A principios de febrero circularon versiones respecto a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que podría dictar el Poder Ejecutivo Nacional para “desregular” el mercado inmobiliario. Al cierre de ese mes, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch se mostró a favor de esa posibilidad y criticó a los colegios profesionales del sector, a los que acusó de mantener un “mercado cautivo” con regulaciones que, según él, perjudican la competencia y elevan los costos.
Esto generó el pronunciamiento del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci), institución constituida por los colegios inmobiliarios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), manifestando que el mercado siempre estuvo desregulado y que no existen inconvenientes que afecten la libre circulación de inmuebles.
“La consulta y/o contratación de un corredor inmobiliario no es obligatoria para ninguna persona (...) la del Corredor Inmobiliario es la única profesión liberal que es optativa para la sociedad, demostrando que su ejercicio se encuentra absolutamente desregulado desde su misma creación. Esta aclaración desmiente cualquier tipo de afirmación que sostenga la supuesta necesidad de ´desregular el mercado ´, permitiendo que cualquier persona pueda desempeñarse en las operaciones inmobiliarias. El título universitario y la colegiación son garantías que los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proporcionan a la sociedad a los efectos de asegurar el éxito y la transparencia en el mercado inmobiliario, y sin ellos no se puede ejercer la profesión de corredor inmobiliario en la República Argentina como así lo dispone la normativa legal vigente y lo ha ratificado la jurisprudencia”, destacó el documento de la entidad.
En esa línea, Cofeci remarcó que los colegios profesionales cumplen una tarea fundamental en el control de la matrícula mediante la aplicación de sus códigos de ética, con el objeto de asegurar a la sociedad la transparencia de los negocios que desean contratar y preservarla de situaciones desafortunadas y/o inescrupulosas en operaciones inmobiliarias.
“Es absolutamente falso creer que este tipo de medida, so pretexto de una supuesta desregulación, le va a dar al mercado inmobiliario mayor flexibilización o mayor dinamismo (...). El Cofeci rechaza enérgicamente cualquier tipo de medida que permita que cualquier persona, física o jurídica, no matriculada debidamente en su respectiva provincia, pueda ejercer la profesión inmobiliaria. Esto claramente promovería el ejercicio ilegal y desleal de una profesión que requiere para su ejercicio estudios universitarios, matriculación y colegiación, además de que claramente iría en contra de toda la normativa y jurisprudencia vigente en el país”, concluyó el pronunciamiento.
Profundizando en el tema
Los sectores vinculados a los colegios profesionales defienden la actual normativa, aseguran que la colegiación garantiza transparencia y protege a los consumidores de posibles fraudes. Asimismo, los defensores de una mayor regulación apuntan que eso evita burbujas especulativas y preserva a los compradores.
Virginia Manzotti, presidenta de Cofeci y ex titular del Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI) Córdoba, enfatizó que los colegios profesionales poseen el gobierno y control de las matrículas por delegación del Estado y que desde hace más de 15 años se aprobaron en las legislaturas de cada provincia leyes cuyo contenido claramente delega en esas entidades dicha responsabilidad. Desde que se aprobaron esas normativas, la actividad dejó de ser meramente comercial para pasar a estar regida por profesionales; por eso, en cada colegio inmobiliario del país el requisito fundamental para matricularse es el título universitario.
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