler del mercado se va a agravar, por la intención de muchos propietarios de no renovar los contratos actuales. La ley genera un modelo de negocios que, al contrario del esquema virtuoso ganar-ganar, es perder-perder. El resultado es un mercado desarticulado, con un crecimiento de la informalidad. Es necesario modificar la normativa para salir de este círculo vicioso, y pasar de la actual lógica de castigo a una de incentivos”.
A su turno, Virginia Manzotti, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci), planteó la necesidad de recuperar aspectos de la normativa vigente que nunca se reglamentaron. “Es el caso del Artículo 17, que fomentaba el alquiler social. El espíritu era facilitar el acceso del alquiler a personas vulnerables, como es el caso de las mujeres que sufren maltrato por parte de sus ex parejas y que con frecuencia no tienen independencia económica”.
En conclusión, la jornada dejó planteos tendientes a la necesidad de debatir y modificar la normativa pero no derogarla sin más, ya que si bien tiene artículos que requieren correcciones y revisiones, también cuenta con aspectos valiosos.
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